El ministro, otrora llamado a ser el “panzer” oficialista, últimamente no ha estado en temas relevantes. De hecho, fue el titular de Justicia quien justificó la postura del Gobierno, ante la negativa del jefe de asesores de la Presidencia de declarar por el caso Convenios.
“Brilla por su ausencia”, comenta una parlamentaria, excolega del ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde. “No es que esté escondido, simplemente pareciera que últimamente se esfuerza por pasar inadvertido en ciertos temas peliagudos”, agrega.
Y esta observación la comparten otros “colegas” políticos. “Su última aparición más contundente fue la semana pasada, cuando respondió –estadísticas en mano– las críticas de la oposición sobre la sequía legislativa de la administración Boric”, añade otro parlamentario.
Durante los días martes y miércoles estuvo defendiendo y respondiendo, junto a la ministra Carolina Tohá, las correcciones del Gobierno (el veto) al proyecto que el Congreso había despachado el 30 de agosto pasado. Pero la iniciativa siempre la llevó la titular del Interior, mientras Elizalde se mantuvo en un discreto segundo plano.
Un hecho que no pasó inadvertido –y en el que ponen énfasis un par de observadores– es que fue el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien salió a responder, hace unas semanas, al contralor Jorge Bermúdez, en el contexto de la negativa del jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, de asistir a la citación de la comisión especial investigadora del Congreso, por el caso Convenios.
Entonces, el ministro Cordero argumentó: “El señor Miguel Crispi está sometido al régimen de control más estricto que puede tener cualquier ciudadano de este país, que es la investigación penal”. Y apuntó que la discusión de la situación de este caso en concreto era sobre “si la Presidencia de la República y quienes prestan servicios en ella, por la naturaleza de los servicios que prestan, están obligados a comparecer a una comisión investigadora y entregar información de los asuntos en los cuales tienen conocimiento en el desarrollo de sus funciones. En opinión del Ejecutivo, existen suficientes argumentos para sostener, porque así lo ha deliberado el propio Congreso, en materias, por ejemplo, de la Ley de Lobby, que la Presidencia de la República tiene un estatuto jurídico distinto”.
Días después, el ministro Álvaro Elizalde respondió preguntas de la prensa, señalando escuetamente que apoyaba lo declarado por el titular de Justicia y que “esa es la postura del Gobierno”.
Cuando se destapó la crisis generada por Democracia Viva, en junio pasado, y el Gobierno creó la Comisión sobre Probidad e Integridad, el ministro Elizalde apareció como “el” encargado de llevar la agenda. Muchos pensaron que, en definitiva, se convertiría en el panzer que todo Gobierno tiene –como lo fueron Insulza para Lagos, Aleuy para Bachelet y Chadwick para Piñera–, el que se encarga de articular y manejar las situaciones difíciles. Sin embargo, en el camino el panzer (panzerkampfwagen) fue quedándose sin combustible.
En todo caso, afirma una fuente, “no es tan curioso el repliegue, pues desde un comienzo cuidó mantenerse alejado de la crisis generada por Democracia Viva. No iba a apostar su capital político por una situación como esa”.
“Es un político experimentado, hábil y con amplio manejo del Parlamento. Sabe eludir los temas complicados y no se enfrasca en conflictos mayores, porque cuida por sobre todo su metro cuadrado. Y privilegia mantener buenas relaciones con todos. Es el rey del off“, comenta un asesor. Y agrega que “tiene sus compadres en la derecha también”.
Pero desde el oficialismo hay quienes sostienen que la “ausencia” se debe a que está concentrando todo su trabajo en la Ley de Presupuestos 2024, que se encuentra en trámite.
