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Cuando aún quedan 30 años para que se levante el secreto que rige los testimonios del Informe Valech, el gobierno evalua presentar, en los próximos meses, un proyecto de ley para revelar su contenido. No sería primera vez que la idea ronda en los pasillos del poder. Hace seis años la ex presidenta Michelle Bachelet, en su discurso para los 44 años del Golpe de Estado, anunció un proyecto para finalizar con el secreto, pero no prosperó. El año pasado, un grupo de diputados impulsó la misma idea desde la Cámara sin mayores avances. Por eso, desde el mundo de los derechos humanos lo ven como un gesto importante, pero del que no esperan grandes novedades, preferirían poner el foco en “poner fin a otros archivos secretos y a los pactos de silencio, que son poderosos mecanismos para perpetuar la impunidad”.
A un mes de cumplirse 50 años del Golpe de Estado, el gobierno ajusta a toda máquina el Plan Nacional de Búsqueda que lanzará el próximo 30 de agosto. Una política pública que “busca esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada, de manera sistemática y permanente, de conformidad con las obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales” señala el encabezado.
Sin embargo, hay otro “plan” que se están trabajando con reserva y de forma independiente: se trata de impulsar un proyecto para terminar con el secreto del Informe Valech, en los próximos meses. Un gesto importante, pero no trascendente para parte del mundo de los Derechos Humanos.
“Los gestos tienen importancia simbólica y ayudan a construir discursos que es parte de las disputas actuales por la memoria, por compresión del presente y la realidad actual, pero hay temas en los cuales se requieren acciones y uno de ellos es el secreto y el acceso a la información”, señala la integrante de Londres 38, Gloria Elgueta.
Agrega que el Archivo Valech puede contribuir a entregar una visión más completa de lo que fue la represión, es probable que se abra información nueva, pero no lo sabemos. Mientras no se liberen los documentos declarados secretos por Lagos, al que ni siquiera tienen acceso los tribunales, se podrá tal vez, tener una visión más completa de la represión e indagar si hay información nueva para establecer la verdad completa sobre los detenidos desaparecidos”.
Pero no sería la primera vez que se quiere terminar con el secreto.
Hay voces que han pedido levantar el secreto respecto de los Tribunales de Justicia, aduciendo que “la regla general en estándares de derechos humanos es que, al menos, la judicatura debe poder conocer estos antecedentes para cumplir con su obligación de justicia”.
La contraloría ha emitido media docena de dictámenes sobre la “cláusula de secreto”.
En agosto de 2016 un grupo de diputados presentó una moción para modificar la Ley 19.992, pero no logró el quórum calificado para impulsarlo. A los votos de la oposición se sumaron los diputados del Partido Socialista Juan Luis Castro y Marcelo Schilling; del PPD Marco Antonio Núñez, Guillermo Ceroni y Joaquín Tuma y el independiente Pepe Auth; más las abstenciones de los PPD Daniel Farcas y Ramón Farías, y el DC Pablo Lorenzini.
En 2017 la expresidenta Michelle Bachelet, en su discurso por los 44 años del Golpe, anunció un proyecto de ley para tal efecto. Sin embargo, este no prosperó. Lo mismo sucedió en 2022, con parlamentarios que prepararon un nuevo proyecto que no avanzó en la Cámara.
Para Gloria Elgueta un nuevo intento de abrir el secreto del Informe Valech se trata de un aporte parcial. “Puede ayudar a configurar un panorama más completo y general de lo que fue la represión y el terrorismo de Estado en Chile, pero es información que tienen o tenían las víctimas y desde ese punto es una información parcial. Aún así, han podido dar cuenta de lo que fue la experiencia represiva y en el informe puede haber datos de apresores, interrogadores, torturadores. Es my importante la liberación de esa documentación”.
La tarea es difícil porque no hay acuerdos políticos. La oposición es contraria a ello. Y parte de la ex Concertación recoge el argumento formal que presentó Ricardo Lagos sobre la protección de las víctimas. Sin embargo, como han afirmado desde el Instituto Nacional de Derechos humanos (INDH), “nadie le preguntó a las víctimas si querían que sus testimonio fueran secretos. No existía una prohibición de acceso de información dirigida a los tribunales. Y de acuerdo a víctimas acreditadas por la Comisión Valech que han acudido al INDH, no se les preguntó si querían dar a conocer sus antecedentes a la justicia, al momento de entregar su testimonio”, señaló Lorena Fries exdirectora del INDH.
“Por último se puede preguntar a las víctimas si están de acuerdo. Están todos registrados a raíz de la pensión que reciben. Eso resultaría fácil”, agrega Elgueta.
Y explica que desde Londres 38 han levantado la idea de poner fin a los archivos secretos y a los pactos de silencio. “Quisiera poner la atención en otros archivos: los de las Fuerzas Armadas y Carabineros que podrían aportar a la verdad. Las instituciones han asegurado que muchos se han destruido y perdido, en incendios y otras catástrofes, pero cada cierto tiempo, en el contexto de una investigación judicial, aparece algún documento “extraviado”. Son usados como defensa personal y pruebas que culpan a otros. Han sido de gran utilidad para investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos en dictadura”.
El informe dice: “Descorrer el velo de la tortura, de la humillación, de la violación física y sicológica, es algo muy difícil de hacer. Incluso ante los propios cónyuges. Y ese mismo silencio comprensible fue ahondando el daño de los sufrimientos no compartidos, de aquello que preferimos poner en el estante de las pesadillas y arrancar de los archivos de la historia”, señala parte de la presentación del Informe Valech realizada por el expresidente Ricardo Lagos en noviembre de 2004.
