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El joven, de 18 años, desapareció tras iniciar su conscripción obligatoria en un recinto de la Armada, en 1976. El año pasado por primera vez se procesó a un presunto responsable como encubridor de su muerte, pero a fines de 2023 la Corte de Concepción revocó dicha decisión.
Si algún día llega a ser resuelto, el homicidio del conscripto Luis Alberto Villegas Meza debería pasar a formar parte de algún manual de investigación criminal, pues su caso –revelado por El Mostrador en 2003– posee una serie de características que lo convierten en una verdadera novela de misterio: un joven que inicialmente desaparece desde un lugar férreamente controlado, un cuerpo que es hallado allí mismo un año más tarde, con prendas de vestir que supuestamente estaban en su casillero cuando desapareció; un único posible testigo que posteriormente se retracta, cartas suicidas, anónimos y un auto de procesamiento que fue recientemente revocado.
La historia se remonta al 1 de octubre de 1975, cuando el joven de 18 años entró a cumplir el servicio militar obligatorio al Destacamento de Infantería de Marina (DIM) “Aldea”, ubicado en el fuerte Borgoño, al interior de la Base Naval de Talcahuano. Proveniente de un hogar con muchos problemas económicos, de la comuna de Coronel, el único deseo de Villegas en su vida era ser marino, y había postulado dos veces a la Escuela de Grumetes, sin ser aceptado.
Por ello, cuando apareció llamado a cumplir el servicio militar en la Armada, estaba exultante.
Sin embargo, según un parte interno de la institución, el 8 de octubre, “a las 1330 horas aproximadamente, se fugó de la unidad el soldado 2° IM (SMO) Luis Alberto Villegas Meza”.
En otras palabras, a 8 días de haber ingresado al lugar en que más deseaba estar, el muchacho había decidido huir. Como corresponde en esos casos, y como consta en el proceso que se abrió ante la Justicia Naval, se inició una búsqueda, sin resultados.
Al día siguiente, efectivos de la Armada llegaron hasta su casa en el sector de Yobilo 2, en Coronel, buscándolo, sin resultados. Su madre, Consuelo Meza, no entendía nada y su perplejidad aumentó el 10 de octubre, cuando llegó una carta de su hijo fechada el 6 de octubre (es decir, dos días antes de su desaparición). En ella decía que “yo lo estoy pasando muy bien aquí, todos mis oficiales son como padres para mí” y agregaba que “mis instructores son muy buenos”.
Coherente con lo que siempre había querido, decía que “estoy orgulloso de estar en la Infantería de Marina. Yo aquí seré un buen soldado”. Lo único llamativo de dicha misiva, destinada a su madre, es que no la firmaba con su segundo apellido, sino solo con la inicial de este, “M”.
Sin embargo, había otras dos cartas. La primera de ellas, a simple vista, fue escrita por la misma mano y estaba destinada a su expolola, Sonia Mardones. Era una carta de amor, muy respetuosa, la cual firmaba del mismo modo y que venía dentro de la primera.
La segunda carta se ve un tanto diferente, aunque según un peritaje grafológico efectuado por el Labocar de Carabineros habría sido efectuada por la misma mano. Pese a ello, los peritos documentales Jorge Romero y Patricio Escobar señalan que, habiendo trabajado solo con fotocopias, “no es posible establecer conclusiones taxativas, válidas, confiables y sin lugar a dudas”.
Se trata de una misiva muy breve, que fue encontrada en una chaqueta de Villegas en el DIM “Aldea” y es una carta de suicidio: “Mamá, perdóname por lo que hice, me quité la vida, son (ininteligible) malos los soldados que me obligaron a quedarme”.
El proceso continuó adelante y en este Luis Villegas fue declarado culpable del delito de deserción calificada, siendo condenado en ausencia a dos años y seis meses de presidio, pero posteriormente el juez naval Christian Storaker (que era el comandante en Jefe de la Segunda Zona Naval) lo sobreseyó, debido a que existe una eximente de responsabilidad penal para quienes cumplan delitos contemplados en el Código de Justicia Militar, pero hayan prestado servicio por menos de dos meses.
Casi un año después de la desaparición de su hijo, Consuelo Meza, la madre de Luis Alberto Villegas Meza, escribió a Lucía Hiriart de Pinochet, pidiéndole ayuda. Como respuesta, esta le dijo que “los servicios de inteligencia” estaban viendo el caso.
