Es valorable el resultado del último informe de Transparencia Internacional que coloca a Chile en un lugar medio-alto como país con baja corrupción. Pero al igual que el Presidente de la República, considero que es posible implementar medidas para fortalecer este atributo del país, que tiene implicancias en su competitividad y en la dignidad de su democracia. Algunas de estas iniciativas que deben ser consideradas en las agendas de reformas y cambios culturales, son las siguientes:
– En el nivel municipal, ampliar la labor fiscalizadora de la Contraloría a las corporaciones municipales de servicios traspasados, las que en algunos casos muestran manejos irresponsables en sus gastos y no cumplimiento de compromisos previsionales. Así como los municipios no pueden excederse del 35% en gasto en personal, estas corporaciones debieran tener un límite en gasto administrativo para alentar su eficacia y transparencia.
– En el mismo nivel, es urgente eliminar el requisito de firma de dos concejales para acusar de notable abandono de deberes a un alcalde que ha incurrido en irregularidades administrativas ante los Tribunales Electorales Regionales. Si la Contraloría detecta irregularidades, automáticamente los TERs debieran conocer las mismas y actuar en consecuencia. Hay casos de graves faltas donde ediles cooptan concejales para evitar acusaciones o alcaldes que niegan los informes a los concejales.
– En el ámbito privado debe prohibirse el uso de regalías para la consecución de clientes, práctica que ha incubado una tradición de corrupción en especial en la venta de intangibles.
– Debe aprobarse la legislación para crear en Chile la institución del Defensor del Pueblo como ente expedito para tramitar causas anti-corrupción, abusos y engaños.
– Es urgente un acuerdo para financiar en su funcionamiento mínimo la actividad política, en especial las campañas, provocando con ello un triple efecto de mayor democracia (muchos candidatos se inhiben por la imposibilidad de financiar campañas, oligarquizando la política), mayor transparencia (en las donaciones de privados se esconde una práctica de evasión tributaria) y menos lobby ilegítimo (la necesidad de los candidatos de concurrir al apoyo privado sin conocimiento de los ciudadanos facilita el tráfico de influencias).
La totalidad de las democracias avanzadas que obtienen calificaciones sobre ocho en los informes de Transparencia Internacional, tienen leyes de financiamiento público, conocimiento de las donaciones de empresas o particulares a las campañas y legislación para limitar el gasto electoral, evitando el despilfarro y abuso por parte de candidatos con vínculos al poder fáctico de los grupos económicos. Los sectores de derecha que han apoyado leyes contra la corrupción y que fiscalizan contratos o asesorías del sector público, legítimamente, deben allanarse a romper el doble estándar de negarse a transparentar y regular el financiamiento a la política en Chile.
El argumento de que el financiamiento público afecta el gasto social es un contrasentido al observarse los cientos de millones de pesos que se evaden y concurren al financiamiento de las campañas actuales. Lo que se postula es un aporte mínimo a las campañas y transparentar el origen de los aportes, para que el ciudadano pueda conocer los intereses que representan los candidatos cuando los hubiere.
