El Agente Naranja es el nombre de un herbicida desarrollado para uso militar, principalmente en zonas de densa vegetación y selváticas. Se utilizó masivamente en los años 60 para evitar que el enemigo se ocultara en la maleza y en la profunda vegetación selvática. El producto se aplicó durante la guerra de Vietnam, en donde el ejército estadounidense roció más de dos millones de hectáreas de selvas y bosques con al menos 82 millones de litros con estas sustancias toxicas, bajo la forma de herbicidas y defoliantes. De esta manera se destruyeron al menos 90 millones de metros cúbicos de madera selvática, se arrasó con la mitad de todos los manglares del país, se contaminaron ríos y manantiales permitiendo que los tóxicos entrasen en la cadena de alimentación humana y animal, después de haberse rociado 3.851 aldeas vietnamitas con este producto que afectó al menos a tres millones de personas.
Su nombre nos vino a la cabeza al leer la columna escrita por el gerente general de SalmonChile, Rodrigo Infante, en el diario La Tercera (17/10/05), en la que increpa a uno de los autores de este artículo (Claude) y lo acusa de falta de rigurosidad. Concientes de que puede ser una exageración -no lo desconocemos- nos parece igualmente y no sólo por el color, una analogía que ejemplifica el modo en que muchas prácticas se implementan y defienden a brazo partido por sus creadores y por quienes se benefician de tal invención, lo que después, otros seres humanos -siempre los menos poderosos- deben lamentar y sufrir sin más remedio que vivir indignados, como nos lo recomienda Eduardo Galeano.
Conviene recordar que la industria salmonera ha sido acusada de: utilizar antibióticos en abundancia, contribuyendo a acelerar la resistencia de las bacterias ante estos medicamentos de alta eficiencia en la salud humana; cultivar un producto que contiene importantes porciones de dioxinas, PCBs, dieldrin, nonacloro, DDT y mirex (Revista Science Volumen 303, Enero 2004), lo que llevó a un grupo de científicos de las universidades de Indiana, Albany y Cornell a sugerir que se limite significativamente el consumo de este producto; utilizar verde malaquita que es un funguicida peligroso para la salud; pintura antifouling que produce graves daños a la fauna y ecosistemas; colorante para anaranjar aún más los salmones según el gusto del consumidor; provocar el fenómeno de las mareas rojas; y contribuir a la eutrofización de los recursos hidrológicos del país, debido a la sobrecarga que produce esta industria en cuanto al aporte de nutrientes, como el fósforo y el nitrógeno.
A nuestro juicio, y teniendo presente el problema de la escala de comparación, hay ciertas similitudes entre el temible Agente Naranja de la Guerra de Vietnam y nuestro chilensis nuevo agente naranja de desarrollo.
Infante las emprende en una columna en contra de nuestros planteamientos, ante la cual, el Diario La Tercera nos negó un espacio similar y en igualdad de condiciones, para refutar sus contenidos, lo que no sólo es arbitrario sino que también demuestra la vinculación entre la prensa y los sectores económicos que encabezan el proceso de acumulación exacerbada que se lleva a cabo en Chile.
Lo primero que se constata en las palabras del Infante salmonero es la estrategia arquetípica de justificar el desempeño de una actividad -en este caso la producción de salmones- sobre la base de información irrelevante e incompleta, aunque no menos pretenciosa y categórica, a la hora de calificar tanto sus fuentes de información como los argumentos de sus opositores. El abuso interpretativo y las supuestas correlaciones -la mayoría fantasiosas- son una práctica común de la tecnocracia asociada a estos sectores productivos.
Una observación que llama particularmente la atención es la que se refiere a nuestra falta de rigurosidad al no considerar los resultados que entrega el Censo 2002 y su comparación con el realizado en 1992, sin percatarse o simplemente soslayando abusivamente el hecho de que utiliza para la defensa de la industria una y sólo una fuente de información, la que por lo demás, es, entre las distintas fuentes, la más débil e inadecuada para demostrar el «gran progreso» que la industria salmonera le provee a las regiones donde opera.
