Más allá de crear un nuevo impuesto a la minería, llamado royalty, lo clave es concentrarse en lo medular; esto es, que las empresas no tributan lo suficiente y las regiones mineras -al igual que el país- no tienen soportes a largo plazo para el desarrollo en educación, ciencia, tecnología y desarrollo territorial, entre otros componentes de innovación y competitividad regional y nacional. Elevar la actual patente es una alternativa menos traumática y regionalizada para lograr el mismo objetivo, así como más eficaz en materia jurídica, dado que se modifica un actual impuesto y no se crea uno nuevo, modificador de las reglas del juego productivo.
Si lo que se busca es «sembrar el cobre» y no repetir la pobreza generada con el fin del salitre natural, un camino idóneo, eficaz y simple sería elevar la actual patente minera de 0,1 por hectárea -que hoy recauda alrededor de 18 millones de dólares- a 0,5 UTM, por hectárea, pasando a recaudar así alrededor de 80 millones de dólares. Se comprende con este aumento de las patentes, cambios en la actual recaudación, ya que esta reforma implica un castigo a porcentajes de patentes subutilizadas y no explotadas
Esta propuesta además focalizaría los recursos en redistribución directa hacia los municipios (30%) y las regiones (70%) -en las regiones mineras-, lo que aseguraría su administración dual y regionalista. Es necesario recordar que la realidad minera resulta ser relevante en regiones determinadas, por lo que tiene sentido llevar a cabo esta modificación al ser un impuesto regionalizado.
A partir de informes provenientes de la Tesorería General de la República, realizamos un estudio en torno a las oportunidades que le entregaría esta ala del impuesto a regiones y comunas rezagadas. En el caso de la comuna de Pica, ubicada en la región de Tarapacá, los ingresos por este concepto superarían los 1.000 millones, suma sustantiva a la hora de generar un desarrollo social en materia educativa y de salud pública. Para el caso de la Región de Antofagasta los ingresos ascenderían a $ 21.231.980.000, lo que la consolidaría como el distrito cuprífero mas grande del mundo, elemento sustancial que impulsaría un polo de desarrollo tecnológico, productivo y educativo de competencia internacional, promotor de mayor dinamismo social e igualdad de acceso a una mayor calidad de vida de la población.
Similar es la realidad en municipios pobres de distintas regiones del país, que poseen baja calidad en la educación municipal, precario acceso a los tratamientos complejos de salud y de especialidades y bajo desarrollo urbano, como Tierra Amarilla, Paihuano, San José de Maipo, Alhué y Machalí, a los que estos ingresos significaría un aumento sustancial en el bienestar de la población, así como un acceso más expedito a mejores servicios sociales.
Otra ventaja de la reforma de este gravamen, es que evitaría la especulación de propiedad minera, casos de manipulación y la pasividad de los recursos, estimulando -al contrario- la inversión y el dinamismo del sector productivo. Hay propietarios que mantienen grandes reservas sin inversión, estimulados por el bajo gravamen de la propiedad minera. En otros casos esta pasividad ha llevado a propietarios de yacimientos a extorsionar a otros propietarios de terrenos aledaños, situación ocurrida en los terrenos de filántropo Douglas Tompkins, por parte de especuladores, en torno a la posible explotación de yacimientos.
Este puede ser un símil de la política pública de elevar los impuestos a sitios eriazos en zonas urbanas, en especial para los casos sitios eriazos en los centros de las ciudades, que de origen a incentivos positivos que atraigan inversiones en estos sectores deprimidos. Elevar la patente ayudaría, en este caso, a erradicar la especulación perezosa.
Elevar las patentes mineras daría grandes recursos para impulsar estrategias efectivas de desarrollo regional y local, impulsando áreas rezagadas de los factores de competitividad. El dinamismo del territorio implica consolidar recursos permanentes para estrategias de desarrollo a largo plazo, impulsando con ello la concertación público-privada, el impulso a encadenamientos productivos, la focalización de recursos en áreas prioritarias y rezagadas, la disminución de las brechas de oportunidades intrarregionales, entre otras. Paradigmático resulta el caso de la región de O’Higgins -que represento en calidad de diputado por Rancagua-, que de manera constante ha aparecido dentro de los informes de competitividad en el último lugar en los factores de ciencia y tecnología y recursos humanos, situación que nos hace pensar que es necesario apostar al desarrollo endógeno, con tal de maniobrar de mejor manera por este nuevo siglo que recién comienza, en el cual compiten más que los países, regiones, localidades y ciudades.
Simulación del ingreso regional-municipal de aumento a la tasa de patentes mineras
REGIONES 0,1 UTM 0,5 UTM
Municipios (miles de pesos) (miles de pesos)
Tarapacá 989.852.000 4.949.260.000
Pica 224.312.958 1.121.564.790
Pozo Almonte 192.173.120 960.865.600
Antofagasta 4.264.396.000 21.231.980.000
Antofagasta 632.781.585 3.163.907.925
Sierra Gorda 444.198.641 2.220.993.205
Calama 376.527.139 1.882.635.695
Atacama 1.614.790.000 8.073.950.000
Diego de Almagro 172.427.901 862.139.505
Copiapó 192.777.759 963.888.795
Tierra Amarilla 182.023.214 910.115.125
Coquimbo 627.293.000 3.136.465.000
Vicuña 35.211.580 176.057.900
Paihuano 30.852.617 154.263.085
Salamanca 77.112.643 385.563.215
Valparaíso 304.308.000 1.521.540.000
Los Andes 34.577.108 172.885.540
San Esteban 24.500.179 122.503.595
Nogales 21.972.768 109.863.840
Metropolitana 451.978.000 2.259.890.000
Colina 20.685.781 103.428.905
Til Til 20.507.165 102.535.825
San José de Maipo 52.792.727 263.963.635
Alhué 27.662.440 138.312.275
O’Higgins 207.552.000 1.037.760.000
Machalí 54.558.907 272.794.535
Mostazal 11.525.906 57.629.530
Fuente: Informe Tesorería, ingreso por patentes mineras municipios y gobiernos regionales, año 2002.
(*) Diputado por Rancagua
