La Contraloría General de la República dictaminó que la normativa municipal de Huechuraba impulsada por la ex alcaldesa, Carolina Plaza, que establecía sanciones de cárcel a los apoderados cuyos hijos no asistieran a clases, no se ajustaba a derecho, estableciendo que la municipalidad deberá invalidarla en el más breve plazo.
Esto luego, que en el mes de abril los senadores Jaime Quintana (PPD) y Alejandro Navarro (MAS), solicitaran un pronunciamiento respecto a que la medida provocaba un grave problema de legalidad y no se ajustaba derecho, cuestión que confirmó el dictamen.
El parlamentario de oposición lamentó que personas como la ex alcaldesa Carolina Plaza, «con una considerable falta de criterio jurídico, pretenda ocupar un cargo en el Gobierno, donde podría ser nombrada como Jefa de la División de Organizaciones Sociales (DOS) dependiente de la Segegob, tras renunciar a su cargo».
Además, calificó como un nuevo error del Gobierno el posible nombramiento, indicando que «una autoridad que buscaba penas de cárcel para apoderados, que por distintas circunstancias no enviaban sus hijos a clases, puede transformar la División de Organizaciones Sociales en una escuela de Gendarmería».
Finalmente, Quintana aseguró que «esta ordenanza atentaba contra los principios básicos de nuestro ordenamiento constitucional, ya que la medida sólo buscaba perseguir a los apoderados de establecimientos municipales», agregando que era una medida completamente discriminatoria.
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