Desde la discusión de la ley ambiental durante el periodo Aylwin, los gobiernos de la Concertación han mantenido una tensa y conflictiva convivencia con los asuntos ambientales y con las obligaciones que introdujo la ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente.
Esta tensión mayoritariamente se ha resuelto subordinando la protección del medio ambiente y de la salud de la población a la concreción de los proyectos de inversión. El periodo Frei fue una clara muestra al respecto. Durante los primeros tres años de su gobierno se aprobó el 95% de los proyectos sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental y durante el año 1997 se dio luz verde al 100% de ellos. Esta sorprendente situación no se debió a que los proyectos fueran totalmente inocuos al ambiente, sino porque la voluntad política del gobierno fue priorizar las actividades económicas por sobre la protección del ambiente.
En algunos casos, como el Proyecto Trillium en Tierra del Fuego o de Celulosa Arauco en Valdivia, los proyectos fueron aprobados por las Comisiones Regionales del Medio Ambiente -instancia política encabezada por el Intendente- en contra de las recomendaciones de sus propios técnicos. En otros casos como la represa Ralco en el Alto Bio Bio, el proyecto se aprobó vía adendum en un clima de fuerte presión del Ejecutivo desde la Moneda. El proyecto Ralco se convirtió en el proyecto emblemático de la administración Frei, no sólo por las irregularidades a través de las cuales se le concedió la aprobación ambiental, sino porque también se violó la Ley Indígena, ambos códigos tal vez los más importantes elaborados durante los gobiernos de transición.
La obsesión de la administración Frei por aprobar las inversiones a cualquier costo, fue homologada por sectores de la opinión publica con la política ambiental del periodo militar, donde se ofrecía expresamente a los inversionistas extranjeros las ventajas de un país sin regulaciones ambientales. Por ello, desde la perspectiva ambiental, la asunción de un nuevo gobierno en marzo del 2000 significaba la posibilidad de mejorar la situación.
Sin embargo hoy, a dos meses de asumido el gobierno de Ricardo Lagos se empieza a perfilar un peligroso continuismo.
