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Crédito: Agencia Uno
Si bien en 2023 el Sermig inició 7.147 procesos para la salida forzosa de migrantes, se han dictado solo mil decretos de expulsión. Dificultades de la PDI para detener, atrasos históricos del DEM, el costo de expulsión y falta de personal harían materialmente imposibles las expulsiones exprés.
Concretar la expulsión por vía administrativa de 12 mil extranjeros antes de fin de año, como conminó la bancada de RN a la ministra del Interior, Carolina Tohá, bajo amenaza de acusación constitucional –a pesar de que los decretos de abandono del país están firmados y pendientes desde hace años–, es materialmente imposible.
Si bien en 2023 el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) inició 7.147 extensos procesos para la salida forzosa de migrantes, se han dictado solo mil decretos de expulsión en estos meses. De estos últimos, la PDI ha materializado, entre enero y mediados de noviembre, apenas 735 expulsiones: 239 fueron empleando la vía administrativa gubernamental y 496 por sentencia judicial de tribunales.
A todas luces, la cantidad de funcionarios de la Policía de Investigaciones y de Migraciones no dan abasto para acelerar los procesos. En ese contexto de escasez de efectivos, pareciera también haber enredos de cifras.
Según el Sermig, en 2022 se realizaron 1.066 expulsiones, de las cuales 31 fueron administrativas y 1.035 judiciales. Pero en el Ministerio del Interior y en la PDI tienen otro número de expulsiones administrativas ejecutadas: en sus registros figuran 195 ese año.
De acuerdo con la legislación vigente, existen tres entidades que pueden dictar expulsiones: el Servicio Nacional de Migraciones, la Subsecretaría del Interior y el Poder Judicial.
Las causales para la medida son múltiples: arribar al país con prohibición de ingreso; tener condenas o estar procesados en el extranjero; pertenecer a movimientos terroristas o estar en lista de Interpol; ingresar o salir eludiendo el control migratorio; haber sido condenados en Chile por delitos graves o bien simple delito y cuya pena no esté prescrita; no haber dado cumplimiento a la orden de abandono; encontrarse en Chile no obstante haber vencido su permiso de permanencia transitoria; reincidencia; tener trabajos sin visa; falsificar documentos, entre otras.
El protocolo de la PDI, para materializar las expulsiones, contempla que cada extranjero que sea expulsado a través de un vuelo comercial, sea escoltado por dos policías hasta el lugar de su nacionalidad.
Por ello, los cerca de 8 mil oficiales de Investigaciones no darían abasto para acelerar las deportaciones de 7 mil o 12 mil personas, como propone la bancada de Renovación Nacional (RN).
A eso se suma que la dotación del Departamento de Migraciones y Policía Internacional es cercana a los 700 oficiales y asistentes policiales.
En promedio, detallan en el Sermig, cada expulsión cuesta entre $3 millones y $3.5 millones. Por lo cual, la salida forzada de las 12 mil personas pendientes implicaría gastar, solo en pasajes, “unos 40 mil millones de pesos”, mientras que el presupuesto anual del Servicio Nacional de Migraciones es de $ 22 mil millones.
En el marco de la tramitación en el Congreso del Presupuesto 2024, el integrante de la Comisión de Seguridad del Senado, Iván Flores (DC), exigió al Gobierno respaldar la indicación para asegurar recursos que permitan a la PDI comprar un avión y aumentar el número de expulsiones de extranjeros que han cometido delitos en el país.
Ante la imposibilidad de usar aviones de la FACH para vuelos a Venezuela (el país con mayor número de expulsados), ya que el Gobierno de Nicolás Maduro “no permite el arribo de vuelos militares, cómprenle un avión a la PDI”, dijo el senador Flores. Según indicó, ya están las cotizaciones: un avión para 80 pasajeros vale 15 mil millones de pesos.