La verdad es que si existe alguna correlación entre las variables que Infante menciona y la industria salmonera, ésta es extremadamente pobre y difícil de demostrar. Más insólito resulta el hecho de que Infante ni siquiera repare en la falta de rigor académico en que incurre. Nada le puede importar menos, pues la prensa se encargará de hacer pasar inadvertida su patudez extrema.
Los datos entregados por el gerente general de SalmonChile en su columna son efectivamente correctos, pero, las mejorías que él menciona son bastante parejas entre todas las regiones del país y no son particularmente excepcionales en las regiones afectadas por este nuevo agente naranja del desarrollo, es decir, no hay nada de especial con los incrementos de la X y XI regiones en cuanto a la educación y al alumbrado público. Más bien, responden a un patrón general de crecimiento nacional fruto de las inversiones desarrolladas por el Estado y, en cuanto al incremento del equipamiento por hogares, al tipo de crecimiento económico y a las nuevas formas de vida y consumo que se están imponiendo en el país y en las sociedades modernas. Todo lo dicho está escasa y muy débilmente vinculado a la expansión explosiva de este agente productivo naranja que es la industria salmonera.
Es más, hay regiones tales como la IV y la VII que muestran mejores índices en cuanto a hogares con alumbrado público (94% y 96% respectivamente) que las regiones X y XI que exhiben, a su vez, un 91% y 92%. Por otro lado, al tomar el aumento de este indicador, entre 1992 y 2002, vemos que la mejora es un fenómeno generalizado entre todas las regiones, e incluso, algunas mejoran mucho más que las regiones salmoneras X y XI (véase cuadro NÅŸ1).
Obviamente, sería muy aventurado aseverar que este agente naranja de desarrollo (la industria salmonera), es responsable del incremento en el alumbrado público, más aún cuando este incremento se debe fundamentalmente a planes y proyectos que se discuten e implementan por el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Energía, los municipios y los gobiernos regionales. El crecimiento del alumbrado público ni siquiera se explica por el mayor poder adquisitivo de las personas, sino más bien, por la disponibilidad de recursos a que los ministerios involucrados y los gobiernos regionales pueden acceder. Mal podríamos entonces explicarnos el aumento de esta variable por el aporte al desarrollo de la industria salmonera.
En cuanto a la otra variable mencionada por el Infante salmonero, el índice de personas mayores de 5 años sin educación, también es posible verificar un comportamiento similar a la variable anterior, dado que, hay regiones con mejores resultados que las zonas salmonaranjadas. Por ejemplo, en la I región el número de personas mayores de 5 años sin instrucción es de 1,5%, y para la II y la V, de 1,3% y de 1,8% respectivamente. Mientras tanto, en las regiones salmoneras -la X y la XI- la cifra llega al 3,8% y al 4% respectivamente (véase cuadro NÅŸ2).
Al tomar la reducción del porcentaje de personas mayores de 5 años sin educación, vemos también que hay regiones que lo disminuyeron mucho más que la X y la XI, como las regiones IX, VII, VI y VIII (véase cuadro NÅŸ2).
En consecuencia, tanto en términos absolutos como relativos, las regiones salmoneras no se destacan particularmente en comparación al resto del país, en cuanto a las variables que Rodrigo Infante utiliza para defender el mega aporte al desarrollo que ha hecho la industria salmonera. Al igual que en el caso de la electrificación pública, el mayor nivel de educación de la población está en íntima relación con el rol del Estado en cuanto al aumento de la cobertura educacional y, por lo tanto, con el aumento del presupuesto disponible para el Ministerio de Educación, lo que no puede explicarse ni siquiera remotamente en la expansión salmonera. Lo anterior es así porque, en primer lugar, en Chile, el impuesto a las ganancias y a las utilidades es muy bajo y, también, porque el grueso del financiamiento fiscal proviene del IVA que pagan mayoritariamente los consumidores, cuando no de los aportes que hace CODELCO al presupuesto de la Nación.
