domingo, 23 de septiembre de 2018 Actualizado a las 17:03

Manuela Gumucio, directora de

Cultura - El Mostrador

'El Estado debe proteger a la ciudadanía de la falta de información plural'

por 29 mayo, 2006

En medio de la amenaza de cierre del Diario Siete, recrudece la polémica acerca de quién custodia la necesaria pluralidad informativa. Marcelo Contreras, otro de los directores de Fucatel, coincide con Gumucio en que parte de ese papel debería canalizarse a través de la inversión publicitaria estatal, cuya desproporción -en favor de El Mercurio y Copesa- está demostrada en cifras.
  • Compartir
  • Twittear
  • Compartir
  • Imprimir
  • Enviar por mail
  • Rectificar

Varios días sin salir a la venta y una huelga indefinida de trabajadores. La amenaza de cierre de Diario Siete ha reflotado la sempiterna discusión acerca del papel del Estado para garantizar la necesaria pluralidad de los medios de comunicación y de la (in)capacidad del mercado para permitir la existencia de diversos medios sin tender a la concentración en pocas manos.



Temas que saltan a la palestra una y otra vez, a propósito del cierre de revista Apsi, del diario La Época, de la revista Rocinante. Y siempre el tema es el mismo: quién custodia que la diversidad informativa no dependa únicamente de criterios comerciales, cómo se articula una política de Estado al respecto y si es o no pertinente que eso suceda.



Hace algunas semanas, un muy poco divulgado estudio del Observatorio de Medios Fucatel sobre avisaje estatal en medios de comunicación reveló que, en la mayoría de los casos, la publicidad del Estado ayuda a profundizar esa concentración, puesto que no está repartida ni con criterios de estimular el pluralismo ni de mercado.



El reparto de la torta



El estudio, que comprendió avisaje en televisión, prensa, revistas y vía pública, reveló que las empresas estatales analizadas (Polla y BancoEstado) se guían por criterios de mercado a la hora de asignar su inversión publicitaria, lo que no ocurre con los servicios públicos y ministerios. Según la investigación, el 82% de la inversión publicitaria del Estado recae en la televisión y en la prensa impresa en papel.



En el caso de la televisión, la mayor parte de los recursos publicitarios se destinan a Televisión Nacional, con más del 50%, superando a Canal 13 y Mega, con 15% cada uno, y Chilevisión, con el 10%.



En cuanto a la prensa impresa en papel, el 48% de la inversión está concentrado en los medios de Empresas El Mercurio, el 29% en el grupo Copesa, un 12% en Publimetro, y un 9% en el diario estatal La Nación. El Observatorio llamó la atención por el comportamiento que tuvo la inversión de los ministerios de Hacienda, Planificación, Interior, Justicia, Salud y de la Fiscalía Nacional. Según el reporte, existe una excesiva concentración de recursos en El Mercurio, en algunos casos por sobre el 70% (Hacienda, Planificación, Justicia y Fiscalía).



En general, explican en Fucatel, la repartición de avisaje presenta varias paradojas: no se corresponde con los índices de lectoría y venta, y tampoco parecen responder a estrategias específicas para llegar a público especializados.



"La tendencia al desequilibrio es demasiado gruesa"



En el Observatorio de Medios, Marcelo Contreras, director de la entidad y ex responsable de la revista Apsi, y Manuela Gumucio, directora general, coinciden en que hay ciertos desequilibrios difíciles de explicar. Saben que los criterios de avisaje pueden responder a diferentes variables, pero aun así persiste la sensación de que no existe una preocupación real por la diversidad editorial, a diferencia de otros países.



Por estos días, organizan una reunión junto con representantes de ministerios y empresas públicas, de modo de iniciar un trabajo coordinado que permita explicar el comportamiento en esta área. "La tendencia al desequilibrio es demasiado gruesa, aunque tal vez conversando caso por caso podríamos encontrar razones", explica Manuela Gumucio, al inicio de esta entrevista a ella y a Contreras.



-¿La proporción está alterada respecto de lo que debería ser? ¿y cómo se define lo que debería ser?
-M.G.: La publicidad del Estado no es tan enorme -6% del total en el 2006-, pero estamos hablando del aparato público, que debe tener mucho cuidado con lo que hace con sus recursos. Pero no hay una conciencia en el Estado de que es su rol garantizar que haya pluralismo democrático. Tampoco en una lógica puramente de mercado se están haciendo las cosas bien -en general-, aunque sí hay reparticiones que tienen muy equilibradas sus inversiones. A veces tienes que llegar a públicos específicos, y ahí es donde hay mucha incongruencia. Organismos que a veces tienen necesidad de llegar a sectores populares publican exageradamente en El Mercurio. Aunque podamos corregir la percepción en algunos casos, resulta demasiado sistemático y grotesco casi en todos los casos.



