PAÍS
Hoy la atención mediática está en el crimen organizado, los homicidios, las drogas. Pero de las balas que arrebatan vidas, cruzan plazas, atraviesan paredes, se sabe poco. ¿De dónde vienen, cuántas armas hay, quién las carga? Un solo dato: de las incautadas, más del 80% está inscrito por civiles.
En las últimas semanas las balaceras se han tomado varias comunas y, con ellas, la vida de personas, incluyendo niñas, niños y adolescentes. Aumento de la delincuencia, ajustes de cuentas, nuevos delitos, crimen organizado, aparecen como las causas. Petición de más carabineros, vigilancia privada, Estado de Excepción, son las reacciones de algunos políticos, principalmente alcaldes –quienes, de paso, ven una oportunidad electoral con miras a las próximas elecciones municipales–. Sin embargo, poco y nada se habla y analiza sobre lo que es el común denominador de todos los delitos mencionados: las armas de fuego.
Todas las investigaciones relacionan el aumento de la tasa de homicidios con el incremento del uso de armas de fuego. Según el Estudio Mundial sobre el Tráfico de Armas de Fuego 2020, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, “más del 50% de los homicidios que se producen cada año en el mundo se llevan a cabo con un arma de fuego. El 40% de ellos tiene lugar en América Latina, que tan solo posee el 8% de la población del planeta”.
En Chile los datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito señalan que, entre el 2019 y 2020, los delitos con armas de fuego aumentaron en un 87%. A su vez, entre el 2021 y 2022, los homicidios muestran un alza de 27%. Pero al ratificar las fuentes, resulta que el registro de armas es una estadística del OS9 de Carabineros y las cifras de homicidios dan como fuente a la Policía de Investigaciones (PDI). Por su parte, la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) muestra un peak de homicidios para 2022 de 934 y, para 2023, de 699, una disminución aproximada del 25% respecto del año anterior. No cuadra.
Esta ensalada de datos es uno de los problemas de base del universo de las armas existentes en Chile. Falta información tanto de la cantidad de las mismas que hay “dando vueltas” como de su origen, propiedad, tipo, ubicación… Y de las que están identificadas e inscritas, muchas tienen paradero desconocido, evidencian graves errores de inscripción, como estar registradas a nombre de fallecidos o menores de edad o con direcciones inexistentes. A esto se suma que no existe un registro unificado del material incautado, de los procedimientos, de las investigaciones… Cada institución maneja sus números, sus métodos. Y en algunas hay que acudir a la Ley de Transparencia para, con suerte, obtener algunas respuestas.
Si ya sabemos que hay más homicidios que antes y que se usan cada vez más armas de fuego, la pregunta es: ¿con qué armas se asesina en Chile?
Responde el profesor de Criminología de la Universidad de Chile, Patricio Rosas Ortiz, quien además es doctor e investigador en Política Criminal y Análisis Delictual, y fiscal de Control de Armas en el Ministerio Público. “La ausencia de información es, realmente, una triste evidencia de la falta de insumos mínimos institucionales para poder hacerse cargo del problema de las armas de fuego. Pero, a partir del universo muestral estadístico, se puede decir que las armas que más se utilizan para matar en Chile son armas inscritas por civiles que se desvían hacia la delincuencia”.
De acuerdo con la PDI, estas armas llegan a manos delictuales a través de testaferros, robos a armerías o particulares, desvío de armas y municiones –realizado por algunas personas que mantienen calidad de deportista, en caza o coleccionistas–. También hay armas hechizas, modificación de armas de fogueo, internación desde el extranjero.
“Del total de armas incautadas en la Fiscalía Metropolitana Sur en 2018, el 84% estaba inscrito. Es relevante mencionar que la laxitud de control de armerías, y municiones, así como la falta de marcación de municiones fiscales, son un factor criminógeno favorable a la corrupción y al tráfico de las mismas”, agrega Rosas.
“Un país que tiene menos armas en las manos equivocadas es un país más seguro, por eso hoy vamos a destruir 25 mil armas y otros accesorios. De estas, 8 mil fueron decomisadas por policías y tribunales de justicia”, señaló el Presidente Boric, el pasado 12 de diciembre. Ese día se realizó la destrucción de 25.015 armas y otros accesorios metálicos que fueron recolectados durante 2022, “la más numerosa desde el año 1990”. Hito al que también asistieron la ministra del Interior, Carolina Tohá, y la ministra de Defensa, Maya Fernández.
