Gazmuri sobre ley corta: “Hemos tenido que enfrentar un lobby mediático brutal de las isapres”

La diputada de Acción Humanista y presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara, Ana María Gazmuri, abordó el avance de la tramitación de la ley corta de isapres, la que comenzará su discusión en particular al regreso de esta semana distrital.

La parlamentaria asegura que existen garantías para despachar el proyecto antes del 12 de mayo, fecha límite que estableció la última prórroga de la Corte Suprema para dar cumplimiento al fallo. Por lo que el martes de la semana subsiguiente la votación será hasta total despacho, para luego dar paso a una comisión mixta.

En ese sentido, Gazmuri afirma que las prioridades serán analizar en profundidad indicaciones complejas como la viabilidad del alza de los planes de salud, la cotización obligatoria del 7% sin generar excedentes, además de despejar el manto de “opacidad” sobre la real sostenibilidad financiera de las aseguradoras.

-¿Cuáles son las dudas que persisten respecto al estado financiero de las isapres y su viabilidad de funcionamiento una vez despachada la ley corta? Atendiendo que la información financiera de las aseguradoras es de carácter público.

Vemos que es un problema realmente el cómo se está mirando a las isapres como una unidad económica aislada, sin considerar que muchas de ellas son parte de un conglomerado, de un holding, y que también han habido traspasos de dinero hacia los holdings. Ahí tenemos cierta opacidad, no tenemos claro este rol de prestamista que han tenido algunas isapres hacia el holding que pertenecen. Entonces, analizando los números vemos que las deudas que hay de los holdings a las isapres a veces son más considerables que al revés. Ahí está la primera falta de transparencia.

Segundo, como no se ha determinado con precisión el monto de la deuda, se han hecho estas diferentes modulaciones, pero como este monto no ha sido exacto no se ha incorporado a los estados financieros de las isapres. Por lo tanto, no podemos mirar realmente la salud financiera una vez incorporado lo que adeudan, lo que probablemente nos podría mostrar un panorama bastante más transparente de cuál es la real situación de las isapres hoy día. Porque diferentes espacios académicos, exautoridades, también sostienen que incluso con estas medidas que son súper exigidas, medias forzadas que se están planteando con la ley corta, y que afectan principalmente a los afiliados, tampoco se lograría solucionar el problema de fondo.

Tenemos una situación poco clara de fondo, si realmente no conocemos el panorama final y estamos impulsando un proyecto de ley que tiene medidas que más bien hacen que el afiliado sea el que termine pagando la deuda, para que finalmente tampoco esto vaya a aportar realmente a una sostenibilidad económica del sistema, hay que mirarlo. Esa es parte de las preocupaciones que tenemos, y hemos estudiado con mucho detalle cómo viene este proyecto de ley y las observaciones que tenemos.

-¿Pero ha sido una opacidad que se ha mantenido durante toda la tramitación?

Me detengo aquí un segundo, porque no necesariamente esto significa que las isapres sean mal negocio, por algo están surgiendo incluso nuevas isapres, que al no cargar con esta deuda provocada por las malas prácticas, sí son viables. Entonces, cuando uno mira toda esta integralidad, vemos que, de alguna forma, en lo que se transformó esta ley corta fue en una intención de salvaje, y ahí entramos en cómo se tramitó esto en el Senado.

En algunos puntos hubo mucha opacidad en cómo se tramitó esto. Por ejemplo, si vamos al artículo 8, que es súper importante, se aprobó sin ni siquiera haber profundizado en los alcances que tenía este artículo. Lo que permite es esta primera rebaja de los US$1.400 millones a los US$1.100 millones. Entonces, al menos necesitamos debatir ese punto con mayor profundidad. Porque eso tiene que ver con esta idea de que todas las cotizaciones deben ser de un 7% para que sean iguales que en la seguridad pública. Lo que es totalmente razonable, por cierto que sí, pero razonable si lo pensamos de un punto para adelante, o sea, los nuevos contratos. Lo que me parece que tenemos que mirar con detención es qué ocurre cuando estamos hablando de hacer esto retroactivamente, porque ahí sí estamos afectando la propiedad privada de cada uno de los afiliados en relación a sus excedentes. Y este prorrateo de alguna manera afectaría eso. Entonces, ese es un punto que yo creo que amerita, al menos que lo miremos con más detención.

