El Informe Valech, producto del trabajo profundo de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, se ha agregado al Informe Rettig, para servir ambos de cimientos de una verdad dolorosamente necesaria para el Chile del futuro.
La aspiración de que el Nunca Más se imprima en las conciencias se hace sentir transversalmente en la sociedad chilena.
Es necesario un compromiso nacional para evitar que nuevamente se produzca en nuestra Patria el fratricidio; que nunca más la traición, la delación, el terrorismo de Estado avasallen a las personas como sucedió en el período dictatorial.
Existe, por cierto, una gran responsabilidad presente para los hombres y mujeres de la prensa, los comunicadores sociales: hacer conocer la verdad a los cuatro vientos. Para que la sociedad mediática no distorsione ni manipule esta verdad que se ha rescatado de las catacumbas, con persistencia y duelo, en un camino ripioso, de 31 años.
Debe vociferarse la verdad, debe inundarlo todo, sin morbosidad, con respeto. Es necesario que se discuta en los colegios, que entendamos que hubo más de medio millón de chilenos afectados por torturas, un universo mucho más amplio que los 35 mil que declararon ante la Comisión. A lo que se añade el dolor de familias destruidas, dispersas en el planeta.
En el tiempo en que la crueldad se hizo rutina, en cada familia chilena el miedo se enquistó a fuego y fragmentó la sociedad. El Cardenal Silva Henríquez nos habló de las heridas profundas en el Alma de Chile. En esta tarea de develar la verdad histórica, la comunidad entiende visceralmente que falta mucho para alcanzar una sociedad en paz, que hay muchos que siguen callados o soberbios, manteniéndose en silencio o farfullando odio, sin asumir que sus acciones u omisiones en ese período de barbarie, fueron causa de sufrimiento y muerte para miles de compatriotas.
Desde el 11 de septiembre de 1973, muchos funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas fueron detenidos en sus puestos de trabajo y llevados a contenedores en los patios del Puerto de Valparaíso. Algunos pasaron por el Buque Escuela Esmeralda, otros por los buques Lebu o Maipo. Luego, después del ablande de rigor, a la Academia de Guerra o al Fuerte Silva Palma. Muchos funcionarios aduaneros fueron arrestados cuando se presentaron ante las nuevas autoridades y enviados a Pisagua.
Fundamentando su acción en los Decretos Leyes 6,28 y 98 de 1973, el ministro de Hacienda de la Junta de Gobierno, contraalmirante Lorenzo Gotuzzo, ordenó la exoneración de 108 funcionarios del Servicio, cuyos nombres fueron integrados a una lista negra, se eliminaron sus cargos y se ordenó por Circular 315 del 2 de Agosto de 1974, impedir su actuación como auxiliares o apoderados de despachadores, es decir se les prohibió trabajar en su ámbito profesional aduanero.
Lo más duro a nivel del gremio aduanero fue que quienes confeccionaron esas listas negras y fueron colaboradores del golpe de Estado, al entregar la nómina de sus colegas, los estaban mandando a muchos a un camino sin retorno. Esas personas que delataron a sus compañeros de labor, no han pedido disculpas y son los mismos que pretendieron hacer parar a la Aduana Aérea de Pudahuel el día 10 de septiembre de 1973, en vísperas del golpe, lo cual fue impedido por la votación de los trabajadores presentes.
Hasta ahora, en la recuperación democrática, tal como ha sucedido en diversos espacios de la sociedad chilena, funcionarios que fueron víctimas de la barbarie, han debido convivir con sus antiguos delatores o victimarios, en un manto de silencio. Lo menos que se espera es una disculpa.
De esa lista negra, en el período inmediato del golpe fueron ejecutados:
– Juan Efraín Calderón Villalón, Funcionario Aduanas, Ex-Infante de Marina, Iquique, 29 de Septiembre de 1973.
– Mario Morris Barrios, Vista de Aduana, el 11 de octubre de 1973, cuyo cadáver fue encontrado en una fosa común en Pisagua en 1990.
– Juan Jiménez, Funcionario del Departamento de Investigaciones Aduaneras, Ex-Infante de Marina, fusilado junto a Mario Morris.
– Juan Antonio Ruz Díaz, Empleado Aduanas, Ex-Regidor, Iquique, 30 de octubre de 1973.
