Shearman & Sterling fue contratado para revisar si la minera incumplió normas anticorrupción de EE.UU. Tras una investigación de nueve meses, no encontró evidencias al respecto, pero tampoco lo descarta. No tiene opinión sobre el financiamiento irregular de la política porque no fueron contratados para eso. Sí sostiene que el origen del caso radica en Patricio Contesse, aunque ignora sus motivaciones, ya que este no colaboró en el proceso.
Mucho ruido y pocas nueces. Esa es la sensación que deja el trabajo que realizó el famoso bufete de Wall Street Shearman & Sterling. Tras haber sido contratado por el directorio de la minera para revisar si la compañía incumplió las normas anticorrupción de EE.UU., los abogados no encontraron evidencias de actos de sobornos a políticos, a pesar de que no descartan que la empresa haya incurrido en hechos corruptos.
Su informe será enviado el 7 de enero a la SEC, regulador del mercado norteamericano, y ya lo tienen en su poder el Ministerio Público y la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). El bufete fue contratado para revisar dos cuestiones específicas: si la compañía había hecho algún pago definido como corrupto para los efectos de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA); y si había incumplido disposiciones contables de acuerdo a lo prescrito en el FCPA. Si bien sobre este último ítem halló irregularidades, no encontró evidencias respecto del primero.
Sobre cualquier otra arista en relación con las platas políticas de SQM, dicho bufete no tiene opinión. No fue contratado para otra cosa que los dos propósitos mencionados. De esta manera, un contexto donde ayer Marco Enríquez-Ominami fue a declarar a la Fiscalía, ya que se presume el recibo de unos $360 millones por parte de la minera, con personajes vinculados a la Nueva Mayoría como Giorgio Martelli o el senador Fulvio Rossi siendo investigados, además de una larga lista de nombres de la Alianza, resulta una materia irrelevante para la labor del equipo jurídico de Wall Street.
Para Shearman & Sterling, un acto de soborno se materializa cuando hay un intercambio de intereses entre una compañía y un político, sobre la base de lo establecido en la FCPA. En este caso, al no encontrar evidencias de que los US$11 millones en boletas irregulares que se le imputan a SQM tuvieron como destino el pago de “favores políticos”, sostiene no reconocer actos de soborno y corrupción.
El bufete contó con el apoyo del Grupo Vial/Serrano Abogados y FTI Consulting, firma experta en investigaciones forenses, levantamiento y administración de documentos. Su investigación tomó nueve meses, período en el cual se recopilaron más de 3,5 millones de documentos y de estos se seleccionaron para revisar cerca de 930 mil. Fueron entrevistadas 24 personas –directores y ex directores, además de ejecutivos principales de SQM, empleados relevantes de esta y Julio Ponce, ex presidente de la minera–; y se realizó un análisis forense de la contabilidad de la Compañía a partir del año 2008. El ex gerente general de la firma, Patricio Contesse González, fue solicitado para dar su testimonio, al igual que su hijo Patricio Contesse Fica (ex director), pero se negaron. ¿Por qué? No lo sabe el actual mandamás de la minera, Juan Antonio Guzmán.
El Mostrador Mercados conversó con Guzmán y otros ejecutivos vinculados a dicho procedimiento, pero que prefirieron mantenerse en el anonimato. El consenso es que la firma no incumple lo dispuesto en la FCPA norteamericana, pero ¿qué pasa con Chile? “Eso lo tendrá que decidir la Fiscalía. Estamos absolutamente llanos y abiertos a entregar toda la información que requieran la Fiscalía y la SVS. Se les aclaró a ambos que quedamos a su entera disposición”, dice el actual presidente de la minera.
¿Por qué solo en EE.UU. se tomó la decisión de contratar un bufete y no acá? En dicho país, cuando una empresa tiene problemas, es normal que acuda motu proprio a un asesor externo para revisar el caso. En Chile, dicen, son las autoridades las que investigan. En EE.UU. la autoridad tiene dos caminos: investigar por sí misma o que la compañía se autoinvestigue a través de terceros.
Otra tesis consensuada es que todas las irregularidades nacieron del centro de costos de la compañía, administrado por Contesse González. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Solo en esa área habría existido un sistema que le permitió al ex gerente de SQM ejercer estos pagos. Si Shearman & Sterling no encontró evidencias de soborno, ¿cuáles eran las motivaciones del ex ejecutivo entonces? Una incógnita todavía misteriosa, ya que este no quiso hablar.
¿Qué pasa con el rol de Julio Ponce? “Sí, se entrevistó y se le revisó su computador”, dice Guzmán.
En definitiva, Shearman & Sterling sostiene que no encontró evidencias de sobornos a políticos, lo cual no quiere decir que no haya actos de corrupción, una cuestión que no dice mucho, considerando que dicho bufete, por ejemplo, no revisó grabaciones telefónicas. ¿Por qué? Porque solo la autoridad judicial puede autorizar interferirlas, pero en la firma advierten que el tema de fondo es que el Ministerio Público tampoco podría encontrar evidencia de ilícitos relativos a actos de corrupción en el sector público.
Medidas de SQM
La minera informó durante la tarde sobre distintas medidas que ha adoptado tras conocerse el estallido del caso de platas políticas. Además del despido de Contesse González, la firma comunicó que efectuó rectificaciones tributarias ante el SII; creó un comité de gobierno corporativo de SQM; separó y fortaleció el equipo y responsabilidades de las áreas de auditoría interna y de compliance, ambas reportando al directorio de SQM y, la última, además, a la gerencia general; y contrató a KPMG para los procedimientos de aprobación de pagos de SQM; además de una reformulación del Código de Ética de la compañía.
