La Fiscalía Centro Norte (FCN), la Asociación de Fiscales y la Federación Nacional del Ministerio Público expresaron conjuntamente su rechazo a los cuestionamientos formulados por el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien reprochó la libertad concedida a tres personas vinculadas al crimen del menor Ignacio Galdames, en la comuna de Quilicura.
Por ello la Fiscalía precisó que el día de los hechos el fiscal de turno se constituyó en la 49 Comisaría de Quilicura, donde realizó diversas diligencias destinadas al esclarecimiento del crimen hasta las 04:00 horas de la madrugada.
Se precisó en una declaración de prensa que en el lugar, «tomó declaración al imputado confeso Víctor Rojas Pacheco y a sus acompañantes, los que coincidieron al sindicarlo como autor del disparo. Esta versión concuerda con los exámenes de residuos nitrados practicados por Carabineros, los que descartan que los acompañantes de Rojas hayan disparado o manipulado el arma».
«De acuerdo con los antecedentes disponibles en la Fiscalía, en este caso no se dan los requisitos para establecer participación de los acompañantes del imputado como encubridores del ilícito, toda vez que dicha hipótesis exige que hayan desplegado conductas como intentar esconder el arma usada o al autor del crimen, o beneficiarse económicamente, presupuestos que no se verificaron», consigna la nota de prensa.
Y precisa que las indagatorias efectuadas por el fiscal Jorge Marín en el sitio del suceso, permitió determinar que la totalidad de las armas de fuego y la droga encontrada pertenecían a la madre del imputado, quien fue formalizada y puesta en prisión preventiva al igual que su hijo.
«Esta Fiscalía Regional comparte plenamente las decisiones adoptadas por el fiscal de turno, las que se enmarcan en el ejercicio de sus funciones constitucionales», hace hincapié la declaración. Asimismo, aclara que no es posible atribuir participación en un delito –sea como autor, cómplice o encubridor- sin contar con elementos objetivos para sostener esa pretensión.
APOYO INSTITUCIONAL
Al respecto, la Asociación de Fiscales, junto con objetar las declaraciones del ministro Hinzpeter, sostuvo que como fiscales del Ministerio Público, «ejercemos la persecución penal de acuerdo a nuestro mandato constitucional, ajustados a las leyes y en ese contexto tenemos la obligación de que en cada una de nuestras decisiones esté siempre presente el principio de objetividad».
«De acuerdo a ello, el indicar que un imputado en una investigación solo por «el sentido común» es culpable, tal como lo señala el señor ministro, es absolutamente contrario a la labor que día a día ejercen los fiscales del país. Las investigaciones que se realizan son serias y acabadas, buscando siempre el esclarecimiento de los delitos y sus culpables, pero también cabe la posibilidad de que el resultado de una investigación indique que determinadas personas, de acuerdo a los antecedentes recabados, no tienen participación alguna en los hechos, situación que debe ser indagada de igual forma por parte del fiscal, con igual celo y rigurosidad», indica la declaración del gremio.
La Asociación advierte que lamenta los dichos del jefe de gabinete, pues «pueden confundir a la ciudadanía respecto al real funcionamiento de las instituciones y de los procesos legales».
En tanto la Federación Nacional del Ministerio Público consideró inapropiado que frente a la tarea preventiva respecto de la delincuencia labor propia del Ejecutivo -que hoy se encuentra en tela de juicio por el aumento de los niveles de criminalidad- se intente responsabilizar al Ministerio Público o al Poder Judicial por el fracaso en la política de Seguridad Ciudadana.
«Rechazamos el constante cuestionamiento, carente de contenido, realizado por parte del Sr. Ministro Hinzpeter en lo que dice relación a la labor que debe realizar nuestra institución, pues la escasa información con la que se refiere a investigaciones u operativos en curso, que realizan fiscales y policías, sólo contribuyen a polemizar o desviar la atención de la opinión pública tras las magras cifras en materia de seguridad ciudadana», versa la nota emitida esta tarde.
Y agrega que la actitud de Hinzpeter «no sólo contribuye a generar asperezas entre los actores de la justicia y el gobierno, sino también a aumentar la inseguridad de la ciudadanía y sembrar la desconfianza de las víctimas hacia la Fiscalía de Chile».
La Federación sostiene que es improcedente que un ministro de Estado desprestigie sin fundamentos técnicos la labor de funcionarios o fiscales, «instalando en la opinión pública que los problemas de seguridad ciudadana radican única y exclusivamente en la fiscalía y el Poder Judicial, sin asumir la responsabilidad que el estado y el gobierno tiene en la labor preventiva o en el fortalecimiento de las instituciones que administran justicia».
Por lo antes expuesto instaron al ministro Hinzpeter a: «No utilizar a la fiscalía, el Poder Judicial y los órganos auxiliares de la justicia como una excusa ante la deficiente labor que el estado desempeña en política criminal o prevención del delito; Redoblar los esfuerzos y corregir los errores del ejecutivo que hoy contribuyen al aumento de la delincuencia; e invertir los recursos necesarios para mejorar la crítica situación de personal que afecta al Ministerio Público (y al sistema penal en su conjunto), enviando al parlamento el Proyecto de Fortalecimiento que aumenta el personal de nuestra institución».
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