El desglose de la cifra dice que, del total, 9.384 corresponden a piezas incautadas: 6.997 armas y 2.387 accesorios; 11.998 pertenecían a armas entregadas voluntariamente por civiles y 3.663 a armas fiscales dadas de baja (por desuso o deterioro), 2.517 de Carabineros y 1.116 de la PDI. O sea, del total, un 32% de ellas fue sacado de las manos de delincuentes (histórico de los últimos 5 años elaborado por la DGMN).
Lo que no señalan las estadísticas es la antigüedad de las armas, como tampoco si efectivamente estaban en función o deterioradas. Porque, al comparar estas estadísticas con el registro del Sistema de Apoyo a los Fiscales (SAF), base de datos del Ministerio Público sobre la incautación de armas, para 2022 (las quemadas) serían 5.278, pero cada institución tiene datos propios.
Según el Ministerio Público, el total de incautaciones en el país entre 2018 y 2023 suma 31.286 armas. Y al 19 de diciembre de 2023 se habían incautado 5.499 (3.267 de fogueo, 1.869 de fuego, 125 hechizas).
Si en Chile no existe información detallada y sistematizada sobre las armas en general, menos la hay sobre el mercado de armas de fuego ilegales y/o usadas en la comisión de delitos. “La incautación de armas en procedimientos policiales nos entrega algunas luces del origen de las armas utilizadas para delinquir. Por ejemplo, entre 2020 y mayo del 2022, la PDI ha incautado más de 1.500 armas de fuego que, dadas sus características, todas deberían estar inscritas. Sin embargo, la misma PDI indica que en el 26% de las armas incautadas, no fue posible identificar si estaban inscritas o no, ya que tenían el número de serie borrado. Por otro lado, el 43% de las armas incautadas no están inscritas y, más alarmante aún, el 30% sí lo están”, describe el documento de fundamentación del Plan Menos Armas Más Seguridad del Gobierno.
Y reafirma el hecho de que “existen armas legalmente inscritas que se están utilizando para delinquir y, además, hay evidencia del contrabando de estas cuando se encuentran armas con número de serie que no están registradas en la DGMN”.
Según datos del Ministerio del Interior, del total de armas inscritas, un 8% de estas se ha declarado de la siguiente forma: extraviada, hurtada o robada. Es decir, existen al menos 61 mil armas sin paradero conocido.
De acuerdo con la estimación realizada por la organización internacional Small Arms Survey, en nuestro país existirían 1.456.818 armas sin registro circulando. Esta cifra es un estimado de expertos y no está construida sobre datos disponibles.
La Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) es la autoridad central de coordinación de control de armas y explosivos en el país. Según esta institución, existen 767.752 armas inscritas activas al 30 de noviembre de 2023, pertenecientes a personas naturales. El 35% corresponde a escopetas, el 30% a revólveres, 24,7% a pistolas.
Casi la mitad (322.152) son de la Región Metropolitana. Le siguen las regiones de Valparaíso (90.546); Biobío (57.689) y Maule (57.503). Y el 7% de sus propietarios está compuesto por mujeres.
Pero existe un patrón paralelo y fantasma de aproximadamente otras 750.000 armas que no están inscritas, donde se encuentran las hechizas y modificadas, con números de serie borrados, internadas ilegalmente.
