El Gobierno ha presentado un proyecto de ley de protección de la privacidad por medio de un sistema de indemnizaciones civiles, planteando que se trataría de un avance en cuanto a la regulación de la libertad de expresión en el país. En mi opinión eso no es así. Creo que, por el contrario, el proyecto constituye una nueva amenaza legal para el ejercicio de la expresión crítica respecto de quienes ejercen posiciones de poder, que se suma a las muchas vigentes y que en consecuencia desincentiva el control por parte de la prensa, en especial aquellas formas más incisivas e innovadoras de investigación periodística.
Si bien el proyecto es relativamente liberal en su contenido específico, al proteger menos intensamente la privacidad de las figuras públicas, el problema es que su efecto principal es el de establecer un nuevo tipo de sanciones en un terreno donde ellas abundan y donde constantemente son activadas por autoridades o por personas de relevancia pública para evitar o contrarrestar la publicación de informaciones que los perjudican, intentando contener la creciente pero aún tímida tendencia de la prensa a ejercer mayor control sobre el ejercicio del poder.
Entre las amenazas vigentes y utilizadas comúnmente se encuentran por lo menos las siguientes: delitos destinados a proteger el honor, delitos destinados a proteger la privacidad, delitos de desacato destinados a proteger a las autoridades, delitos de sedición impropia que acarrean la participación de la justicia militar, recursos de protección en defensa del honor y de la privacidad. A todo este conjunto de amenazas legales, la nueva ley sumaría el riesgo de ser objeto de una demanda civil y la posibilidad de tener que pagar una indemnización a favor de quien se considere afectado en su privacidad.
El proyecto planteado por el Gobierno podría constituir un avance solo en el caso de que la responsabilidad civil se instaurara como único sistema de protección del honor y la privacidad, y se procediera en consecuencia a despenalizar todas las conductas que pueden afectar estos bienes jurídicos, de otro modo su contenido liberal no tiene relevancia y a lo más podrá significar un uso poco frecuente o subsidiario de la vía civil, prefiriéndose los sistemas más duros que continuarán rigiendo. De la manera que está planteado, donde las amenazas penales se mantienen, la nueva regulación cumplirá una función restrictiva de la libertad de expresión, en cuanto impone a quienes la ejercen una nueva carga y un riesgo adicional, en esta ocasión, financiero.
Desde el punto de vista social esta no es solo una cuestión de libertades individuales, la existencia de una prensa crítica, atenta y agresiva en la investigación de asuntos de interés público, contribuye a generar un clima social de control que inhibe a quienes tienen cualquier clase de poder para hacer abuso de él. A su vez, para lograr este clima es necesario incentivar la expresión crítica y especialmente la investigación periodística, liberándola de cargas adicionales a las que naturalmente tiene, como es la debilidad financiera de muchos medios o las presiones personales, sociales, políticas y de todo tipo para no afectar a los poderosos.
Es comprensible que los políticos miren con reticencia y hasta con irritación la expansión del control público por medio de la investigación periodística. Ello explica, por ejemplo, el dificultoso proceso de derogación de los delitos de desacato, que tan lentamente se había venido produciendo. No obstante, pasar de allí a generar un nuevo estatuto de protección contra este tipo de ejercicios me parece ir en el sentido contrario al progreso de nuestro sistema democrático.
* Abogado y profesor de la Facultad de Derecho. Universidad Diego Portales.
