Si la UDI está en una verdadera campaña de demolición de la administración pública y del Congreso Nacional es justamente debido al hecho que su abanderado Joaquín Lavín estaba descendiendo en las encuestas.
En octubre de 1996 el republicano Bob Dole centró su campaña contra Bill Clinton en la corrupción. Se debían recuperar los valores tradicionales norteamericanos frente a la decadencia moral de la sociedad norteamericana. De esa decadencia se hacía responsable al Presidente.
Dole afirmaba que «más de 30 personas de este gobierno son objeto de una investigación judicial, o están en la cárcel o han dejado sus puestos, y después Clinton habla de ética. No existe ética en esta administraciónÂ… Y le vamos a pedir al Presidente que responda, que nos diga qué ha hecho él, qué ha hecho su administración y por qué lo ha hecho».
¿Cuál era la razón de esta estrategia tan ofensiva de parte de un hombre que siempre se había caracterizado por su moderación? Bueno, 15 puntos en las encuestas a favor de Bill Clinton.
Finalmente Clinton fue reelegido, pues los norteamericanos entendieron muy bien que estaban frente a un gobierno que los había hecho crecer económicamente al 4,1 por ciento y tenía muchas más posibilidades de enfrentar las desigualdades que los agobiaban. No había tal prioridad moral, o mejor dicho, la moral se jugaba primariamente en el destino de los menos privilegiados de la sociedad.
Además, en 1996 la victoria parlamentaria de los republicanos que se propusieron desmantelar el Estado de Bienestar y el atentado terrorista de Oklahoma hicieron de Clinton nuevamente el defensor del Estado de Bienestar. Ello lo llevó a su segundo mandato. Lo logró con los votos masivos de los demócratas, los sindicatos, los negros, los hispanos y las mujeres jefas de hogar.
El 73 por ciento de los norteamericanos creía que se debía financiar públicamente un programa nacional de salud. Sólo un 12 por ciento consideraba que se debía recortar el déficit fiscal sobre la base de rebajar la seguridad social. Y por el contrario, el 87 por ciento pedía que se expandiera en materia de seguridad social, y un 82 por ciento en salud.
Clinton entendió que debía centrar su tarea principal en una economía robusta y más redistributiva, y ganó. Pero como no hizo las reformas, su sucesor Al Gore enfrentó las elecciones con su electorado dividido, desanimado y apático. Por ello perdió. George W. Bush acaba de convencer al electorado norteamericano de que el problema no es la crisis económica ni los escándalos ético-financieros que han sacudido su administración, sino el terrorismo. Y por ello ganó.
Si la UDI está en una verdadera campaña de demolición de la administración pública y del Congreso Nacional es justamente debido al hecho que su abanderado Joaquín Lavín estaba descendiendo en las encuestas. De hecho, hoy tiene una intención de voto en Santiago de 37 por ciento, y con eso no gana. Se repite la estrategia de Dole en 1996 o de Aznar en 1996.
¿Qué debe hacer el gobierno?
No perder el rumbo ni la tranquilidad. Tiene que mantener con fuerza su programa social de reforma sanitaria y de educación, junto con políticas solidarias destinadas a los más pobres de Chile. Debe insistir en la democratización institucional de Chile y empeñarse en hacer de Chile un líder en América Latina.
Y, por otra parte, tiene que hacer la pérdida. La democracia chilena tiene evidentemente problemas de corrupción en dos áreas: el financiamiento de las campañas electorales y las dobles planillas de sueldos para mejorar las remuneraciones de la alta burocracia pública.
Ambos temas deben ser atacados. De una vez por todas hay que instalar un límite legal a los gastos electorales, transparentar la oscura relación entre dinero y política, y financiar públicamente parte de los gastos electorales. Eso debimos hacerlo cuando crecíamos al siete por ciento anual y la legitimidad de la política era más alta. Los errores se pagan caros y deben remediarse, aunque sea tarde. Confucio decía que «quien no corrige un error, comete otro error».
Y lo mismo debe hacerse con las remuneraciones del sector público. Chile tiene la administración pública menos corrupta de América Latina a pesar de las enormes tareas que asume, de ser pequeña, mal remunerada, y de enfrentarse a un sector privado enormemente poderoso, agresivo e ideologizado.
Hay que transparentar los reales sueldos de los altos directivos públicos, «poniéndose rojos una sola vez». Y exigir un presupuesto fiscal más expansivo, pues es una impostura pedir eficacia, eficiencia y honradez al sector público y no estar dispuesto a pagar por ello.
Respecto de quienes faltaron a la ética republicana, a la moral del servidor público e incluso a la ley, simplemente se debe exigir que asuman sus responsabilidades políticas, administrativas, civiles y penales, en la medida que las autoridades políticas y judiciales así lo dispongan. La democracia es éticamente superior a la dictadura justamente porque no tolera la impunidad.
Hacer la pérdida y seguir adelante. Nunca olvidar que no hay que temerle a la verdad, pues ella nos hace libres, gracias a Dios.
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