Veamos ahora el asunto del mayor equipamiento de los hogares que también mencionó Infante, siguiendo el derrotero que marcara Ricardo Lagos a la hora de defender los logros de su gobierno en materia de justicia distributiva. No es nuestro interés discutirle las cifras que en general son correctas, sino más bien, subir a la mesa otras consideraciones que al menos le dan a sus aseveraciones un carácter muy relativo.
A nuestro juicio hay que tener mucho cuidado cuando se considera el aumento en el equipamiento por hogares como un aumento del bienestar. En primer lugar, porque si hoy mucha más gente accede a estos bienes, es gracias al chorreo -que en este ámbito funciona muy bien-, lo que se debe a la mayor capacidad que hoy disfrutan los más ricos para renovar aceleradamente la ropa que usan y los electrodomésticos que adquieren.
No digo que esto sea malo, pero tampoco se puede presentar como un beneficio neto, pues la posibilidad de que los ricos hayan aumentado su capacidad de renovar cada vez más rápido su vestuario, sus refrigeradores y sus televisores y así poder regalarle a la nana y/o al jardinero los que desechan, se debe precisamente a una mayor disponibilidad de ingresos de los más ricos, es decir, a una mayor concentración económica y a una peor distribución del ingreso, vale decir, a una mayor injusticia social. Por lo demás, en este caso los pobres le proveen a los sectores más acomodados de un servicio muy útil para ellos: hacerse cargo de su basura durable, es decir, los pobres actuarían como una especie de relleno sanitario para desperdicios de difícil o de larga descomposición.
En segundo lugar, porque la mayor disponibilidad de equipamiento que hoy existe, también se explica por el abaratamiento de los costos de producción de esos bienes, lo que a su vez se debe tanto al deterioro en su calidad como a la reducción de los costos salariales y al mejoramiento de las tecnologías de extracción y producción. Insisto, no es malo que bajen los precios para que muchos puedan acceder a mayores bienes, pero tampoco se puede presentar esta situación como absolutamente buena, puesto que si la calidad de estos bienes es considerablemente menor a la que acceden los más ricos, siguen prevaleciendo las notables desigualdades. Todos sabemos lo que es un producto de mala calidad y las frustraciones que éstos provocan, por lo que muchas veces en estos casos el acceso tiene mucho de fantasía y enajenación.
Otra buena parte de la explicación de los precios más bajos a que accede un mayor número de personas tiene que ver con la reducción de los salarios que son un factor crítico de la función de costos.
Hoy, la mayor flexibilidad laboral, la ausencia de un verdadero derecho a huelga, la debilidad de los sindicatos -cuestiones que no han mejorado un ápice durante el gobierno de Lagos, más bien se han empeorado- explican que los trabajadores acepten salarios más bajos, horas de trabajo extenuantes y condiciones laborales degradantes. Esto ciertamente permite abaratar costos -o como le gusta decir a los economistas, hacer más eficiente la función de producción- y en consecuencia, vender a precios más bajos. Pero, una vez más, hay un fuerte componente de desigualdad en esto, ya que la caída de los salarios debe ser más fuerte que la de los precios finales, de otra manera no habría incentivos para aumentar la producción a que acceden las personas.
Por otra parte, la mayor disponibilidad de bienes que hoy existe también se explica por la mayor productividad de la tecnología, es decir, hoy las máquinas son más eficaces a todo lo largo de la cadena productiva. De esta manera, ahora se pueden extraer más rápidamente y en mayor volumen los recursos naturales necesarios para realizar la producción y la tecnología industrial nos permite disponer de más unidades de producción por unidad de tiempo. Tampoco esto es malo, pero debemos tener presente que también significa mayor destrucción de recursos naturales, mayor contaminación y mayores desechos, o sea, más basura. Lo preocupante es que estos subproductos del crecimiento económico son «disfrutados» en abundancia y casi exclusivamente por un gran número de personas que no son precisamente los más acomodados, con lo que se agrega otro factor de desigualdad a los que ya existen.
