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Multitudinaria marcha en favor de nueva Ley de Medios en Argentina

por 28 septiembre 2010

Multitudinaria marcha en favor de nueva Ley de Medios en Argentina
El gobierno argentino ratificó que los grandes grupos multimedia del país deberán desprenderse de canales y radios en el plazo de un año para adecuarse a la nueva legislación, cuya reglamentación puso en vigor el pasado día 1 de septiembre a pesar de fallos judiciales que han frenado la normativa.

Organizaciones políticas y sociales de Argentina reclamaron este martes que se garantice el cumplimiento de la nueva Ley de Medios Audiovisuales, aprobada hace casi un año en el Parlamento y frenada por diversos fallos judiciales.

Bajo la consigna "La Ley de Medios es para todos, para los monopolios también", los manifestantes se concentraron frente al Obelisco de Buenos Aires y desde allí marcharon hacia la sede los tribunales, donde hicieron un acto.

Luis Lázaro, coordinador de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (organismo de control), consideró que las medidas cautelares dispuestas por jueces del interior del país "buscan comprar tiempo y apuestan al desgaste político y a un recambio del Gobierno".

"(Los grandes grupos multimedia) Quieren recuperar las condiciones que han tenido históricamente, a partir de oscuras negociaciones con los Gobiernos de turno, impidiendo que el Congreso avanzara con una ley", destacó.

Por su parte, el titular de la Federación Argentina de Radios Comunitarias y miembro del Consejo Federal de Radiodifusión, Néstor Busso, explicó que la manifestación tiene como objetivo "reforzar el poder de la Corte Suprema", que tiene bajo estudio una de las causas presentadas en contra de la aplicación de la norma.

"Hoy salimos a la calle para reforzar el poder de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, el máximo tribunal del país tiene toda la fuerza y todo el apoyo popular para hacer cumplir la ley", indicó.

El titular de la Autoridad Federal del Servicio de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto, sostuvo que la marcha no pretende "presionar a los jueces" sino que es "a favor" de la nueva normativa, que sustituyó a otra que databa de la última dictadura (1976-1983).

"Venimos a reclamar que la Justicia sea para todos", consideró Mariotto.

El gobierno argentino ratificó que los grandes grupos multimedia del país deberán desprenderse de canales y radios en el plazo de un año para adecuarse a la nueva Ley de Medios Audiovisuales, cuya reglamentación puso en vigor el pasado día 1 de septiembre a pesar de fallos judiciales que han frenado esa normativa.

Entre otros puntos, la ley establece que una empresa no puede tener más de 10 licencias de radio y televisión, 14 menos que el límite legal anterior, medida rechazada por los grupos multimedia, entre ellos Clarín, el mayor del país, que es blanco de ataques del Gobierno en un enfrentamiento que se agudizó en los últimos meses.

También dispone que una misma compañía no puede ser dueña de un canal de televisión abierta y de uno por cable en una misma localidad, además de prohibir el acceso de compañías telefónicas a los medios audiovisuales por cable.

La ley fue aprobada por el Parlamento en octubre pasado en medio de críticas de la oposición política, pero algunos artículos están suspendidos por ordenes judiciales, entre ellos el que fija un plazo de un año para que los grandes grupos multimedia se desprendan de radios y canales de televisión para adecuarse al nuevo cupo de licencias.

El Gobierno de Cristina Fernández presentó la semana pasada una demanda judicial por presuntas ilegalidades en la venta de la fábrica de papel de periódicos Papel Prensa a los diarios Clarín y La Nación, los de mayor tirada del país, durante la dictadura.

Clarín y La Nación han denunciado que son objeto de "persecución" y "hostigamiento" por parte del Gobierno, al que acusan de "falsear" la historia de la venta de Papel Prensa, que se concretó en noviembre de 1976, varios meses antes de que miembros de la familia Graiver, antiguos dueños de la empresa, fuesen secuestrados por el régimen militar.

El Gobierno también ha cancelado la licencia como operadora de internet a la firma Fibertel, fusionada con Cablevisión, del Grupo Clarín, por incumplimientos en la normativa de telecomunicaciones, cargos que rechaza el conglomerado de medios en un litigio que se dirimirá en los tribunales.

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