- En el caso de la televisión -que es abierta, y el acceso a ella es gratuita-, la concentración de publicidad es menos visible, pero en el caso de la prensa resulta más drástico, porque es un aliciente a los monopolios.
-M.G.: Exactamente. Hay una inversión demasiado grande en El Mercurio y Copesa, y se deja fuera a medios como el Publimetro, que es gratuito. Eso llama la atención, y te permite concluir que si sólo operan términos de mercado, tampoco opera bien la cosa. El segundo gran tema es que si se hiciera una política de Estado fomentar y apoyar la inserción de nuevos medios, o de medios que representan pensamientos minoritarios -como la Punto Final o la Rocinante-, con muy poco esfuerzo se podrían sostener. Se cierra Rocinante, todo el mundo sabe que es grave, se produce una cierta alerta y no pasa nada; se cierra el diario Siete y de nuevo no pasa nada. Si el Estado no protege a la ciudadanía de la falta de información plural, o de la parcialización, la ciudadanía no se va a proteger sola, va a ser la ley del más fuerte.



-¿De qué modo habría podido ayudar a diarios como Siete -o La Época, en otro momento-, o a revistas, el hecho de que el Estado avisara de manera más repartida?
-M.G.: En el caso específico de Diario Siete, si un 10% de la publicidad del Estado se les hubiese dado, habrían vivido. La gente de ese medio tocó desesperadamente puertas, y es muy difícil estando en una lógica de eficiencia de los recursos -que tampoco es tanta-, que se cambie la mentalidad. Tal vez podría haber una política centralizada en este sentido, un instructivo del Estado, pero esas cosas son muy complicadas, porque podría ser una falta de respeto con cada una de las reparticiones. El gran tema de fondo es la priorización, el énfasis, la importancia que el Gobierno da a este tema.



¿Subsidios discriminatorios?



--No es un secreto que la prensa nacional hegemónica tiene una tendencia política determinada, por lo tanto al Estado -y también al Gobierno- le conviene asegurarse la existencia de medios informativos independientes.
-MG: Exacto. Además, no es cierto que el Estado haya sido independiente frente a los medios.
-M.C: En el año 89, El Mercurio tenía una deuda de más o menos 100 millones de dólares ante el Banco de Estado, y Copesa tenía 60 millones de dólares. El gobierno de la época vendió esa deuda al Banco de Chile como deuda incobrable, con un 65% de descuento, a 35 años plazo, sin intereses. Eso es una forma de regalar la plata, es un subsidio muy fuerte. Y ese no es el único subsidio a medios de comunicación en Chile: los medios que pertenecen a la iglesia Católica, por ejemplo, no pagan IVA. Eso es un subsidio del 19% de sus ventas. La Nación recibe un subsidio de 1500 millones pesos al año del diario oficial, y además es una de las más favorecidas por el avisaje estatal.



-Cuesta entender los criterios. Si sólo fuera un tema de cercanía con el Gobierno, se entendería el favorecimiento de La Nación y TVN; sin embargo, no se entiende por qué el 70% del avisaje del Mideplan, el Ministerio de Justicia, el de Salud y el de Hacienda, entre otros, van a El Mercurio.
- M.C.: Sí. En los hechos, no es que el Estado prescinda de los subsidios: entrega algunos de modo discriminatorio. Lo que hay que tener es un debate acerca del papel que cabe al Estado -también en términos de recursos- para garantizar distintas perspectivas editoriales. Lo otro tiene que ver con el papel de los medios del Estado para equilibrar a los privados, y eso también ha sido eludido: TVN, porque tiene que financiarse, opera igual que los canales comerciales, y La Nación para qué decir: no es un diario estatal, sino un diario de Gobierno, con muy baja credibilidad y una situación de venta bajísima, que no justifica la inversión que hace el Gobierno en ese medio.



-¿Qué tendencia se ha detectado en el Estado en invertir en nuevos medios? Uno tiene la sensación de que la inversión es tradicional; ¿qué pasa con los medios electrónicos, con las revistas, con canales regionales?
-MG: Entre nuestras conclusiones está la sensación de que se actúa con un "piloto automático", de que no se tiene una verdadera inquietud por diversificar para llegar al público. Por ejemplo, es muy extraño que no se use Publimetro, que es un diario gratuito que llega a sectores populares.
-MC: Uno no se explica por qué algunos ministerios sociales, que se focalizan en sectores populares, avisan tanto en El Mercurio, que esos grupos no leen, como está demostrado. Una razón es que las empresas de publicidad en las que se apoyan tienen criterios tradicionalistas. Lo segundo, es que algunos ministerios podrían avisar buscando, colateralmente, tener cobertura en ese medio. Lo tercero es 'siempre se ha hecho así', y que no hay criterios técnicos que modifiquen eso.

Consulte el estudio de Fucatel aquí

Compartir Noticia

Más información sobre El Mostrador

Videos

Noticias

Blogs y Opinión

Columnas
Cartas al Director
Cartas al Director

Noticias del día

TV