Un mes después de aquello, el 1 de diciembre de 1976, conscriptos que se encontraban efectuando limpieza de un bosque aledaño al fuerte Borgoño encontraron varios restos humanos diseminados alrededor de un árbol, en el sector denominado quebrada Placeres. Los documentos de la Fiscalía Naval de la época dicen que, entre otros, había “un hueso largo”, “un maxilar inferior” y, colgando de un árbol, a 3.5 metros de altura, “un cinturón anudado a una huincha de tejido artesanal”. Además, había ropa en muy malas condiciones, incluyendo un quepis que decía “Luis Villeg”, escrito con lápiz pasta. En el informe escrito por el oficial de guardia ese día, el subteniente Víctor Riquelme, este menciona además que había “una calavera” sin signos de violencia, y “sangre en toda la ropa”, por lo que deducía que “debe haber sido atacado por perros (devorado)”.
Al lugar acudió la Brigada de Homicidios de la PDI de Concepción que, tras examinar el sitio del suceso, indicó que se trataba de una muerte por “ahorcadura” y que la data del hecho era un año aproximadamente.
Al día siguiente de eso, la Fiscalía Naval tomó declaraciones al entonces teniente Vicente Montecinos Billeke, que era comandante de instrucción en el DIM “Aldea”, quien relató todo el proceso de búsqueda de Luis Villegas, aseverando que cuando fue a comunicar la desaparición a la familia esta se lo tomó con mucha calma, “por lo que llegué a pensar que ellos tendrían conocimiento de su paradero”, agregando que “por allá por el día 6 o 7 de octubre del año 1975, se me acercó un instructor cuyo nombre no recuerdo y me manifestó que había un recluta que deseaba ser eliminado del contingente; o sea, irse, porque no se sentía capacitado para la vida militar. No se dio lugar a la petición por extemporánea”, detalló, pues antes había explicado que el 1 de octubre, cuando ingresó el contingente, formado por unos 300 jóvenes, se preguntó quiénes querían abandonar el servicio militar, manifestando esa opción 10 o 15, los que fueron de inmediato liberados de dicha obligación, según él.
¿Quién era ese soldado al que alude? “El peticionario era el recluta Villegas, quien posteriormente desapareció en la forma declarada”, indicó el oficial.
En sus declaraciones, Consuelo Meza (ya fallecida) recordó que días después de la desaparición de su hijo fue al Fuerte Borgoño y habló con el teniente Montecinos, a quien ella le pidió la lista de las pertenencias que fueron halladas en el casillero de Luis Villegas. En ella estaban varios cinturones y el quepís que un año más tarde serían hallados en la quebrada.
Como recuerda Nélida Villegas, hermana del joven, cuando en 1976 les informaron del hallazgo del cadáver, fueron a reconocerlo al Servicio Médico Legal de Concepción, constatando que el cráneo tenía su dentadura completa, algo imposible en el caso de Luis, dado que –como consta en su hoja médica del Hospital de Coronel– poco antes de entrar a la conscripción le habían extraído uno de sus molares. A ello, agrega el hecho de que los cinturones y la gorra que estaban en el sitio del suceso eran los mismos que habían quedado en su casillero.
En 1982, otra hermana de Luis, Consuelo, llegó a trabajar a la casa de un contraalmirante de la Armada, a quien pidió ayuda por el caso. Tras efectuar averiguaciones, el alto oficial le dijo que el cuerpo de su hermano había sido enterrado en el Cementerio de Coronel, en un nicho de propiedad de la institución naval.
Recién en febrero de 2002 se logró reabrir el caso y el juez Juan Guzmán dio la orden de exhumar el cuerpo, el cual había sido sepultado en una caja de municiones. Una de las principales sorpresas es que el cráneo no estaba. Sin embargo, sí había en medio de las osamentas un pequeño trozo de metal, que la familia cree que puede ser el remanente de una bala, respecto del cual existen aún varias diligencias pendientes.
Los exámenes de ADN que fueron practicados a los restos indicaron que efectivamente pertenecían a Luis Villegas, según informaron desde el SML al ministro Daniel Calvo, quien sucedió a Guzmán a cargo del caso. Además, las pericias efectuadas a una de las vértebras halladas en la caja de municiones indican que esta, post mortem, fue cortada con un instrumento muy afilado, un “cuchillo o un bisturí”, según el Departamento de Tanatología del SML.
