El país está tomando conciencia en las semanas recientes de la gravedad de la situación económica: todo indica que la recuperación se ha desacelerado, poniendo en grave riesgo la situación de miles de empresas, principalmente pequeñas y medianas, y manteniendo elevadas tasas de cesantía, las cuales, según cifras oficiales, bordean actualmente el 10%.
Chile ha caído parcialmente en la conocida «trampa presupuestaria» que ya se vivió en Estados Unidos durante la Gran Depresión de los años ’30.
En 1932, el Presidente norteamericano Herbert Hoover decidió aumentar radicalmente los impuestos para equilibrar un presupuesto deficitario por la crisis. El resultado fue que en 1933 la crisis se profundizó, llegándose al punto más agudo de la depresión, por el efecto contractivo de la decisión. Sin que se consiguiese tampoco equilibrar el presupuesto, dado que numerosos ingresos tributarios dependen del nivel de actividad económica.
En el caso de nuestro país, existe amplio consenso entre economistas de diversas tendencias respecto de atribuir a políticas económicas seguidas durante 1997 y 1998 -en cuyos aspectos contractivos la principal responsabilidad correspondió en ese momento al Banco Central- la gran responsabilidad por la gravedad de la recesión que sobrevino entonces sobre la economía chilena.
Como se sabe, el Banco Central mantuvo políticas expansivas en el curso de 1997, cuando todo indicaba que la economía estaba recalentada y por el contrario, su política se tornó fuertemente contractiva durante 1998, precisamente en el momento en que la economía se adentraba en el período recesivo.
En esos momentos la situación pudo ser peor de no mediar una política de déficit presupuestarios. El equipo económico del nuevo gobierno, sin embargo, ha adoptado políticas fiscales fuertemente contractivas, las cuales son, en la actualidad, las principales responsables del estancamiento de la recuperación económica.
Cómo salir de la trampa
El costo económico y social de la lenta reactivación ya es muy alto. Es urgente producir un viraje. Pero para ello debe salirse de la trampa de privilegiar las cuentas presupuestarias a todo evento.
En su cuenta anual ante el Congreso Pleno, el Presidente Ricardo Lagos reiteró que el gobierno no usará mecanismos de política fiscal y no cambiará la regresividad de la estructura tributaria, desoyendo las voces en tal sentido que han surgido al interior de la propia Concertación.
El objetivo prioritario de su manejo fiscal es generar «un superávit estructural equivalente a un 1% del PIB a partir del presupuesto del año 2001» en adelante (22/5/00). En el 2000, de acuerdo a las estimaciones divulgadas por el Banco Central en su Informe Monetario, se producirá nuevamente un déficit ascendente al 0,5% del PIB, como consecuencia siempre de la fase recesiva vivida por la economía.
«La responsabilidad fiscal -enfatizó el Presidente Lagos en su exposición- es una condición básica para la reactivación …».
Pero, en verdad, al privilegiarse los objetivos de equilibrio presupuestario se redujeron las posibilidades de una reactivación más rápida y, en particular, se postergó o no se enfrentaron agudos problemas, entre los cuales sigue siendo el más dramático la situación de los centenares de miles de chilenos desocupados entregados a su suerte.
Paralelamente, en materia de ingresos fiscales, la formulación presidencial se limitó a anunciar la puesta en marcha de «un plan para reducir la evasión tributaria, plan -agregó- que tiene que recaudar como mínimo US$800 millones anuales a partir del año 2005». Sin duda, disminuir la evasión es un propósito loable. De alcanzarse el objetivo propuesto -en un país con niveles de evasión que el Presidente Lagos cifró en su intervención en US$4.000 millones- mejora la equidad horizontal y vertical de la estructura tributaria.
Sin embargo, es una medida insuficiente, de no enfrentarse los múltiples resquicios legales que permiten no tributar, incluidos los numerosos mecanismos ideados con este propósito en los años de dictadura que todavía permanecen vigentes, y no generarse nuevos ingresos, modificando la regresividad de la estructura impositiva. En estricto rigor sólo los trabajadores, a quienes se les descuenta por planilla, terminan cancelando los porcentajes de impuestos establecidos.
