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La Ley de Inteligencia del Estado necesita más inteligencia

La Ley de Inteligencia del Estado necesita más inteligencia

La actual norma está vigente desde 2004, pero desde hace cinco años se ha intentado, sin éxito, actualizarla. Hoy, el proyecto –ingresado en 2018– está en segundo trámite constitucional en la Comisión de Defensa de la Cámara. El Gobierno envió en enero una serie de indicaciones al texto original. En este contexto, llama la atención que entre los equipos del Ministerio de Defensa y de la Subsecretaría del Interior –que trabajaron en estas importantes indicaciones– no existan expertos de trayectoria relevante en inteligencia, ya sean civiles o militares. De hecho, quienes están a cargo son la ministra Fernández, que es médica veterinaria, y el subsecretario Monsalve, que es médico general.


En septiembre de 2004 fue promulgada la Ley Nº 19.974, que establece y regula el sistema de Inteligencia del Estado. Y en virtud de ella se creó la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y la Dirección de Inteligencia de Defensa del Estado Mayor de la Defensa Nacional; las Direcciones de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, y las Direcciones o Jefaturas de Inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Sin embargo, la discusión sobre la modernización de esta ley se viene desarrollando desde hace muchos años. Lo más concreto fue la presentación de un proyecto de ley por el segundo Gobierno de Sebastián Piñera en 2018, la que hoy está en la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputadas y Diputados. 

En este contexto, la administración del Presidente Boric ingresó una serie de indicaciones a comienzos de año. Estas están destinadas a crear una nueva arquitectura del Sistema de Inteligencia del Estado, y la incorporación de nuevos organismos a este. 

En las indicaciones, el elemento central y clave para el Ejecutivo es la creación de la Secretaría Nacional de Inteligencia, nueva institucionalidad que reportará directamente al Presidente de la República. La reorganización buscará, además, crear la figura del “consejo asesor”, el cual estará conformado por los ministerios de Justicia, Seguridad Pública, Relaciones Exteriores, Hacienda y Defensa, además de la señalada Secretaría Nacional de Inteligencia.

Este consejo será el encargado de discutir los temas más de fondo. Por ejemplo, se encargará de visar –después que se la entregue el Presidente– una política nacional, la que deberá ser actualizada cada ocho años.

Los equipos

Estas indicaciones fueron trabajadas por los equipos “especializados” del Ministerio de Defensa y la Subsecretaría de Interior.

Lo curioso de la comisión, y en lo que han reparado varios expertos en inteligencia, defensa y seguridad, es la poca preparación –al menos en las credenciales– de los integrantes de esta instancia.

Veamos:

Por Defensa, el equipo estuvo encabezado por la ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández Allende (PS), quien es bióloga y médica veterinaria (Universidad de Chile). Anteriormente fue diputada por el Distrito 10, Región Metropolitana. También se desempeñó como concejala por Ñuñoa. Además, trabajó en el SAG y en la Direcon. Junto a ella cumple funciones el asesor jurídico Luis Correa Bluas. El abogado fue jefe jurídico del Ministerio del Interior en 2017 y se desempeñó como subsecretario (s) del Interior, en ausencia del entonces subsecretario Mahmud Aleuy. Hijo del exsupremo Luis Correa Bulo (1992-2001), fue asesor en el Senado y socio del estudio Correa, Trivelli y Vicuña.

La tercera integrante de Defensa es la jefa de gabinete de la ministra, Aileen Larraín Leyton. Abogada por la UDP,  trabajó como tal en la Subsecretaría del Interior en 2017, bajo la jefatura de Correa Bluas. Anteriormente, se desempeñó como encargada de Medio Ambiente de la Región de Atacama.

El asesor del gabinete de la ministra Fernández, Rodrigo Cárcamo Hun (PS), es el cuarto integrante. Profesor de Historia y Ciencias Sociales, magíster en Ciencia Política y Política Pública (UC), apodado “el Chino” por su ascendencia materna, fue asesor en materias de Defensa Nacional y FAs, de la Comisión Permanente de Defensa Nacional. Ejerció como analista en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia entre 2015 y 2018. Estuvo en la polémica por un viaje (mayo-junio de 2023) en compañía del entonces asesor de la Subsecretaría de Defensa, Daniel Andrade, al “Simposio de Altos Oficiales de América Latina y el Caribe” en China. Los funcionarios del ministerio presentaron un reclamo formal porque no hubo concurso para asistir en representación de dicha cartera.

La Subsecretaría del Interior, por su parte, está representada por su titular, Manuel Zacarías Monsalve Benavides. Médico por la Universidad de Concepción, posee un magíster en Gobierno y Gerencia Pública y un diplomado en Gerencia Social. Trabajó como médico y fue director del Consultorio de Los Álamos en la Región del Biobío; director del Servicio de Salud de Arauco; concejal de Los Álamos y diputado en tres periodos por los distritos 46 y 21.

Alejandro Urquiza (PC), en tanto, es ingeniero civil por la Universidad de Chile, especialista en túneles. Es reconocido como “el más experto” del equipo, por su diplomado en Inteligencia del Estado y Magíster en Seguridad y Defensa. Llegó como refuerzo a Interior después del ataque a la comitiva de la exministra Izkia Siches, en Temucuicui. Fue el encargado de los temas de seguridad de la campaña presidencial del entonces candidato Boric, y como dato freak registra una Beretta APX calibre 9 para actividades deportivas.

También es parte de esta instancia el Coordinador Nacional de Ciberseguridad, Daniel Álvarez Valenzuela. Abogado y doctor en Derecho por la Universidad de Chile, autoproclamado “zar de la inteligencia”, ha centrado su labor académica en ciberseguridad. También ha sido parte de controversias por antiguos dichos en X (antes Twitter), donde señaló que Carabineros era “la peor organización criminal de la historia”. Tuvo que pedir disculpas públicas al general Ricardo Yáñez.

“Algunos de los integrantes de estas comisiones tienen  estudios de seguridad y defensa, pero se habría esperado y deseado alguna participación de un experto civil o militar con mayor trayectoria, que en Chile hay hartos y muy competentes”, señala una fuente académica.

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