Además, tras insoportables torturas en su propia oficina en el quinto piso de la entonces Superintendencia de Aduanas, y luego de ser arrastrado escaleras abajo hasta un contenedor del puerto, de donde es finalmente trasladado al buque cárcel Lebu, salta del puente de esa nave a una bodega y se suicida, el 14 de Septiembre de 1973, Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida, Administrador Público, Jefe del Departamento de Investigaciones Aduaneras, DIA.
¿Por qué el ensañamiento con los funcionarios del Departamento de Investigaciones Aduaneras, que fueron asesinados luego de que se presentaran voluntariamente ante las autoridades militares?
Las funciones del DIA se orientaban a la acción antidroga y a la detección del fraude. En materia de drogas habían recibido cursos de instrucción del propio FBI de los Estados Unidos. Su trabajo les había engendrado muchos enemigos entre los delincuentes que movían drogas.
Por otra parte, las investigaciones de fraude del DIA se habían centrado principalmente en los sectores de Minería y de Transporte Marítimo. Se investigaba el contrabando de exportación de oro y plata, en forma de barro anódico, que fue sacado del país por décadas sin pago alguno, por las compañías extranjeras. En el ámbito marítimo, se investigaban las situaciones de fuga de divisas que se había detectado en el sector naviero, donde compañías importantes aparecían cobrando fletes sobrevalorados, toda vez que recibían posteriormente descuentos no declarados, divisas que dejaban en el exterior, violando la normativa cambiaria de la época.
En la reunión de UNCTAD realizada en 1972 en el Edificio Gabriela Mistral (hoy Diego Portales) se trató precisamente el problema de las conferencias de fletes y cómo su accionar perjudicaba a los países tercermundistas, que no poseían una flota suficiente y debían comprar servicios a compañías extranjeras. El hecho de que la Aduana hubiese conformado un grupo policial aduanero, orientado a descubrir estas defraudaciones, chocó con poderosos intereses y eso explica, en gran medida, la animadversión con que se trató a servidores públicos aduaneros, en una reacción belicosa que usó los mecanismos de delación que usaba el régimen militar, para eliminar a este «peligroso» grupo de investigadores aduaneros.
Cuando se produce el golpe, connotados traficantes denunciaron a los funcionarios de Aduana que los investigaban. En el sector naviero, fueron las mismas empresas que se veían afectadas por las investigaciones aduaneras, las que proporcionaron sus buques mercantes Lebu y Maipo para encarcelar, torturar y posiblemente hacer desaparecer a los estigmatizados «enemigos» de la Unidad Popular. Cabe destacar que muchos ex-funcionarios ya han fallecido, algunos en el exilio, prematuramente, a causa de las torturas recibidas.
Las etiquetas de «extremistas», ligadas al fantasioso Plan Zeta, sirvieron de excusa para la política institucional de aplastamiento o eliminación del «enemigo interno». Sería ocioso y hasta morboso repetir lo que reflejan los testimonios de las víctimas o de sus familiares en los Informes Rettig y Valech, que están ratificados y explicitados, además, en diferentes causas en contra del dictador responsable de esa época de terror.
Sin embargo, está pendiente y es necesario escuchar un gesto, una señal al menos, de parte de esos que, sin estar en el trabajo sucio, aplicando corriente a un prisionero indefenso, fueron sí los que delataron o facilitaron la comisión de esos actos.
El General Cheyre ha tenido una actitud varonil y responsable que deja una valla muy alta en materia de honorabilidad. Pero, frente a ese gesto noble, sigue persistiendo el silencio mayoritario de los que ayudaron al genocidio o la tortura como rutina habitual.
Esta crónica está escrita desde el espacio de las víctimas del Servicio Nacional de Aduanas, de esos trabajadores aduaneros que fueron exonerados, torturados o ejecutados, por cumplir una función absolutamente constitucional, más allá de su militancia personal o sus credos. Dentro del ámbito de la Hacienda pública, creo necesario reivindicar su memoria, y esto pasa por comunicar la verdad a las actuales generaciones de funcionarios del Estado, para rendirles, por su sacrificio silencioso, un sincero homenaje.
(hnarbona@yahoo.com)