La lógica de la política seguida, como lo manifestó el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, es «dar confianza a empresarios e inversionistas» (26/5/00).
Actuando en esa dirección propuso incluso darle «un status legal» al superávit estructural fiscal, transformándolo en un instrumento obligatorio a futuro. Se generaría, de esa manera, un nuevo «amarre».
El gran empresariado, expresándose críticamente sobre muchos aspectos del mensaje presidencial, expresó -como constató «El Mercurio» (23/5/00)- su satisfacción con «la austeridad fiscal y la mantención del sistema tributario». A su vez, el director del Instituto Libertad y Desarrollo, Cristián Larroulet, calificó la búsqueda del superávit fiscal como «una de las cosas más valiosas» del mensaje presidencial (24/5/00).
Obviamente, esta política no pone en el mismo plano los problemas concretos de las personas o espera resolverlos fruto de los «chorreos» que proporcione el gran empresariado.
Para el decano de la neoliberalista Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica, Francisco Rosende, «es falso que los impuestos y el gasto fiscal contribuyan a mejorar la distribución de los ingresos», en consecuencia esa tarea debe dejársela -en su opinión- al mercado, aunque la evidencia empírica demuestre que por este camino la distribución del ingreso no ha experimentado mejoramientos e incluso se deteriora.
La estructura tributaria chilena se caracteriza porque porcentualmente pagan más quienes tienen ingresos menores, lo cual rompe con los principios de equidad más elementales. En Chile, la distribución del ingreso es más regresiva después, que antes de pagarse impuestos. A pesar de esta realidad inadmisible, el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, sostiene públicamente que «el sistema tributario hoy en día en Chile es razonablemente bueno» (6/5/00).
El gobierno no tiene iniciativas en materia tributaria, aunque el ministro de Hacienda reconoció que este año «no hay recursos, estoy dibujando en el aire y la situación es bastante dramática».
Más aún, compromisos contraidos durante el gobierno anterior no se cumplen. El diputado democratacristiano Pablo Lorenzini -presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados- le recordó al propio ministro el acuerdo de entregar recursos al sector rural para la reprogramación de deudas, a lo que el secretario de Estado simplemente le respondió que no existían fondos para hacerlo. Ello no es óbice para que se trabaje en la eliminación de los impuestos a las ganancias que deben pagar los extranjeros no residentes en el país.
Ante esta realidad de estrechez fiscal, el senador Carlos Ominami -presidente de la Comisión de Hacienda del Senado- reiteró la necesidad de estudiar una reforma tributaria que permita obtener recursos. Al mismo tiempo, criticó el calendario de recuperación del superávit público defendido ardorosamente por el ministro de Hacienda, el cual fue, finalmente respaldado por el Presidente Lagos en su exposición ante el Congreso Pleno.
La carencia de políticas fiscales conduce a que el manejo macroeconómico se reduzca en la práctica a las iniciativas impulsadas por el Banco Central, las cuales privilegian en forma unilateral los objetivos anti-inflacionarios.
En su Informe Monetario de mayo, el instituto emisor no se coloca siquiera en la situación -al diseñar su política para los próximos 24 meses, o sea hasta mayo del 2002- de que reaparezca el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, alternativa absolutamente posible, dado que los factores estructurales que lo llevaron a niveles muy altos durante 1998 no han sido enfrentados. Por el contrario, este desequilibrio se hizo aún más factible que reaparezca al procederse a abrir de manera extrema la cuenta de capitales.
El país no debe renunciar a tener políticas fiscales. El equilibrio presupuestario no puede transformarse en el gran objetivo a todo evento. La regresión tributaria debe modificarse. El gasto público debe transformarse en un arma para enfrentar las inequidades, para lo cual se requiere ser capaces, a la vez, de generar recursos.
Análisis: La recuperación se desacelera
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Hugo Fazio, es académico de la Universidad Arcis y director del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda)
