A contar del lunes, el nuevo ministro de Minería e Hidrocarburos de Bolivia, Antonio Araníbar, se está reuniendo con delegados, parlamentarios y dirigentes de organizaciones sociales regionales, buscando acuerdos locales en torno al polémico proyecto de Ley de Hidrocarburos presentado en enero, que reemplazará a la actual Ley 1.689, y que forma parte de un Plan mayor presentado por el Presidente Carlos Mesa para avanzar en la recuperación económica del país.
La nueva Ley de Hidrocarburos busca, según la autoridad, cambiar la política sectorial, generando mayores ingresos para un país con fuerte déficit fiscal -de más del 6% del PIB-, pero en niveles adecuados que «no terminen ahuyentando la inversión privada», que desde 1997 ha ingresado al país unos 3.600 millones de dólares. El proyecto se sostiene sobre 4 pilares: la industrialización; la soberanía y propiedad sobre los recursos hidrocarburíferos; la tributación; y el fortalecimiento de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
El proceso se ha iniciado en Tarija, debido a que es el departamento con las mayores reservas de hidrocarburos: 87% de los depósitos nacionales de gas, unos 47 trillones de pies cúbicos; y el 83% de petróleo, casi 800 millones de barriles, según un reciente informe de YPFB.
Las autoridades y técnicos trabajarán en los nueve departamentos del país, con los representantes de las diversas organizaciones civiles y políticas y se espera que tras este proceso -que bien pudiera alargarse por meses- la Ley pueda ser enviada al Parlamento con acuerdos mínimos básicos que posibiliten su aprobación, aun cuando se espera que, de igual modo, haya fuertes discusiones y cambios en su tramitación, dado que, además, debe ser visada mediante referéndum.
En efecto, la reclamación de diversos sectores sociales sobre la necesidad de recuperar la propiedad, gestión y administración de los hidrocarburos, para su industrialización en Bolivia y el rechazo a la exportación de gas natural, sin mayor valor agregado a Chile, ha determinado un conjunto de críticas al proyecto de ley antes citado, en las que no han estado ausentes posiciones con fuerte sesgo anti-chileno.
Desde luego, se acusó públicamente al anterior ministro de Minería e Hidrocarburos, Alvaro Ríos, de actitudes antipatriotas, debido a su postura favorable a la construcción de un gasoducto que desembocara en puertos chilenos. Y al actual, de haber suscrito hace una década, un mal acuerdo con Enron, la quebrada firma norteamericana.
A mayor abundamiento, se pone en duda la capacidad de la Superintendencia de Hidrocarburos -que según la ley es la supervisora de este mercado- para realizar su tarea, pues se critica que no ha sido capaz de controlar hechos tan simples como recientes adulteraciones de diesel y gasolinas.
Se cuestiona, asimismo, el concepto de industrialización contenido en la ley, pues la simple licuefacción del gas natural (LGN) que incluye, sería sólo exportación de gas mediante el método de transporte más barato, desviando inversiones de relevancia -tales como planta de enfriamiento, embarcaciones y planta de regasificación- hacia fuera de Bolivia (Chile).
Técnicamente, se indica, para la LNG sólo basta con habilitar los pozos, plantas de tratamiento y la construcción de gasoductos. Por eso se rechaza que, entre las actividades de utilidad pública declaradas en la ley, no se contemple la industrialización propiamente tal, siendo «más estratégica» que otras comprendidas en el texto, como exploración, explotación, transporte y distribución de gas por redes.
Otros aspectos conflictivos del proyecto se refieren a la forma y fondo de las concesiones. La actual ley impide subparcelar las áreas de explotación concedidas, cuando se hace un descubrimiento comercial y sólo pueden explotarse parcelas completas, debiendo perforarse al menos un pozo por área en 5 años. En caso contrario, ésta debe restituirse a YPFB, única dueña, según la legislación, de los recursos hidrocarburíferos en el subsuelo boliviano. De hecho, sectores nacionalistas habían planteado utilizar tal legislación para restituir a YPFB los campos no perforados, concesionados en 1997 y que, por lo tanto, ya tenían más de cinco años de operación.
