El show de pereza política en esta crisis ha sido total, desde el colector de Bilbao a medio andar en la época de la manu militari a esos intendentes dedicados a los partidos de alto riesgo, a los ministros haciendo colectas para el único zoológico a cargo de un gobierno central entre las megápolis del siglo 21, pasando por esos alcaldes que quieren ser presidentes y no juegan ni el mínimo rol en el desastre colectivo de la megaciudad.
La crisis se desata cada año hasta hacernos caer en una suerte de sopor colectivo: los mismos discursos, anuncios, críticas de mala fe, frivolidad para no reconocer el fondo de los temas. Falta estado -políticas públicas- en la única ciudad de relevancia de los países emergentes del mundo y de toda América Latina que no cuenta con un gobierno metropolitano. El resto es seguir en la comedia, casi sainete, de dispersión institucional, falta de corresponsabilidad y ausencia de recursos.
Los graves problemas del Gran Santiago están archidiagnosticados y son evidentes. Se refieren a las funciones de los gobiernos metropolitanos en todo el mundo civilizado, que en nuestro caso están dispersas entre los pequeños municipios de la megaciudad (sobre 30), en las decenas de comisiones interministeriales (ese gobierno central que trata de ocuparse de todo, al estilo decimonónico) o en la ausencia de respuesta pública (como el hecho cotidiano de tener grúas de emergencia estacionadas en las grandes arterias cuando hay un choque o un auto en pana, mientras los tacos duran más allá de la paciencia).
En Bogotá, Sao Paulo, Curitiba, Buenos Aires o Ciudad de México (estas dos últimas ciudades comenzaron en la última década a elegir a la autoridad metropolitana o del área central de la ciudad), París o Barcelona (desde gobiernos generales de la ciudad a coordinaciones institucionales efectivas y por ley) se cuenta con autoridades metropolitanas que se hacen cargo de: (a) los colectores de aguas lluvias; (b) las vías estructurantes, cuyo buen manejo sobrepasa con creces la mera concesión de cinco vías; (c) los parques interurbanos (no hay nada más penoso que el desastre ambiental del Ejército en Chena, el siempre anunciado arreglo del cerro Blanco, la decadencia de Cerros de Renca, el deterioro de la Quebrada de Macul, por citar algunos); (d) la gestión integrada de transporte (la propiedad y/o gestión sobre el metro, puntos nodales, sistemas de buses); (e) coordinaciones para seguridad ciudadana; (f) redes hospitalarias; (g) consorcios universitarios; (h) fomento productivo y empleo regional; (i) control y gestión ambiental; (j) planificación territorial y planes de densificación, y (k) disposición final de la basura y reciclaje.
Son algunas de las cosas que andan mal en Santiago, como en otras áreas metropolitanas y conurbadas de Chile (como el cordón de Valparaíso-Viña a Quilpue-Villa Alemana, de Tomé-Talcahuano-Concepción a Coronel-Lota, Coquimbo-La Serena, o Rancagua-Gultro-Machalí).
Un aspecto clave de los gobiernos metropolitanos es redistribuir recursos al interior de la megaciudad, por razones obvias: no se soporta una ciudad dividida entre los estándares europeos de avenida Kennedy y el abandono tercermundista galopante de General Velásquez. No se saca nada con lavar las calles en el centro y del barrio alto si el cerro Chena o los peladeros de Pudahuel no dejan de generar polvo.
Los gobiernos metropolitanos funcionan con porcentajes de los recursos municipales y con tributos por mejoras o sobretasas para los impuestos prediales con metas específicas (como la construcción de colectores de aguas lluvias), y sobre todo con un gobierno central que comparte los impuestos a la renta y al IVA con sus gobiernos regionales y les delega poderes reales, no meras coordinaciones insustanciales.
El show de pereza política en esta crisis ha sido total, desde el colector de Bilbao a medio andar en la época de la manu militari a esos intendentes dedicados a los partidos de alto riesgo, a los ministros haciendo colectas para el único zoológico a cargo de un gobierno central entre las megápolis del siglo 21, pasando por esos alcaldes que quieren ser presidentes y no juegan ni el mínimo rol en el desastre colectivo de la megaciudad.
Lo peor son esos populistas antiimpuestos que rasgan vestiduras y no aceptan que los problemas estructurales requieren respuestas sustanciales, recursos y gobiernos al nivel del problema. Más demencial aún es vender derechos de agua en una macrociudad contaminada y con decenas de alcaldes que no quieren hacer más plazas por no poder pagar el costo de mantención (Ä„qué pecado de omisión con la megaciudad cometido por Lavín y el municipio de Santiago!).
Pero no hay que escabullir la autocrítica a la que se debe someter la propia Concertación. Gastar doce años para no avanzar un centímetro en el fortalecimiento de este nivel intermedio del gobierno para la Región Metropolitana es simplemente una grave ausencia de reforma, un seguir quietos entre los próceres del neocentralismo ausentista.
Es el efecto de la acción de demasiados tecnócratas centralistas, políticos vanidosos hacelotodo, que no toleran en sus mentes que se pueda empoderar, elegir y dar recursos a un gobierno metropolitano distinto al nacional. Nos quieren enceguecidos esperando que los reyes soles arreglen hasta las menudencias del sacro imperio, aunque la utopía progresista concreta es dar poder y actuar con eficiencia, no concentrarlo y dar explicaciones.
La bronca de los habitantes de Santiago, y su responsabilidad, deben expresarse en elegir un gobierno metropolitano que levante una plataforma de verdad para sacar a la ciudad enferma de sus decadencia. Hay que regular, autocontrolarse, invertir y dar más para hacer amable esta metrópolis. Sin esa fuerza institucional -un pacto de los ciudadanos con una autoridad legítima- seguiremos viendo alcaldes que boicotean rellenos sanitarios para que después sus partidos acusen al intendente de tratar de apurar rellenos para evitar la crisis que esos mismos alcaldes provocaron, o varias autoridades y comisiones para transporte y demases, o enormes desigualdades en la calidad de servicios básicos de una ciudad.
No afrontar el tema de fondo es seguir con el viejo cuento. Por eso, urge que el Ejecutivo se tome con más seriedad la importancia no «abstracta» o «voluntarista» de un grupo de locos federalistas, esa demanda que hacemos para dar pasos en la regionalización que superen la falta de gobierno territorial que tiene, curiosamente, su gran antiparadigma en la misma ciudad capital y su falta de gobierno y gobernabilidad metropolitana.
* Diputado PPD por Rancagua, ex alcalde, magíster en políticas públicas, presidente de la Comisión de Gobierno Interior y Descentralización de la Cámara.
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