«Toda autoridad o todo ciudadano esta sometido a la ley regular y toda autoridad debe estar disponible bajo cualquier circunstancia en esta causa o cualquier otra a aportar cualquier antecedente del cual pudiera disponer para ayudar al esclarecimiento de los hechos».
Con estas palabras respondió este viernes el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, respecto a si está dispuesto a declarar en la indagatoria por el incendio en la cárcel de San Miguel, tal y como está siendo sometido a interrogatorio hoy el director de Gendarmería, Luis Masferrer.
El secretario de Estado recordó que él asumió «un compromiso personal con las familias de los fallecidos de que íbamos a hacer todas las colaboraciones y facilitar toda la investigación a efecto de resolver finalmente que ocurrió y qué dejó de ocurrir la madrugada del 8 de diciembre».
En ese sentido expresó que «la declaración del director de Gendarmería precisamente se enmarca en ese espíritu. A él le corresponde, si ha sido citado como testigo, aportar toda la información responde exactamente a nuestro compromiso (…) La tragedia y el fallecimiento de 81 chilenos impone estudiar todas las hebras, impone seguir todos los cursos de investigación para que todos tengamos la certeza de qué ocurrió esa noche».
Bulnes además expresó que si tras la indagatoria se establece que hubo una negligencia o existen responsabilidades por parte de miembros de la entidad penitenciaria «vamos a estar disponible a que se apliquen las máximas sanciones».
Balones de gas
Consultado por qué medidas y recursos económicos son los que se destinarán para evitar que se siga ingresando balones de gas a la población penal que son destinados a la cocción de alimentos, pero en la tragedia de San Miguel fueron los iniciadores del siniestro, el ministro Bulnes sostuvo que es un tema que se está resolviendo.
«(El ingreso de balones de gas) es una práctica que se arrastra por muchos años, se ha intentado eliminar, se han ido eliminando ciertos elementos combustibles. Nosotros estamos empeñados en cambiar esta cultura de años y eso también supone reforzar la autonomía alimentaria de los penales, que es una dificultad que enfrentamos como un mal endémico en el sistema carcelario tradicional, no en el concesionado».
La máxima autoridad de la cartera de Justicia sostuvo que en la medida que logren la autonomía alimentaria en los penales «vamos a estar en condiciones de imponerle sin gravámenes a los internos la obligación de prescindir de esos elementos».
Bulnes además sostuvo que están barajando mayores recursos para reforzar la seguridad en las cárceles, ya que como ha sostenido el ejecutivo y otros sectores los problemas en el sistema carcelario son un tema país y el Gobierno los toma con «mirada de futuro y grandeza, para empezar a ser parte de soluciones».
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