La Contraloría General de la República es un organismo autónomo del Estado que cumple una serie de funciones que tienen que ver con el principio de legalidad, resguardo del patrimonio público, protección de la probidad funcionaria, contabilidad general de la nación y otras materias relacionadas con el quehacer de nuestros servidores públicos. Su objetivo estratégico es la promoción del bien común y búsqueda de la modernización del Estado fortaleciendo la transparencia a toda prueba.
De acuerdo al artículo 88ÅŸ de la Constitución Política debe tomar razón de los actos de la Administración para verificar su constitucionalidad y legalidad. Sus dictámenes son de acatamiento obligatorio por parte de las autoridades fiscalizadas, las que -como todos sabemos- deben tener una conducta intachable y coherente con el concepto de servicio público, cuya prestación debe darse en términos de ética y eficiencia.
Leyendo su Memoria, nos permitimos transcribir lo siguiente, por su pertinencia con respecto a los gastos indebidos incurridos por el Ministerio de Salud (Minsal) para pagar una difusión del Programa Auge : «emite dictámenes jurídicos informando acerca de la correcta interpretación que debe darse a las normas en materias de su competencia. Ellos son expedidos a solicitud de la autoridad administrativa o bien a petición de la persona afectada por una acción u omisión de la Administración. También pueden ser emitidos de oficio (…). Los dictámenes e instructivos de la Contraloría General conforman su jurisprudencia, que es obligatoria para todos los órganos administrativos sometidos a su fiscalización».
Por lo anterior, hemos llegado al desconcierto más absoluto cuando el Ministro Secretario General de la Presidencia -con ocasión de esos desembolsos irregulares- manifestó pública y muy seriamente que el gobierno no está de acuerdo con la posición jurídica que sustenta el ente fiscalizador.
¿Fue un transitorio lapsus linguae ministerial? No lo sabemos y solo nos queda lamentar ese desinteligente episodio que dejó muy mal parado, no sólo a su titular, sino a todo el gobierno que quiso ir a los tribunales de justicia apoyando a los infractores.
La opinión pública ya conoce lo que aconteció con los spots propagandísticos realizados por una agencia de publicidad determinada los días 22 y 26 de abril y 7 de mayo de 2002. El Ministerio de Salud carecía de atribuciones legales para solventar dicho gasto y a pesar de ello emitió el decreto exento NÅŸ 737 de 2 de mayo de 2002 «aprobando» la suscripción de los contratos respectivos.
Quien aparecía con una guagua en los canales de televisión era el Ministro del ramo, pero el responsable del egreso de dinero es el Subsecretario correspondiente. Ambos médicos son amigos y comparten, ahora, una consulta privada. El Presidente de la República ha informado que tales ex colaboradores actuaron bien y que él los respalda moralmente.
En su dictamen NÅŸ 25.406 del 18 de junio de 2003, en donde atiende y responde una presentación de reconsideración del Ministerio de Salud, la Contraloría ha aseverado que ella «se ha limitado a examinar la legalidad de una actuación administrativa específica, a la luz de una regulación de carácter general aplicable al sector público, fiscalización que ha tenido por objeto verificar si el Ministerio de Salud actuó conforme a derecho al momento de comprometer los desembolsos cuestionados, todo ello dentro del marco jurídico que la Constitución Política y la Ley Orgánica Constitucional NÅŸ 10.336 le han fijado a esa Entidad Fiscalizadora, para efectuar el control de la legalidad de la Administración en relación con el ingreso e inversión de los fondos públicos».
Estamos conscientes que la autoridad política desea hacer cambios de fondo en el sistema público de salud y para ello quiso trasmitir masivamente su proyecto de ley a la ciudadanía. Nosotros creemos que el gobierno sabía de antemano que carecía de potestades para incurrir en el gasto, pero aplicándose la temeraria teoría de los hechos consumados, procedió a «echarle pa´elante» con la seguridad de que nadie iba a cuestionar su iniciativa. Recordemos que los decretos exentos no pasan por la Contraloría, es decir, apostó a que iba «a pasar piola».
Desafortunadamente para el gobierno, aparecieron unos diputados de oposición, quienes cumpliendo con sus roles constitucionales, objetaron el procedimiento empleado y formularon la denuncia que todos conocemos. La Contraloría estableció que ese tipo de gastos no cumplían con los requisitos que el artículo 16 de la Ley de Presupuestos (año 2002) había contemplado para tales efectos. El Minsal, en sus descargos a la Contraloría, argumentaba que este caso no estaba sujeto al control externo, por tratarse de un gasto necesario para llevar a cabo una política de gobierno (¿?).
Aclarado finalmente el asunto, nos preguntamos: ¿quién pagará los $ 551.000.000? O, simplemente, ¿no se enterarán en la caja fiscal?
¿Se llegará al exceso de tramitarse una nueva ley express para solucionar el problema pecuniario que afecta a dos ex servidores públicos?
Bonito desafío para nuestra flamante institucionalidad y en tal sentido esperamos que ésta funcione. En todo caso, mientras tengamos una Contraloría independiente podemos dormir tranquilos.
(*) Director de la Agrupación «Defendamos la Ciudad».
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