Dar participación a los mismos discapacitados y sus organizaciones en la elaboración de planes y programas relativos a la discapacidad, así como en la evaluación de su ejecución; establecer subvenciones y becas para la educación superior dirigidas específicamente a personas con algún impedimento; subvencionar la capacitación, contratación de mano de obra y la adecuación del lugar de trabajo para estas personas; consagrar la discriminación positiva en empleos proporcionados por el Estado, asegurando un mínimo de cupos para discapacitados; otorgar franquicias aduaneras y tributarias a medicamentos, alimentos especiales y ayuda técnica para los discapacitados, y muchas otras que sería largo de enumerar, son algunas de las recomendaciones efectuadas recientemente por el Senado para aliviar un problema que aqueja a más de medio millón de personas en Chile.
El Estado aborda el tema de los discapacitados a través del Fondo Nacional de la Discapacidad (Fonadis), persona jurídica de derecho público que administra los recursos que establece la Ley N° 19.284, y los asignados anualmente en la Ley de Presupuestos, con la finalidad de contribuir a la integración social de sus beneficiarios y propender a asegurarles igualdad de oportunidades.
Los recursos se destinan principalmente a financiar la adquisición de ayudas técnicas, a través de convenios con entidades estatales o privadas sin fines de lucro, y planes, programas y proyectos orientados a la prevención, diagnóstico y rehabilitación de las personas con alguna discapacidad. No obstante, a todas luces estas acciones son insuficientes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos promovida por las Naciones Unidas proclama algunos derechos inherentes a los impedidos, entre los que destaca el respeto a su dignidad humana, y gozar de los mismos derechos civiles y políticos que cualquier ciudadano. Señala también expresamente que los impedidos deben ser protegidos contra toda discriminación, explotación y trato abusivo o degradante.
Por nuestra parte, proclamamos que el mecanismo auténticamente eficaz para promover la integración educacional, laboral y social de las personas con discapacidad es el cambio cultural. El enfoque actual es asistencial, paternalista y centrado en los aspectos biomédicos. Abogamos por un cambio que implique educar para la tolerancia, el respeto por las diferencias y la no discriminación, reconociendo en el discapacitado su condición de persona y de ciudadano, asegurándole la oportunidad de ejercer en plenitud sus derechos y deberes.
Por otra parte, debemos estar conscientes que la discapacidad es una realidad social que impacta a la familia y a la comunidad, lo que genera la necesidad de definir políticas públicas a nivel nacional y comunal. Para ello las organizaciones que agrupan a los discapacitados celebraron recientemente, con nuestro sincero y leal respaldo, su Octavo Encuentro Nacional.
Las conclusiones del trabajo realizado en el Senado son importantes y establecen una serie de medidas tendientes a hacer frente a este problema, tanto en su diagnóstico como en recomendaciones tendientes a enfrentarlo como sociedad, por lo que las hemos hecho llegar a las autoridades y organizaciones relacionadas. De esta forma damos cumplimiento a una aspiración ciudadana que se expresa cada año durante los días de la Teletón, a fin de lograr la plena inserción social de estas personas que aún está pendiente.
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