Finalmente, algo ya muy sabido por todos, la mayor disponibilidad de electrodomésticos a los que hoy acceden las personas, está relacionado al mayor acceso al crédito de las casas comerciales (el dinero plástico), lo que significa un endeudamiento permanente y criminalmente elevado. Esto aumenta el malestar psíquico de la gente, incrementando las depresiones y angustias, reduciendo la disponibilidad para acceder a los bienes de primera necesidad, como los alimentos básicos, e incrementando también el temor a perder el empleo. En otras palabras reduciendo sus márgenes de liberad.
Valga recordar que, según la Organización Mundial de la Salud, en Santiago, donde vive la mayoría de los chilenos y donde se verifica el mayor crecimiento económico, el porcentaje de pacientes en consultorios de atención primaria con síntomas de desorden psicológico, está significativamente por sobre el promedio global y encabeza el ranking mundial.
En consecuencia, el mayor acceso al equipamiento de los hogares que refleja el Censo del 2002, es al menos relativo y no puede evaluarse como un gran salto hacia el desarrollo, ni para Chile ni para las regiones salmoneras.
Hagámonos cargo ahora de lo que Infante soslayó, olvidó o no consideró al son de su especial modo de entender la rigurosidad. Si consideramos la Encuesta CASEN del 2003, un instrumento estadístico con muchas limitaciones, pero, evidentemente, mucho más apropiado que el CENSO 2002 para analizar la situación socioeconómica del país -básicamente porque está hecho para eso- podremos ver que, el castillito de naipes de nuestros amigos salmoneros se desploma sin que quede parada carta alguna. Ahora entendemos, entonces, la «acuciosidad científica» de Rodrigo Infante.
En cuanto a la pobreza, mientras en la X región ésta alcanzaba al 21,8%, el promedio país era de 18,7%. En Puerto Montt, capital de las regiones salmoneras, la pobreza aumentó de un 17,9% en 1998 a un 18,6% en el 2003.
En educación, mientras el promedio nacional de años de escolaridad alcanza a los 10,2 años, para la X región éste alcanza a 9 años. Además, ninguna comuna salmonera tiene años de escolaridad superiores al promedio nacional, lo que deja en evidencia el poco desarrollo en capital humano que se ha producido en la zona y que, como es obvio, dada la contundencia de las cifras, el agente naranja salmonero no ha contribuido a revertir. El indicador de analfabetismo también muestra un desarrollo humano bajo en las zonas salmoneras: mientras la tasa de analfabetismo promedio a nivel nacional alcanzó al 4%, en la X región esta se ubicó en un 5,4% (véase algunos casos dramáticos en cuadro NÅŸ3).
En el caso de la salud, en las comunas salmoneras tenemos que de 14 comunas consideradas en la X región, 13 presentan porcentajes de su población afiliada al sistema público por encima del promedio nacional. Este indicador refleja una situación de pobreza relativa ya que la población que vive en las comunas que han recibido el impacto del agente naranja salmonero, en comparación al promedio de la población del país, no tiene los ingresos necesarios para acceder a un servicio de salud privado, que es un indicador del nivel de ingreso de las personas. Lo preocupante es que esta situación se ha agudizado en el tiempo. Mientras en 1998, el 43,7% de la población en la comuna de Puerto Montt estaba afiliada al sistema público de salud, en el año 2000 esta cifra aumentó al 66,3%, y en el año 2003 subió nuevamente, para llegar al 72,1%.
