«Que las instituciones funcionen…» me huele hace tiempo más a frase hueca y carente por completo de contenido que a seria afirmación. Es mi particular prejuicio frente a la herencia que nos dejó la dictadura, y que es, ni más ni menos, su «constitución» y sus leyes; o sea: la famosa superestructura jurídica con que se debe mover nuestra sociedad, sin mas opción que aceptarla.
Los pueblos originarios acaban de dar una demostración mas que fehaciente de desconfianza en las instituciones del Estado y la votación para elegir el Consejo de Conadi, tuvo abstención cercana al 70 y algo por ciento, haciendo de la institución una especie de capricho de los gobernantes y muy poco o nada que ver con la representación de esos pueblos ante el resto de las instituciones estatales. Como en este país es mas noticia y motivo de análisis la quema de una casa patronal que la situación que se desprende de la elección de Conadi, seguiremos igualito y, mas aún, no faltarán «patriotas» que elaboren sesudas tonteras en torno a la «unidad nacional» sin entender que ésta no funciona cuando está pegada con moco -como dice el aforisma popular-.
Resulta curioso, por cierto no proyectable de modo automático a toda la sociedad, que en una votación donde no hay sanciones penales para quien no vota, haya un tan alto porcentaje de abstención. Repito, sin hacerlo trasladable al plano nacional, habría que preguntarse qué pasaría con las instituciones actuales si el voto fuese voluntario y no obligatorio, como ocurre, bárbaramente, en nuestra querida sociedad chilena.
Aquí sucede, como en la dialéctica surrealista, que se trastocan los términos hasta el punto que el soberano sirve para legitimar una clase dirigente, sin que ésta tenga la obligación de servir al soberano.
Pues modestamente los mapuches, aymaras, rapa nui y otros le han dado una bella lección a la sociedad -que a fuer de sentirse blanca y civilizada no hace mas que vivir en la mentira de instituciones que no le pertenecen-.
El segundo ejemplo de instituciones mas falsas que un billete de 13 pesos, es esto de pluralismo y demases. El gobierno y las instituciones científicas del planeta entero deciden campañas contra el SIDA, pero en Chile dos canales de TV deciden que no pasarán los spots, por razones que ni siquiera me interesa explicar pues la idiotez y el cinismo no son materias de mi interés. Y hasta ahí nomás llega el Estado, puesto que esos canales son autónomos en virtud del sacrosanto principio del derecho de propiedad.
Si el SIDA es una emergencia declarada por la ONU -y tiene por tanto valor de ley al interior de los Estados que forman parte del Sistema General de Naciones Unidas- ¿puede cualquier bestia desconocer esto? ¿Acaso no existen leyes que castiguen la falta de socorro a personas en peligro? Si hay casos de contagio a nivel de adolescentes ¿no sería posible que el tristemente famoso CDE lleve a la justicia a quienes se niegan a difundir las alarmas que ha elaborado el Estado?
