De todos los ataques, el ocurrido el sábado en la tarde en un parque eólico de Paillaco agrega una presión extra al gobierno, pues reabrió de inmediato un viejo debate, sostenido por políticos de distintas bancadas, que es la aspiración de la Región de Los Ríos en orden a ser incluida dentro de las zonas en estado de emergencia que cuentan con resguardo militar, lo que hasta el momento solo está presente en dos provincias de Bío Bío y en toda la Araucanía.
Una serie de hechos de violencia se produjo en tres regiones del sur (Bío Bío, Araucanía y Los Ríos), a poco de iniciarse una semana en la cual uno de sus principales hechos políticos será el anuncio oficial de la instalación de la comisión de Paz y Entendimiento, la cual el gobierno pretende dar a conocer este miércoles 21, Día Nacional de los Pueblos originarios.
La iniciativa tiene como su eje central el viejo problema de la entrega de tierras y, como apunta El Mercurio, la discusión en torno a qué tierras entregar por medio de Conadi y a qué comunidades es un asunto de suyo complejo, que deberá definir la comisión ad hoc que se designará para tal fin.
De hecho, ese fue uno de los temas que se tocó en la polémica reunión del martes pasado en Cerro Castillo, que terminó convertida en el “MelladoGate”, luego de que el diputado Miguel Mellado grabara parte de la conversación que el presidente Gabriel Boric había pedido que se mantuviera en privado.
Por cierto, todo esto fue también parte de las conversaciones que el primer mandatario sostuvo con autoridades de la zona el viernes pasado, mismo día que un incendio destruyó una casa patronal camino a Curacautín, en cuyas inmediaciones la policía encontró un cartel que pedía el cambio de módulo de seis presos mapuches actualmente recluidos, y además había un mensaje directo para el presidente: “Gabriel Boric, ninguna ley podrá con la resistencia”.
Esa misma noche, en tanto, se produjo otro hecho similar, cuando dos cabañas fueron quemadas en el sector de Peleco, en Cañete (Región del Bío Bío), hecho que estuvo precedido por el robo de una camioneta que se presume fue utilizada en el ataque incendiario. Posterior a ello, ya el sábado, el agricultor Eric Bayer fue atacado a disparos al interior de su fundo del sector Chamichaco (comuna de Ercilla, Región de La Araucanía), resultando con una lesión en su cráneo.
El sábado en la tarde, en tanto, desconocidos atacaron las instalaciones de un parque eólico ubicado en Paillaco (Región de Los Ríos), hasta donde llegó un grupo de encapuchados armados, que según la empresa (Mainstream renewable Power) retuvo a varios trabajadores, luego de lo cual quemaron 13 camiones utilizados en la faena, lo que de inmediato reabrió las peticiones formuladas desde hace meses por parlamentarios de distintos sectores políticos de Los Ríos, en orden a extender el estado de emergencia hacia esa zona.
Los Llaitul
A todo lo anterior se agrega, además, el factor Llaitul, quizá el más icónico líder de los sectores radicalizados, pues el martes pasado la Fiscalía de La Araucanía consiguió con éxito que la jueza de garantía de Temuco Viviana García se recusara de seguir conociendo la causa, luego de que se hubiera reanudado la audiencia de preparación de juicio oral en contra de Héctor Llaitul. Esta se había suspendido a inicios de marzo, debido a la instrucción de García de revelar a la defensa las identidades de los testigos protegidos con que cuenta el ente persecutor, el cual se negó y apeló, llegando a la Suprema, que finalmente dictaminó que dichos antecedentes debían seguir siendo reservados.
Tres ello se reanudó la preparación de juicio, pero la fiscalía pidió a la magistrada abandonar el mismo, aludiendo a que ya se había pronunciado sobre el fondo, lo que ella aceptó.
Lo anterior significó que la audiencia de preparación (que es la instancia previa al juicio como tal) debió suspenderse, a la espera de que se designe un juez o jueza no inhabilitado. Ante ello, Llaitul fue devuelto al penal Bío Bío, en Concepción, donde comparte módulo con su hijo Ernesto, el cual la semana previa tuvo también su audiencia de preparación de juicio oral, dado que la Fiscalía de Bío Bío lo acusa a él y a otros cuatro imputados de un incendio cometido cerca de Los Angeles, hecho por el cual están pidiendo una pena de cinco años y un día.