En cuanto al Alcantarillado, cabe señalar que Chile ha tenido importantes logros en materia de sistema de eliminación de excretas. Hoy el 80,4% de la población posee WC conectado a la red de alcantarillado. Sin embargo, esta tendencia no es válida para el caso de las comunas salmoneras, ya que ninguna presenta porcentajes superiores al promedio nacional en este ítem. Es más, existen comunas salmonaranjadas en donde el porcentaje de hogares conectados a la red de alcantarillado es bajísimo, como Puqueldón (2,4%), Cochamó (4,4%) y Quemchi (4,7%).
En cuanto a la Red de Agua Potable, mientras el 92,2% de los hogares en Chile está conectado a la red pública de agua potable con medidor, ninguna comuna salmonera, salvo Puerto Montt (capital regional) alcanza estos niveles. Nuevamente, los valores están muy por debajo al resto de las regiones de nuestro país. Destacan por lo bajísimo de sus promedios, las comunas salmoneras de Cochamó (27,5%), Curaco de Vélez (30,5%) y Puqueldón (37,1%).
En cuanto a la Distribución del Ingreso, podemos afirmar que esta industria no ha contribuido en nada a reducir la extrema desigualdad existente en las regiones salmoneras. Es más, podemos afirmar que ha contribuido a la agudización del problema, debido a los salarios extremadamente bajos que paga y a las lamentables condiciones laborales que ofrece.
En la X región, los ingresos monetarios del 20% más rico de la población son 12 veces más grandes que los del 20% más pobre. Si consideramos ahora los ingresos autónomos (ingresos del trabajo, jubilaciones, pensiones y rentas de la propiedad y del capital), el 20% más rico de la región tiene casi 15 veces más ingresos que el 20% más pobre. La regresiva e injusta distribución de los ingresos en la X región también se expresa en que el quintil más rico se lleva el 54% de los ingresos monetarios, mientras que el quintil más pobre se lleva sólo el 5% de los ingresos regionales. Al considerar el ingreso autónomo, la desigualdad se acentúa, ya que mientras el quintil más rico se lleva el 55,1% de los ingresos, sólo el 3,7% de los ingresos se los lleva el quintil más pobre. Ahora bien, tomando este mismo ingreso pero calculado en términos per capita, la desigualdad se acrecienta mucho más aún, puesto que el quintil más rico tiene un ingreso autónomo per capita 23 veces más alto que el 20% más pobre.
Estos datos de precariedad de ingresos para la X región tienen directa relación con la precariedad de ingresos que se vive en los hogares de las comunas salmoneras de la región. Tanto el promedio de ingresos autónomos como totales están muy por debajo de los promedios de ingreso a nivel nacional, lo que ratifica la idea de que estas comunas son de las más pobres del país, pese a que sostienen a una de las industrias más dinámicas de la economía de Chile. La pregunta obligada que debería hacerse el señor Infante es ¿en qué medida la industria salmonera ha contribuido a reducir la brecha de la desigualdad y/o hasta qué punto ha contribuido a acrecentar este problema? No obstante, ni se le ocurre ni le interesa hacerse esta pregunta y mucho menos intentar una respuesta.
Como ya dijimos, la industria salmonera ha contribuido a la desigualdad y a la pobreza debido a los salarios indecentes que paga. Según SalmonChile, éstos estarían por sobre los 250 mil pesos mensuales en promedio, sin que se nos informe cómo han calculado este promedio y sin saber si han considerado o no los sueldos de los gerentes. Suponemos que así ha sido, para subir la cifra de manera importante.
Esto es técnicamente correcto, pero del todo inadecuado para evaluar la situación social real que cobija a esta industria. De acuerdo a un estudio del economista Marco Kremerman (Cultivando Pobreza: Condiciones Laborales en la Salmonicultura, Fundación Terram, Abril 2005), el 80% de los trabajadores de la industria gana menos de 200 mil pesos mensuales, la subcontratación alcanza al 60% de la mano de obra empleada en la industria, y de éstos, el 75% gana menos de 150 mil pesos en promedio al mes.
