Tres ministros critican duramente el cierre de la causa Asipes, vinculada al financiamiento ilegal de la política, así como los escasos resultados en materia de violencia en la zona de Bío Bío y la atención a las víctimas de esta.
Luego de varios meses, la Corte Suprema emitió su fallo respecto de la petición de un grupo de diputados (encabezados por Leonidas Romero, del Partido Republicano) que habían pedido la destitución de la Fiscal Regional del Bío Bío, Marcela Cartagena, rechazando la petición.
Esta se fundaba en supuestas negligencias en la investigación de diversos casos. De acuerdo con el máximo tribunal, para remover a un fiscal regional se requieren causales “gravísimas”, aseverando que los acusadores no aportaron pruebas al respecto y que, en función de ello, no se puede atribuir responsabilidad directa a la persecutora en ninguno de los casos que se denuncian, asegurando que “si bien de los hechos asentados en el proceso se observan desaciertos en diligencias investigativas, lo cierto es que tales actuaciones aparecen vinculadas a órganos que colaboran con el Ministerio Público en su labor, mas no permiten atribuir directamente a la señora Fiscal Regional del Bío Bío los reproches formulados”.
Sin embargo, los ministros Sergio Muñoz y Adelita Ravanales, así como la ministra suplente Eliana Quezada, no compartieron dicho razonamiento, aseverando que “los hechos acreditados en el proceso revelan falta de acuciosidad en la dirección de la labor investigativa a cargo del ente persecutor; en la recolección de prueba, cadena de custodia y aseguramiento de los distintos sitios del suceso; en la manera como se han conducido los fiscales adjuntos en las pesquisas específicas a su cargo y, en especial, en la supervigilancia de quien desempeña el cargo de Fiscal Regional, sin que resulten atendibles las explicaciones o justificaciones que ofrece la señora Fiscal requerida”.
En el mismo sentido, indicaron que pese a que Cartagena asumió tres años después del hallazgo de los restos de Sergio Mardoff (uno de los casos cuestionados), “hasta ahora no se tiene una explicación satisfactoria de la razón por la cual los restos óseos de Sergio Mardoff estuvieron tres años depositados en dependencias del Servicio Médico Legal sin ser periciados. También se desconoce si la señora Fiscal Regional realizó alguna acción tendiente a obtener una explicación de parte del Servicio Médico Legal sobre esta anómala situación, o si en el sumario disciplinario al interior del Ministerio Público se pudo establecer el motivo por el cual no se realizó diligencia alguna de identificación de las osamentas”.
Otro de los casos que dio pie a su acusación fue el asesinato del niño Tomás Bravo, en Arauco, respecto del cual los disidentes señalan que “no puede dejar de observarse que las desprolijidades investigativas demuestran una deficiente labor de instrucción, supervigilancia y control en el desempeño del personal a su cargo y en el funcionamiento de la Fiscalía Regional”.
También la critican ácidamente en lo relativo a la investigación por el homicidio de un disk jockey de Concepción, Diego Herrera, en el cual “la requerida indica que el motivo por el cual no se ha logrado periciar el teléfono en Chile, es que no existe la tecnología para ello en nuestro país. Sin embargo, esa explicación devela desidia en la búsqueda activa de soluciones que permitan gestionar la obtención de una tecnología existente, o la asistencia internacional para lograr tal cometido. Por sobre todo, llama la atención que la requerida invoque un obstáculo tecnológico para acceder y desbloquear el teléfono móvil de que se trata, circunstancia indispensable para realizar la pericia a dicho dispositivo, la cual resulta de trascendental importancia para la investigación, puesto que en este caso no es tal el impedimento, pues la tecnología existe y la posee Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. Revela lo anterior falta de exhaustividad en el cumplimiento eficaz de la función persecutora”.
Otro capítulo que le reprochan es la libertad de Luis Lugo Machado, uno de los integrantes de la célula penquista del Tren de Aragua, que participó en Santiago en el homicidio del suboficial de Carabineros Luis Palma. A este respecto, indican que este (como es sabido) se encontraba en libertad, pese a que tenía una condena y a que fue detenido con marihuana en Tomé, sin que la fiscal de turno, Sandra Véjar, lo hubiere formalizado o pedido revocar el beneficio de libertad vigilada especial de que gozaba. Sobre este punto, indicaron que “si bien la requerida informó sobre la apertura de un sumario administrativo para investigar esta anomalía, lo cierto es que no se aportaron antecedentes sobre el resultado del mismo, todo lo cual demuestra falta de supervigilancia del adecuado desempeño de los fiscales adjuntos”.
Sin embargo, quizá donde más duro pegaron fue en dos hechos: lo relativo al cierre del caso Asipes (una de las aristas del financiamiento ilegal de la política), en el cual aseveran que hay “bases de presunciones de una conducta negligente o desidiosa, dado que el resultado de la investigación refleja que lo más probable es que existan” y lo que califican como “fracaso investigativo en causas de violencia en la zona de Bío Bío”, afirmando que “es un hecho público y notorio que no se persiguen las personas ni se presta asistencia requerida a las víctimas, que, en muchos casos, son reiteradamente atacadas, provocando situaciones de impunidad, falta de exhaustividad que ha permitido generar un ambiente de desprotección en la población”.
Pese a ello, terminan coincidiendo con sus colegas en que “los reproches atribuidos a la señora Fiscal Regional del Bío Bío no revisten la entidad suficiente para configurar la causal de negligencia manifiesta requerida para aplicarle la extrema medida de expulsión del Servicio”…
Lea el fallo de la Corte Suprema