“En el próximo presupuesto hay 7 mil millones de pesos para expulsar, en el mejor de los casos, 2 mil personas, porque en los vuelos comerciales solo permiten dos expulsados con cuatro funcionarios de la policía custodiando. Entonces, con el presupuesto de 2 años se puede comprar el avión institucional y que sea la PDI, que tiene los pilotos, que tiene la bencina y el conocimiento, y lleve 80 personas, mitad expulsados y mitad policías”, afirmó Flores
Desde el Ejecutivo explican que los retrasos en la tramitación de salidas de migrantes comenzaron hace una década, en el desaparecido Departamento de Extranjería y Migración (DEM), cuyo “personal era aún más reducido y la medida no era una prioridad”. Sostienen que el aumento de la llegada de venezolanos, colombianos y de otras nacionalidades comenzó en el primer Gobierno de Sebastián Piñera y que esto se disparó en el segundo mandato.
En la actualidad existen 12 mil personas en condición de ser expulsadas y se abrieron más de 7 mil nuevos expedientes. A estas se suman mil resoluciones firmadas por las autoridades, que se encuentran a la espera de ser ejecutadas.
La cantidad de expulsados por vía administrativa ha ido variando. En 2018 habrían sido 302; en 2019 se llegó a un peak de 576; en 2020 se redujo a 202 y –según el Sermig– en 2022 hubo 31, esto debido a la entrada en vigencia de la Ley 21.325 que estableció un proceso burocrático.
Las escasas 31 expulsiones administrativas de 2022, afirman en el Servicio Nacional de Migraciones, se explican por la entrada en vigencia de la citada Ley 21.325, en febrero de 2022, “que estableció un proceso burocrático y poco eficiente para llevar adelante las notificaciones y posterior expulsión”.
El procedimiento –que fue cambiado en agosto de 2023– implicaba que los efectivos de la PDI debían notificar personalmente y en el domicilio a los extranjeros la medida, por lo que en la mayoría de los casos las direcciones de sus viviendas habían cambiado y estaban inubicables.
Además, los receptores de la medida tenían un plazo de 10 días para apelar al servicio. Según detallan en el Gobierno, con la antigua ley, si no eran acogidos los descargos, efectivos de la PDI debía notificar en persona una orden de abandono del país en un plazo de 48 horas.
Con el fin de agregar formas alternativas de notificación de expulsión administrativa de migrantes, con la modificación de la ley se permitió que las notificaciones del procedimiento de salida se realicen por carta certificada o correo electrónico. Se presume que las cartas y los emails han sido entregados a sus destinatarios al tercer día de su envío, aunque nunca lleguen.
Eso, en teoría, agiliza el procedimiento, el cual ha sido cuestionado por abogados expertos en deportación de inmigrantes. No obstante, si es rechazada la apelación al Servicio Nacional de Migraciones, tras 48 horas la PDI debe ir al domicilio del expulsado para detenerlo y deportarlo. Sin embargo, los policías no tienen orden de ingreso y registro del inmueble, por lo que –explican en el Ejecutivo– solo llegan hasta la puerta del domicilio preguntando si la persona se encuentra.
Los procesos de expulsiones exprés han sido cuestionados por varios abogados especialistas en derechos humanos (DD.HH.) y sistemas migratorios. Entre ellos, la directora de la Clínica Jurídica del Migrante de la UDP, Francisca Vargas.
“Eso es lo que ellos llaman burocrático. Me parece que no es lo correcto, porque las personas tienen derecho a defenderse y decir algo. Si te van a sancionar, o si me van a acusar de que robé un banco, tengo derecho a decir ‘oye, no, yo no fui’ o ‘mira, tenía hambre, tomé 10 mil pesos’. Derecho a un debido proceso, deben respetarse los tratados internacionales, como la Convención de los Derechos del Niño, y la Constitución y derechos humanos”, señala la experta de la UDP.
Y agrega: “No podemos ligar migración y delincuencia y pensar que todas las personas que ingresan irregularmente son delincuentes. Las familias que yo atiendo no son delincuentes. El Estado busca, y estos grupos políticos que han surgido, buscan la solución más populista: ‘Expulsémoslo, con eso solucionamos todo’. La migración irregular no se va a detener, porque no se produce hoy en Chile, se produce por lo que pasa en los países de origen. Tenemos la crisis más grave de derechos humanos en la región, en Venezuela siete millones de personas han salido y van a seguir saliendo. Esa migración forzada no se va a detener. Entonces, ¿qué sacamos con expulsar a todas las personas extranjeras en situación migratoria irregular? Si finalmente las personas van a seguir entrando, porque lo hacen por necesidad“, señala Vargas.
