En forma sigilosa, sin disponer de un permiso de edificación y sin calificación ambiental favorable, se está instalando en un sitio, ubicado en una reducida zona definida como de Uso Industrial Exclusivo, según el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), la que está inserta en medio de vastas extensiones de suelos silvoagropecuarios de la provincia de Chacabuco, específicamente en la parte norte de la comuna de Colina, una planta recuperadora de residuos metálicos peligrosos, provenientes de distintas fundiciones del país.
El problema es que dicha planta producirá efectos ambientales muy negativos en la ciudadanía, en general y en la capacidad exportadora de uva de mesa y otros frutales por parte de los agricultores de la zona, en particular. La autoridad de Salud metropolitana, para salir del paso y sin ninguna actitud preventiva, calificó eufemísticamente a esa industria peligrosa como «molesta», para así evitarse la reprimenda del ministro del ramo.
Ante el comprometido cuadro descrito, la Junta de Vecinos Villa Chacabuco y la recién organizada Asociación de Empresarios Agricultores y Residentes del Valle de Chacabuco, les han pedido a todas las autoridades competentes que este proyecto de procesamiento de 8 mil toneladas anuales de residuos que contempla una inversión de 5 millones de dólares no se ejecute en esa zona agrícola, sino en un sector de suelo apto, vale decir, alejado de asentamientos humanos y de actividades de cultivo de la tierra.
Pero como en Chile opera la figura de los hechos consumados, la factoría empezó a construir una bodega de grandes dimensiones para almacenar materias primas riesgosas, a sabiendas que la municipalidad le tenía que cursar multas por desarrollar faenas no autorizadas: como se trata de insignificantes partes del Juzgado de Policía Local son pagadas por su caja chica y la amenazante edificación continúa. Si se llegara a concretar la operación de la objetada planta se expondrá a la comunidad a una contaminación generalizada de partículas de plomo, zinc, arsénico, cadmio, cromo y otros semejantes que deteriorarán la salud de la población y la calidad de la producción agrícola que se dirige al mercado internacional.
Ahora bien, como esta iniciativa comercial ha generado polémica, el titular del proyecto contaminante le solicitó al director de la Conama que el Estudio de Impacto Ambiental, ingresado recién a tramitación, se tratara reservadamente en la Corema, situación que fue analizada en una pasada sesión de ese órgano ambiental. El Seremi de Salud y otros se opusieron a esa inicua pretensión, no por convicción de transparencia, sino porque, ante los eventuales futuros problemas mayores, quedaría al descubierto el discrecional secretismo otorgado a ese privado, lo que políticamente era inconveniente, sobre todo por ser ese proyecto uno de los más peligrosos que esa instancia colegiada ha revisado.
Es más, se acredita en el acta de aquella sesión que los miembros de la Corema no conocen las cuantías de los materiales de alta toxicidad generadas por el proceso científico prototípico del proyecto en comento, al que se le han hecho más de 100 consultas en su primera etapa, lo que indica que hay innumerables observaciones «tremendamente potentes», según expresó el Seremi de Agricultura, afirmando él mismo su insatisfacción por «las cosas ocultas» en este discutido proyecto.
Relacionado con lo sucedido al interior de la Corema, debemos recordar que el 4 de octubre de 2004, es decir hace 8 meses atrás, la Contraloría General de la República, en su dictamen NÅŸ 49883, estableció la ilegalidad de decenas de resoluciones publicadas en el Diario Oficial, las cuales otorgaron el carácter de secretos y/o reservados a una serie de actos y documentos administrativos que, por su propia naturaleza, no revisten tal calidad. Curiosamente tales resoluciones se basan en decretos supremos del año 1974, es decir del período más duro del pasado gobierno dictatorial.
El ente contralor fue muy explícito al manifestarle al gobierno que debía rectificar esas resoluciones para que se enmarcaran en la legalidad vigente. Sólo una repartición pública procedió en consecuencia a fines del año 2004, modificando su resolución y por lo tanto, ateniéndose al Estado de Derecho.
El resto de los ministerios, tales como el de Vivienda, Urbanismo y Bienes Nacionales, de Salud, de Educación, de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, de Economía y Energía, de Planificación y Cooperación (Mideplán), de Justicia (sic), del Trabajo y Previsión Social, de Minería, de Agricultura, de Defensa, de Educación, de Relaciones Exteriores, del Interior, de Hacienda, innumerables municipios y otros tantos servicios públicos no se han dado por aludidos por la instrucción del órgano fiscalizador y no han hecho nada para regularizar sus situaciones.
Como la Ley de Probidad y la Ley del Procedimiento Administrativo son inequívocas y dado que ya ha transcurrido tanto tiempo sin que la autoridad reaccione para ceñirse al marco regulatorio vigente, cinco organizaciones ciudadanas -Fundación Terram, Océana, Ciudad Viva, Ecocéanos y la nuestra- tuvieron que tomar el toro por las astas y en días pasados le representaron por escrito esta gravísima falta al ministro secretario general de la Presidencia, con el propósito de que instruyera a sus abogados especialistas en orden a revisar y rectificar los cuestionados procedimientos administrativos con la idea de que no continúen entorpeciendo la necesaria transparencia.
En síntesis, se abortó el intento de mantener en secreto las sesiones de la Corema en las ocasiones en que se iba a tratar el asunto del impopular proyecto contaminador en el Valle de Chacabuco. Esperamos que el mismo se emplace en una de las tantas zonas mineras establecidas en el PRMS, ya que sus procesos -por tóxicos que sean- son necesarios, y como consecuencia del «ayuda memoria» entregado al ministro Dockendorff, esperamos que en el transcurso de las próximas semanas las 80 resoluciones impugnadas por la Contraloría se transformen en legales para beneficio de la ciudadanía y del propio gobierno.
Todas las actividades económicas en democracia son posibles: las sustentables son deseables y las que producen riesgos latentes a la población o a la naturaleza deben ser muy controladas por un Estado consciente de sus deberes para que no dañen los ecosistemas. Asimismo éstas últimas deben localizarse muy lejos de los centros poblados. Nunca más se deben repetir los episodios provocados por Celco en el río Cruces o por una sanitaria poco preparada en el Humedal de Batuco.
Quienes ejercen desde La Moneda, personas muy preparadas por lo demás, saben que prevenir es mejor que curar y por ello estamos ciertos que la variable medioambiental se tendrá muy en cuenta a partir de las negativas experiencias que hemos conocido. Nunca es tarde para empezar y por ello celebramos la creación de una unidad fiscalizadora ambiental, tal como lo aseguró el primer mandatario en su cuenta pública del 21 de mayo pasado en el Congreso Nacional. Esperamos que el sector privado asuma su responsabilidad ante el país.
Patricio Herman P. /Agrupación «Defendamos la Ciudad»
www.defendamoslaciudad.cl.