La auditoría realizada a la DGMN por la Contraloría General de la República (CGR) en 2018 (con informe en 2021), encontró anomalías como: que de la totalidad de inscripciones de armas vigentes, 1.083 estaban registradas a nombre de menores de edad (requisito exigido en la ley es ser mayor de edad, con la excepción de menores inscritos como deportistas de tiro); ni la DGMN ni Carabineros verifican la autenticidad de la documentación presentada por personas naturales y jurídicas ante las autoridades fiscalizadoras; faltaba comprobación de domicilios; se dio cuenta de la inexistencia de revisiones al libro de entregas voluntarias de armas; ausencia de trazabilidad de las armas en el proceso de inutilización para la destrucción; se constató también la existencia de 72 casos en que, habiendo un RUN válido, la fecha de inscripción era previa a la fecha de nacimiento registrada; 132.921 personas fallecidas figuran con un total de 182.898 inscripciones vigentes; hay 316 inscripciones de armas autorizadas por la DGMN cuyos certificados de aptitud física y psíquica fueron extendidos por personas sin título de médico inscrito en la Superintendencia de Salud; la DGMN mantiene 10.677 armas agrupadas bajo la denominación “RUT cero”, por no contar con antecedentes que permitan la identificación del tenedor. De aquellas, 9.088 inscripciones se encuentran vigentes; 3.755 civiles cuentan con más de 2 armas de defensa personal inscritas a su nombre, las que están en diferentes estados: vigentes, robadas, extraviadas y hurtadas (la ley señala que se permiten hasta 2 armas por civil), entre otras faltas graves.
Después de este informe, se instruyeron sumarios: la CGR inició un procedimiento disciplinario en la DGMN y en Carabineros de Chile. El Mostrador consultó por el cumplimiento de las sanciones en la Contraloría, sin obtener respuestas.
La Ley 17.798 (Control de Armas) fue creada en 1972 por el entonces Presidente Salvador Allende, respondiendo a una realidad muy diferente a la actual. Esta se modificó parcialmente en enero de 2022, después de 15 años de tramitación en el Congreso, y “nació anticuada”, a juicio de los especialistas.
El Presidente Gabriel Boric se comprometió –desde el programa de gobierno de su campaña– a impulsar un nuevo sistema de control de armas y municiones.
Y en la Cuenta Pública del 1 de junio de 2022 lo reiteró: “La violencia armada no será tolerada en nuestro país. Y por eso nuestro Programa Menos Armas, Más Seguridad propone la limitación radical de su acceso legal”, dijo, junto con solicitar al Congreso “todo el apoyo para aprobar una ley que nos permita avanzar hacia la prohibición total de tenencia de armas y que al mismo tiempo fortalezca la institucionalidad”.
El Mostrador pidió el avance del señalado Plan a la Subsecretaría del Interior y hasta el cierre de esta nota no había respuesta.
Entre los objetivos del programa está disminuir el tráfico ilegal transnacional de armas, partes, piezas y municiones; aumentar la fiscalización de armas inscritas a un 10% del total de estas, a través de una matriz de riesgo –en la actualidad se fiscaliza un 5%–; reducir la cantidad de armas extraviadas y/o hurtadas. Estos y otros aspectos deberían estar ejecutados antes del 2026 por el demorado Ministerio de Seguridad.
Patricio Rosas explica que hay que partir solucionando la impureza de los datos. “Luego, desde una nueva institucionalidad, las armas deberían ser abordadas en tres aspectos: controlar la producción y la importación legal de armas (poner ojo en Aduanas), poner un cuño del banco de prueba para tener trazabilidad y saber dónde está y quién la tiene. Pero no solamente hay que estar supervisando el ingreso, la importación y distribución de armas, también la acreditación en la inscripción de los propietarios. Hay que poner mucho ojo en el control de requisitos para obtener una licencia. Y una vez que el arma está en manos de un propietario, hay que hacer una fiscalización eficaz. Hay que cerrar la llave en las inscripciones y aumentar las fiscalizaciones. Con eso tendríamos un alto porcentaje de solución”, recalca.
Añade que se debe trabajar una matriz de riesgo fina. Realizar un mínimo de análisis sobre el patrimonio de los civiles que inscriben. “Si llega alguien de 18 años como coleccionista, con varias armas de un millón de pesos… es raro. Hay que fiscalizar y fiscalizar”.
Hace un paralelo con el registro de vehículos motorizados y los bienes raíces. “Al igual que con los vehículos y las propiedades, las armas de fuego son parte de los sistemas de registro estatal. Todos inscribimos las casas y los autos. Sobre estos últimos, rendimos exámenes para renovar la licencia. Se los mostramos al Estado una vez al año –en las plantas de revisión técnica– para demostrar que están funcionando bien, pagamos un permiso, tenemos un seguro obligatorio por responsabilidad civil. Y si lo roban, lo denunciamos. Eso mismo podría darse con las armas”, señala Rosas.