Calvo ordenó una serie de diligencias en aquel entonces, incluyendo una petición a la Armada para que informara sobre si había funcionarios de apellido “Guerra” en el DIM al momento de los hechos, puesto que un anónimo que llegó en 1983 a la casa de los Villegas, confeccionado con recortes de titulares y palabras de diarios, decía que el autor era un tal “cabo Guerra”, alias “Choro Guerra”.
Sin embargo, la respuesta fue negativa, pues la institución naval respondió que no existía nadie de ese apellido. Otra pista que se cayó fue la de un exprisionero político, Eduardo Araya, quien dijo a Nélida Villegas que él no estaría con vida si no hubiera sido por su hermano, puesto que él lo habría ayudado mientras estaba detenido.
Sin embargo, como afirmó después, él estuvo preso en el Estadio El Morro (también en Talcahuano, pero a varios kilómetros del fuerte Borgoño), asegurando que estaba equivocado. En su relato a la PDI dijo que, cuando estaba en ese recinto, “conoció a un uniformado que era distinto al resto en relación al trato que daba a los detenidos políticos, a quien por razones que no recuerda posteriormente lo relacionó con un conscripto de apellido Villegas de la ciudad de Coronel”.
Tras varios años de inactividad, la causa fue reanudada por el ministro en visita Carlos Aldana, que efectuó una inspección ocular del sitio del suceso junto a las últimas personas que vieron a Villegas, entre estas, el teniente Montecinos, quien insistió en la ocasión que el joven de Coronel “se veía en muy mal estado mental”, aunque dijo que eso se lo comunicó un instructor, sin recordar quién había sido este. Respecto de la versión de Araya, indica que para 1975 no había personas detenidas en el fuerte Borgoño.
Asimismo, el ministro Aldana interrogó a varias otras personas y el caso fue caratulado como “Homicidio” por primera vez, dados todos los elementos que apuntan en esa dirección, entre ellos, los dos agujeros que se aprecian en la espalda de la polera hallada en la caja de municiones, que sugieren la acción de proyectiles.
Además, el ministro en visita lo calificó como un delito de lesa humanidad y, a fines de 2023, sometió a proceso como encubridor de homicidio simple a Vicente Montecinos (hoy, de 78 años). Sin embargo, en diciembre recién pasado la Corte de Apelaciones de Concepción revocó el procesamiento, ya que –a juicio de la Quinta Sala– “si bien es cierto que su deceso (de Luis Villegas) puede calificarse como una muerte de carácter sospechosa o que mueve a diversas interrogantes, la verdad es que hasta el momento no se sabe, con algún grado razonable de certidumbre, si la muerte fue provocada por terceros y la forma en que ello habría acaecido”, estimando los ministros de la Corte que faltan antecedentes para concluir que fue una muerte intencional, como son las declaraciones de los jefes directos que tuvo Villegas, así como las de otros conscriptos, las que se ordenó al ministro Aldana que instruyese efectuar a la PDI.
Al respecto, Nélida Villegas no oculta su desazón, aunque al menos asegura que el llamar a declarar a los otros conscriptos y mandos directos de su hermano es algo que “nosotros habíamos pedido hace mucho tiempo, pero nunca se hizo”.
Aunque dice comprender el razonamiento de los ministros, está convencida de que existen elementos más que suficientes para entender –como lo hizo el juez Aldana– que se está derechamente frente a un homicidio, asegurando que “no hay una explicación lógica para que una persona deserte sin que nadie lo vea y vuelva después de casi un año a buscar a los casilleros, a los dormitorios, los cinturones para suicidarse. A mí nadie me ha explicado la lógica de eso, cómo nadie lo vio, cómo nadie pudo darse cuenta de eso”.
La abogada de la familia Villegas, Patricia Parra, en tanto, señala en el mismo tenor que se encuentran conformes con las diligencias encomendadas por la Corte, agregando que ellos pedirán varias más.
En el mismo sentido, dice que les parece importante que el tribunal de alzada “diera por sentado que estamos frente a un delito de lesa humanidad, y eso desde el punto de vista criminalístico, pero sobre todo para las familias, tiene una enorme importancia, porque aquí no estamos hablando de cualquier ilícito. Hay un ilícito en el cual se encuentran involucrados agentes estatales”, sostiene.
