La historia es como es: pesada, modificable pero imborrable, eternamente presente. Cada cierto tiempo se eleva el discurso de olvidar el pasado, de cancelar la historia, bajo el argumento de que sólo así se puede construir un futuro feliz, pero, sobre todo, vivir un mejor presente.
Parece que tiende a confundirse el superar con el olvidar el pasado. Y de manera para nada ingenua. La superación de lo vivido supone asumir esas experiencias, dándoles a cada una de ellas su mérito y, si amerita, su sanción o premio. El caso de la Fach, de las últimas semanas, es una buena prueba de ello.
Leyendo el conmovedor libro de Fernando Villagrán, «Disparen a la bandada», donde se relatan las torturas y vejaciones a que fueron sometidos, inmediatamente después del golpe militar de 1973, decenas de integrantes de la Fuerza Aérea por no adherir al movimiento insurreccional, me convenzo de que en el caso de las fuerzas armadas la superación del drama de la dictadura no es ajena a la restitución de la dignidad de esos hombres de armas cruelmente martirizados.
Por cierto que a los institutos armados la sociedad le exige un reconocimiento y condena de las atrocidades en que varios de sus miembros se vieron involucrados -y en virtud de una política de Estado, que involucró a las instituciones, y no como consecuencia de excesos individuales-, pero junto con ello se hace una cuestión lógica y obvia que se repare -en todas sus formas, también desde la perspectiva castrense- a los uniformados que fueron castigados por no adherir al golpe militar.
Hace unos días, los tribunales no acogieron la solicitud de algunos de ellos, de la Fach, de que se les anulara la condena por traición a la patria que se les aplicó. Una condena, es bueno escribirlo, basada en declaraciones obtenidas bajo brutales torturas, fruto de las cuales muchos de los oficiales o suboficiales constitucionalistas firmaron hojas en blanco que fueron llenadas con los inventos que los golpistas esparcieron para respaldar su toma del poder.
Los nombres de los torturadores se repiten. Incluso el entonces comandante en jefe, Gustavo Leigh, estuvo presente en al menos una de las sesiones. ¿Los torturadores de la Fach siguen en servicio activo? ¿Son instructores? Son preguntas que no son antojadizas.
Pero ante todo, está ese deber mínimo de restituir la dignidad arrebatada a esos hombres a los que se les quebró la vida, sin contar las atrocidades a las que los sometieron antiguos compañeros de armas.
El Ejército, poco a poco, ha dado algunos pasos con relación al peor de los crímenes en que aparecen involucrados algunos de sus hombres, en cuanto a su historia institucional: el del ex comandante en jefe, Carlos Prats, y su esposa.
El dilema es que cada paso, ante situaciones así, exige otro. El actual comandante en jefe, Juan Emilio Cheyre, con motivo de la reciente misa en la Escuela Militar en memoria del matrimonio asesinado, repudió ese crimen. Es obvio que ahora cualquier persona sensata espere colaboración del Ejército en el juicio que busca castigar a los culpables. Y repudio institucional para los asesinos, aunque hayan sido, en ese entonces, oficiales activos.
O, justamente por eso, con mayor razón, podríamos decir, en virtud de esa lógica de sentido común que menudo demuestra que de común no tiene nada.
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