-¿Existen modulaciones que sean aproximaciones más certeras del panorama financiero aplicando la ley corta?

Las modulaciones que se han hecho han incorporado elementos que no son naturales. Por ejemplo, las disminuciones del monto de la deuda con la mutualización, no es que de forma natural tengamos dudas si la deuda es de US$400 millones o US$1.000 millones. Esa disminución es producto de una acción artificiosa que se ingresa al sistema. Estas medidas de alguna manera alteran incluso el orden financiero de cómo se aplicaba esto.

Más allá del pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la mutualización, nosotros ya teníamos esa decisión tomada solo por el hecho de que alteraba el contenido del fallo de la Corte Suprema. Y eso mismo tenemos que observar en el artículo 8, realmente ver qué pasa ahí. Si también no estaremos avanzando en una dirección que tenga esos mismos problemas y que después puedan incluso traernos problemas de judicialización, que se supone que es lo que se quiere evitar.

-¿Cómo ha continuado el trabajo en la comisión, qué otros elementos se están evaluando incorporar?

Estamos trabajando en conjunto con los parlamentarios oficialistas para ingresar indicaciones que van en la dirección de hacer algunas excepciones. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con este órgano consultivo que va a apoyar a la Superintendencia de Salud, en la exigencia de no solo de que sus integrantes no hayan trabajado en las isapres los dos últimos años, sino que avanzar en que no hayan trabajado en las isapres directamente, para cautelar esta transparencia en un sistema que nos ha mostrado con creces que no siempre actúa de la manera más apegada a lo correcto.

Así como en una serie de otros ajustes, por ejemplo, en los plazos de devolución, donde también tenemos dudas. Diez años para devolver. ¿Qué pasa con la persona que tiene 75, 78 años? Estamos observando eso. También hay otras propuestas como la de la diputada Joanna Pérez, de Demócratas, que si bien no está en nuestro conglomerado, pero por supuesto estamos en conversaciones y miramos con interés también lo que ella ha propuesto, que nos parece que podría ser una alternativa más en las formas de devolución.

-La idea de restituir montos a través de acciones…

Claro a través de acciones, pero siempre que la forma en que se restituyan estos montos sea decisión del afiliado, y no vaya a ser decisión de las isapres el cómo restituir estos montos. Esa es otra de las precisiones que queremos poner con las indicaciones que estamos preparando. No queremos adelantar formalmente hasta la primera sesión del lunes, donde vamos a empezar a conocer nuestras indicaciones. Pero hemos hecho un muy buen trabajo en la comisión.

Como reflexión, también quiero decir que respecto al comité de expertos que se armó en el Senado, y que algunos han pretendido que esos insumos fueran insumos para nosotros, bueno nosotros no participamos de ese comité de expertos, ni en su composición, ni en la elección de sus integrantes. Entonces para aquellos que quieren mostrar como que este comité era súper transversal y representativo, la verdad es que no ha sido así. La Cámara no estuvo representada, no estuvieron representados los afiliados, no estuvieron representados todos los entes que nosotros sí hemos escuchado, que sí invitamos. En el Senado de alguna forma se quedaron con esa visión, una postura bastante conservadora, muy alineada con lo que es la oposición. Incluso sorprendentemente, hay que decirlo, ha sido un dolor de cabeza porque permanentemente la oposición saca a colación que en este comité de expertos estaba el señor Cristóbal Cuadrado, y él estuvo de acuerdo con la mutualización. Lo usan como bandera, pero bueno, para nosotros el señor Cuadrado es una excepción y no representa el pensar de nuestro sector.

En ese sentido, mi compromiso primero fue abrir el abanico de expositores para que tomemos decisiones de verdad, conociendo todas las posturas, porque aquí hemos tenido que enfrentar un lobby mediático brutal de las isapres.

– Luego de que el TC cerrara la puerta a la mutualización desde la oposición han trasladado la responsabilidad hacia el gobierno en relación a proponer mecanismos para el equilibrio financiero del sistema. ¿Cuál es su lectura sobre eso?

