Una de las fortalezas de un sistema democrático es que sus decisiones son fruto de un debate vigoroso, contradictorio y en el cual se oyen distintos puntos de vista frente a un determinado tema. En semanas recientes hemos visto que el asunto que ha concitado mayor interés por parte del debate público ha sido el de la libertad provisional de algunas personas acusadas de haber cometido determinados delitos.
En dicho debate han irrumpido nuevos actores en la escena política: los fiscales. Ellos invitan a la prensa a ver cómo detienen a personas, dan entrevistas en medios de comunicación escritos y de televisión. En ellas critican resoluciones adversas que algunos jueces de garantía han dictado al negar solicitudes de prisión preventiva. Es decir, sabemos perfectamente qué opinan sobre el funcionamiento de la nueva justicia penal y han usado hábilmente los medios de comunicación para avanzar en sus intereses, logrando de esta forma mayores niveles de encarcelamiento preventivo.
Por otra parte, los jueces de garantía han guardado silencio. No sabemos cuáles son las motivaciones para dicho mutismo. Quizás se deba a una cultura demasiado arraigada de respeto a las estructuras jerárquicas.
Otra respuesta posible es que los jueces hablan a través de sus resoluciones. Pero en este último caso habría que preguntarse por qué el Presidente de la Corte Suprema habla por los jueces de garantía y realizando afirmaciones que probablemente no sean compartidas por ellos. Decir que es un error que una persona que goza de la presunción de inocencia esté en libertad mientras se le juzga, parece algo que difícilmente un juez, que resistiendo las presiones sociales sigue respetando un derecho humano básico, esté dispuesto a suscribir. Sin embargo, se ve difícil que los jueces de garantía estén dispuestos a abandonar largos años de tradición y participar activamente en este debate público. Probablemente tendremos que seguir escuchando su participación en la discusión a través de sus resoluciones.
Otro sector que se ha hecho escuchar con fuerza en este dialogo ha sido la clase política. Los distintos candidatos presidenciales han competido para ver quién es más duro con las personas acusadas de delitos, si bien retóricamente prefieren hablar de inmediato de delincuentes, saltándose la condena por parte de un tribunal.
De igual forma el Presidente de la República ha decidido ilustrarnos con su opinión. Abandonando el principio autoimpuesto de no comentar las resoluciones judiciales, salvo que se trate de parientes o grandes empresarios, decidió criticar que los jueces negaran lugar a solicitudes de prisión preventiva. No se preocupó de informarse cuáles eran las razones legales y constitucionales de por qué un juez había tomado esa decisión, simplemente criticó – y lo hizo con terminología equivocada al hablar de libertad condicional cuando se refería a la provisional -.
En este ir y venir de opiniones no se ha escuchado de manera fuerte la voz de los defensores penales públicos. Me parece que este silencio no se debe a deficiencias de las personas que se desempeñan dichos cargos.
El problema no es de personas sino que de diseño institucional. Recordemos que en el actual diseño la Defensoría Penal Pública es un servicio público sometido a la supervigilancia del Presidente de la República, ejercida a través del Ministerio de Justicia. En este contexto es imposible pedirle a un subordinado que critique vigorosa y públicamente a su jefe máximo. En caso que la Defensoría fuese autónoma no me cabe duda que hubiésemos escuchado una respuesta enérgica a la intervención del Presidente y de los otros partícipes de este debate.
Se diría, supongo, que los derechos humanos deben ser respetados en esta «lucha» contra la delincuencia. Sin embargo, dada la subordinación al Ministro de Justicia de la cual padece la mencionada institución, no resulta realista esperar que ella salga recordando la centralidad de los derechos humanos en este debate. La coalición de gobierno quiere, también, aparecer como intransigente con estas personas, aun cuando ello signifique ignorar bienes supuestamente queridos para este sector.
Nuestra democracia está teniendo un debate respecto de cómo tratar a aquellas personas que son acusadas de cometer delito. Pero en dicho discurso no ha estado presente el respeto a los derechos humanos. Para ello se debe escuchar fuerte la voz de la defensoría penal pública, por lo que es imperioso que se le de la misma autonomía de la que goza el Ministerio Público.
Francisco Cox Vial, abogado, profesor Facultad de Derecho Universidad Diego Portales.