La nueva ley, en todo caso, permitiría subdividir el área de explotación hasta en 4 subparcelas, pudiendo las compañías devolver éstas sin reservas y retener las que las posean, sin la obligación de perforar un pozo en ellas. Se eximiría así al concesionario de una inversión inicial de entre 20 a 30 millones de dólares, que es el costo de una perforación, liberando recursos para invertirlos en redes de gas, incluidas las domiciliarias, y en industrialización -limitada según los críticos-, fomentando así la desacreditada exportación de gas sin valor agregado y desincentivando la exploración y explotación de nuevos yacimientos. Asimismo, y dado que los proyectos de industrialización que permitan exportar más del 70% de su productos están exentos de pago de IVA y aranceles para los equipos y maquinarias importadas, el proyecto de LGP quedaría libre de tales tributos.
Se ha indicado que, aún con la derogación del Decreto Supremo 24.806, aprobado el 4 de agosto de 1997, por el ex Presidente Gonzalo Sánchez de Losada y anulado a principios de febrero del 2004 por el Presidente Carlos Mesa, se eliminó «sólo en lo formal, pero no en lo real», el dominio que tienen las transnacionales sobre el gas y el petróleo. Según este punto de vista, las modificaciones en la tributación y legislación que propicia el primer mandatario no incidirían en el pleno dominio y control que las empresas tienen sobre las riquezas hidrocarburíferas de Bolivia, avaluadas en casi 100 mil millones de dólares.
En efecto, como la nueva ley reconocería los contratos de riesgo compartidos ya suscritos, el tema de la «propiedad real» de los hidrocarburos a boca de pozo seguiría en «zona gris», en la medida que para evitar la fuga de capitales e inversiones, el Gobierno reconoció, mediante dicho Decreto, tal propiedad a las concesionarias y sólo se consideran del Estado (dominio directo, inalienable e imprescriptible) cuando ellos se encuentran en el subsuelo. No obstante, haberse concedido a YPFB el derecho exclusivo a explorar y explotar estos productos mediante contratos de riesgo compartido con compañías extranjeras.
La riqueza en reservas de hidrocarburos de Bolivia equivale al más del doble del capital que tiene el país y a más de 12 veces el valor de la producción de bienes y servicios generados anualmente, en una nación cuya deuda externa supera los 71 mil millones de dólares.
El proyecto contempla también prohibir a los concesionarios de transportes de hidrocarburos y sus relacionadas distribuir gas natural por redes. Idéntica restricción se dispone para compradores y vendedores de hidrocarburos y empresas generadoras de energía eléctrica. Sin embargo, se rechazan las excepciones calificadas previamente por la Superintendencia respectiva, pues también favorecerían a los operadores existentes y tradicionales del rubro.
Respecto del Impuesto Complementario a los Hidrocarburos (ICH), contenido en la nueva norma, y rechazado por algunas empresas, se critica su viabilidad de recaudación. En efecto, de acuerdo a la fórmula propuesta sólo después de captar un mercado muy amplio se llegaría a un 32% sobre el precio a boca de pozo (se busca alcanzar al 50%). Pero para lograr esos porcentajes, las exportaciones deberían aumentarse en 10 veces. Como referencia, se calcula que sólo duplicar los envíos al exterior implica unos 6 años de operación, por lo que este impuesto sería realidad en unos 20 años. En todo caso, la legislación busca acordar con las empresas un anticipo de 50 millones de dólares por este concepto.
Como se ve, la nueva legislación de hidrocarburos en Bolivia deberá pasar aún por un complejo proceso de negociaciones, hecho que permite afirmar que su puesta en marcha no sólo requerirá de tiempo, sino que, previsiblemente, en sus actuales condiciones, el proyecto será fuertemente modificado. Mientras tanto, Bolivia deberá seguir operando con una legislación que el propio Presidente Mesa ha señalado que no consigue «monetizar las reservas de gas, buscando equilibrios entre inversionistas, el Estado y los bolivianos».