Para estimar estas cifras se utilizó una encuesta que contenía 36 preguntas relacionadas con las características socioeconómicas del entrevistado, las condiciones de su contrato laboral, las condiciones laborales, y las impresiones y percepciones de los trabajadores respecto a la industria. La encuesta se efectuó en diciembre del 2004 a 139 trabajadores de las comunas de Puerto Montt, Calbuco, Quemchi y Quellon. El 100% eran operarios que se ubican en la parte baja de la estructura piramidal de cargos de las empresas y se excluyó a los gerentes y administradores.
Es evidente que las regiones beneficiadas con el nuevo agente naranja salmonero no han recibido beneficios significativos de la expansión explosiva de esta industria, dado que no han mejorado sus estándares ni en educación, ni en salud, ni en agua potable, ni en distribución del ingreso ni en niveles salariales. A lo más es posible sostener que han evolucionado en ciertas variables al unísono con el país y en algunos casos menos que otras regiones, y en áreas que difícilmente pueden asociarse a un nivel de vida superior.
Ahora bien, si las variables que mejoran en estas regiones pueden asociarse a un mejoramiento en el nivel de vida, es imposible aseverar que esto se deba a la industria salmonera, a no ser que queramos torcerle la nariz a la realidad hasta dejarla ñata o tan deforme que resulte impresentable como es el nivel de argumentación que realiza Rodrigo Infante, con la frescura inconmensurable de presentarla como el fruto de una rigurosidad académica o científica que no deja de ser sino un simple abuso literario e ideológico.
La industria salmonera o el nuevo agente naranja del desarrollo chileno está matemáticamente imposibilitada de proveer desarrollo y progreso para el país y menos aún para las regiones donde se inserta. Lo anterior porque, en lo fundamental, no es sino un patrón de acumulación y no de desarrollo que se fundamenta en la apropiación de rentas económicas de los recursos naturales y del trabajo, vale decir, en la explotación abusiva de la naturaleza y del trabajo.
En esto sigue rigurosamente la lógica del mal llamado modelo económico chileno, que no es el fruto de un grupo de científicos que desarrolló una investigación acuciosa orientada a determinar la mejor manera de llevar al país a las grandes ligas. Nada de eso ni nada que se le parezca. El mal llamado modelo chileno no es sino el resultado de una decisión política de los grupos y oligarquías que controlan las decisiones en el país, que manejan la Banca, el acceso a los recursos naturales, la prensa, las universidades y que financian la política y a los políticos de izquierda y de derecha. Es simplemente un proyecto de monopolización del poder por parte de las elites y nada más. En consecuencia, es absolutamente imposible que derive en un modelo de desarrollo.
El nuevo agente naranja salmonero se inscribe exclusivamente en esa lógica y la única manera de ocultarlo es recurriendo a escritos mediocres y malintencionados como el que escribió Rodrigo Infante en el diario La Tercera, que sólo son buenos para mantener la defensa ideológica de la industria. Además, no son honestos puesto que buscan la confusión y la difusión de la ignorancia. Peor aún, pretenden inventar o dar una nueva interpretación a la rigurosidad académica, intentando legitimar la práctica de utilizar sólo aquella información que me sirva para probar mi hipótesis, mientras la otra, la que no me sirve o refuta mi tesis, la desdeño o no hago referencia a ella.
Simplemente no existe y esto es, precisamente lo que hace Infante con la CASEN 2003. A su vez, no importa si hay alguna mínima relación o no entre las variables que yo considero relevantes y mi objeto de estudio, tal como hace Infante -de manera casi ridícula- con el alumbrado público y la producción de salmones. Nada señores, la técnica consiste en sobredimensionar y sobrevalorar la pequeña o casi nula relación que pueda existir y, cuando no existe tal relación, la invento. Miente, miente siempre, que algo queda.
En fin, como cantara Zitarrosa, hay argumento para cualquier acomodo.
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Marcel Claude y Cristián Gutierrez. Economistas. Fundación Oceana.
