El senador Ominami no ha sorprendido con su propuesta de eliminar el sistema de indemnizaciones para los trabajadores «de aquí en adelante». Esta historia no es nueva. Ha sido el caballito de batalla de los economistas que trabajan para los grupos empresariales, de la derecha política y del FMI. Al reposicionar el tema en los medios de comunicación lo que hizo Ominami es pasarse a la vereda del frente, como dijo el Presidente de la CUT. Eso sí que para atenuar el garrotazo, el senador socialista agregó una zanahoria a su propuesta: discutir al mismo tiempo el uso de los excedentes del cobre y el perfeccionamiento del seguro de desempleo. Además, para que la iniciativa fuese vendible, utilizó ese manoseado argumento de empresarios y economistas (de derecha) para imponer ideas que sólo a ellos les convienen: Ä„Ä„ qué la medida favorecerá a la «pequeña y mediana empresa debido que para ellas representa un costo demasiado oneroso.» Y, se agrega, que la eliminación de estas indemnizaciones le hará un gran servicio al crecimiento y al empleo, tan decaídos en el último tiempo.
No me ayude tanto compadre, le dijeron a Ominami los dirigentes sindicales. Porque a los trabajadores les preocupa, en primer lugar, erradicar el trabajo indecente y las prácticas patronales ilegales. Según la OIT, el 70% del trabajo en Chile es indecente. Vale decir, la gran masa laboral sufre alguna de tres lamentables condiciones: la inexistencia de contratos de trabajo; la falta de seguridad social; e, ingresos mensuales inferiores a 3,3 salarios mínimos líquidos. Por tanto, antes de desplegar el discurso de la flexibilidad, por la vía del no pago de las indemnizaciones, habría que enarbolar la defensa de la legalidad y de la decencia.
Esto significa que ningún empresario en Chile debe «acarrear mano de obrar» sin comprometerse en un contrato formal, y por el salario mínimo legal; en segundo lugar, que ese compromiso exige cumplir con la seguridad social. El cumplimiento de la tercera condición para el trabajo decente es el más difícil, sin duda, ya que tiene que ver con la implementación de una estrategia nacional de industrialización de los recursos naturales y con la formación de los recursos humanos. Y esto a nadie la interesado mucho, a no ser por retórica. De esto último se viene hablando hace quince años y siempre nos quedamos en lo mismo. Ä„A mediados de los noventa, fue la segunda fase exportadora (que propuso el mismo Ominami) y, ahora, la salvación, según se nos ha dicho, está en la mayor inversión en desarrollo tecnológico! Hasta ahora han sido mentiras y discursos para la galería. Y seguimos exportando materias primas producidas con bajos salarios.
A esas tres indecentes condiciones se le agregan perlitas adicionales que ayudan aún más a la desprotección laboral para que los empresarios produzcan a bajos costos y reciban altas ganancias. Primero, la reducción de la sindicalización a la mitad durante los gobiernos de la Concertación, la que alcanza a un misérrimo 11% de la fuerza de trabajo. Segundo, la persistencia de trabas para negociar colectivamente, lo que en 2005 permitió que apenas un 5% de los trabajadores pudieran utilizar este instrumento. Finalmente, gracias a las muchas triquiñuelas que permite el Código del Trabajo, a las ilegalidades patronales y recientemente al rechazo del Tribunal Constitucional a una definición estricta de empresa es que se acentúa la debilidad negociadora de los trabajadores.
Al final de cuentas el problema principal para los trabajadores es la desprotección y no la flexibilidad y menos la eliminación de las indemnizaciones por despido. Por cierto a la masa laboral desempleada le interesa encontrar mayores oportunidades de trabajo. Pero ello no se logra pasando por contrabando que los jóvenes trabajen por menos ingresos. Y tampoco resulta ético dividir a la masa laboral entre quienes tienen derecho a indemnización y quienes no la tienen. En el fondo, la discusión de «lo oneroso que son las indemnizaciones por despidos» sirve para instalar la eliminación del salario mínimo, aspiración de siempre de la derecha, de los grandes empresarios y de sus economistas.
Reconocido el fracaso de la «segunda fase exportadora» y asumiendo que las mayores inversiones en desarrollo tecnológico tardarán un periodo considerable, la única alternativa realista a corto plazo para que aumente el empleo es apoyar de verdad a las pequeñas empresas. Pero, lo que les duele a las pequeñas empresas no son los costos de la indemnización por despidos sino la altísima tasa de interés por los créditos. Esto es lo que necesitan los pequeños empresarios. Y lo han dicho una y mil veces. Y siempre la respuesta va por algún otro lado. Y, en vez de utilizar al Banco del Estado como el apoyo crediticio no usurero para los créditos a las pymes, se ha convertido en un banco comercial más y, en algunos casos, para favorecer crediticiamente a grandes capitalistas.
Probablemente Ominami insistirá que la discusión sobre la eliminación de las indemnizaciones correrá paralela al fortalecimiento del seguro de desempleo. Pero, porqué tendrían que creerle los trabajadores cuando el Gobierno de Lagos, ese del «crecimiento con equidad», dijo en su momento que a partir de la instalación de ese sistema de seguro los trabajadores podían estar tranquilos. Y no fue así. El seguro de desempleo no ha servido para nada, no los protege. Y porqué habrían de creer los trabajadores en una nueva estrategia de desarrollo, utilizando los recursos excedentarios del cobre, cuando no fue cierta «la segunda fase exportadora» y cuando la mismísima Concertación inventó el superávit fiscal que impide gastar los recursos adicionales del precio del cobre. Dónde mis ojos te vean dicen hoy los trabajadores y también los pequeños empresarios. A defender mejor lo poco que hay. Qué los empresarios cumplan con las leyes laborales, que el Banco del Estado baje la tasa de interés para las pymes. Y después conversamos el resto.
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Roberto Pizarro. Economista.