Es que le piden al gobierno que haga magia. Me parece que además no corresponde trasladar la responsabilidad al gobierno para que las isapres mantengan su equilibrio financiero. Y es lo que se ha instalado discursivamente y a eso me refiero cuando hablo de esta manipulación mediática. ¿Cómo va a ser responsabilidad del gobierno? La responsabilidad la tienen quienes generaron este problema. El gobierno responsablemente está tratando de encontrar vías de solución, pero esas vías tampoco pueden ir en contra de normas, en contra de principios constitucionales, por ejemplo.

-¿El foco del gobierno debería estar puesto en los afiliados?

Es que mantener el equilibrio financiero de las isapres mediante el incumplimiento del fallo no nos parece. Y que se emplace al gobierno para que haga viable eso, o al parlamento que haga viable eso, a mí me parece que estamos mirando esta discusión de una manera equivocada, es complejo. Aquí ha habido una posición pasiva de las isapres, pidiendo solucionar el problema con medidas que afectan finalmente a los afiliados.

Si las isapres empiezan a entrar en insolvencia, que probablemente va a pasar con alguna de ellas una vez que se asuma esta deuda, yo creo que el foco tiene que estar puesto en cómo se acompaña y cómo se cuida a los prestadores privados. Es ahí donde el Estado, donde el gobierno tiene que ir a afirmar, buscar mecanismos, ese es el apoyo importante, más que el apoyo a las aseguradoras. Es la prestación la que tenemos que asegurar que no se caiga, porque en ningún momento estamos pensando en un sistema de salud que pueda prescindir de los prestadores privados. Al contrario, en esta modalidad de cobertura complementaria que está planteada en el mismo proyecto, se piensa que se haga con los prestadores privados.

Tenemos que ir cambiando el foco en ese sentido e ir pensando cómo protegemos para que las clínicas sigan funcionando, y cómo vemos de nuevo la manera en que las isapres se capitalicen para que puedan pagar al menos las deudas que tienen con los prestadores privados.
Entonces, hoy día las isapres no tienen cómo devolver el monto que indicó la Corte Suprema si es que miramos a las isapres aisladas. Pero tenemos que mirar el volumen del patrimonio, del holding completo, el volumen de activos que manejan estos grupos que es muy superior, por supuesto, al que maneja la ISAPRES. Y quizás sí están en condiciones de devolver los dineros.

Queremos que esto sea una oportunidad para que la ciudadanía entienda mejor la discusión. Porque sentimos que un par de highlights se llevaron toda la atención mediática e impidió que se comprendiera más en profundidad los diferentes aspectos que contiene el proyecto de ley. En ese sentido también, otra de las cosas que estamos pensando es abrirlo un poco, en el sentido de que no sean solamente las aseguradoras, las compañías de seguro, las que puedan participar en esta modalidad de cobertura complementaria, sino también otro tipo de entidades que presten este tipo de servicios, quizás flexibilizar en ese sentido.

Estamos buscando ajustes, pero sobre todo creemos que deteniéndonos punto por punto en cada uno de los diez artículos, más los artículos transitorios, para que de verdad, tomemos la decisión que tomemos, tengamos la plena conciencia de que cada uno sabe lo que está decidiendo, que no haya opacidad.

-¿Cuáles son las indicaciones más importantes para esta discusión en particular que se viene?

Básicamente hay tres puntos complejos. La mutualización, donde increíblemente la oposición sigue diciendo que el Ejecutivo podría tener la atribución de incorporarla, pero recordemos que el Ejecutivo dijo desde el día uno que la mutualización no era apropiada, por lo tanto, ideológicamente sería gravísimo retractarse.

También tenemos que abrir el debate sobre el artículo 8 respecto al 7% de cotización. Además está el alza de precios de los planes, con techo o sin techo, o alza o no alza en definitiva. Diría que esos son los puntos más sensibles, a lo que se suma esta batería de indicaciones para mejorar y afinar otros puntos.

Pero necesitamos que la ciudadanía comprenda esta tres indicaciones centrales, sobre todo el tema de la mutualización, volveremos a decir que más allá de lo dicho por el Tribunal Constitucional, en el fondo no estamos de acuerdo. No solo porque sea atribución del Ejecutivo, que eso es importante que se destaque, sino porque se ha tratado de tapar esta discusión, como que el problema era sólo la forma, y no es así.