Después de la Parada Militar, el Comandante en Jefe del Ejército declaró el término de la transición para su institución. Pero, inmediatamente añadió, quizás con cierta pena, que mientras no terminaran los procesos por violaciones a los derechos humanos contra militares «no vamos dar por definitivamente terminada la transición.» En esta aparente contradicción, el jefe del Ejército reconocía la subordinación al poder civil que les corresponde a las instituciones armadas en democracia y asumía, al mismo tiempo, las responsabilidades de sus hombres por atentados a la ciudadanía durante la dictadura. Asumir estas responsabilidades ha sido más difícil que aceptar la subordinación al poder civil.
El General Prats, antes de su muerte, anunció la oscura noche que se le vendría a los militares. Dice en sus Memorias: «Â…el 11 de septiembre de 1973, por fin la alta burguesía chilena logró satisfacer su ambición de derrocar al Gobierno Constitucional de Chile, usando a las FF.AA. como instrumento de destrucción fraticida, las que -desde esas trágicas horas- pasaron a convertirse en guardia pretoriana de la oligarquía». Los hombres de armas, que habían jurado lealtad al sistema institucional y a la Patria, se aliaron a la derecha política y a los dueños de la riqueza para agredir a los chilenos más modestos, en el campo, en las fábricas y en las universidades.
Los militares se equivocaron. No calcularon el inmenso costo que tendrían que pagar por haber servido los intereses de los instigadores del golpe de Estado. Y, probablemente, tampoco imaginaron que iban a cargar con toda la responsabilidad por los atentados contra los derechos humanos. Pero así fue no más. Exactamente como lo pronosticó el General Prats. Ello ha significado el desprestigio internacional de las instituciones armadas y en nuestro país una brecha de desconfianza entre civiles y militares. Gracias a la perseverancia de los familiares de los martirizados por la represión pinochetista y a la redignificación del Poder Judicial, han caído uno tras otro los responsables directos de asesinatos y desaparecimiento de personas. Los juicios sobre derechos humanos han involucrado exclusivamente a los hombres de armas. Sólo a miembros de las instituciones armadas y no a los instigadores de la conjura golpista. No hay juicio alguno por derechos humanos que afecte a políticos, empresarios, organizaciones gremiales e incluso gobiernos extranjeros que participaron en la organización, financiamiento e incluso en la represión directa de chilenos.
Las FF.AA. son grandes perdedores con el golpe. Colocadas en el ojo del huracán de los defensores de los derechos humanos, en Chile y en el mundo, se encuentran obligadas a ocupar sus energías para protegerse como instituciones y desplegar sus esfuerzos en la defensa judicial de miembros de sus filas que actuaron directamente como criminales. Por otra parte, las FF.AA. deben sentirse traicionadas por esos civiles que los aplaudían cuando reprimían a los sindicatos mientras ellos acrecentaban sus ganancias. Finalmente, la tristeza los debe haber embargado cuando la última línea de argumentación de la dictadura ha quedado desbaratada con la corrupción de Pinochet. El Capitán General no había actuado desinteresadamente para «defender a Chile contra el comunismo» sino que lo había hecho para obtener pingues ganancias. En efecto, mediante el subterfugio de las privatizaciones, facilitó no sólo el enriquecimiento de los más ricos sino también de una nueva lumpen burguesía, la de sus amigos y parientes. Pero, además, como la justicia lo viene demostrando, el dictador se benefició personalmente, gracias a la exacción de fondos del Estado, con la recepción de coimas y el tráfico de armas.
El General Prats fue premonitorio: «Cuando se instaure en Chile la nueva democraciaÂ…El prestigio de los cuerpos armados estará gravemente deteriorado por un masivo sentimiento de odiosidad y desprecio que despertará el recuerdo de las atrocidades y arbitrariedades que incurrieron las tropas durante la etapa represiva». Lo escribió en sus Memorias, antes que en la ciudad de Buenos Aires explotara una bomba en su automóvil, por indicación de Pinochet. Las Fuerzas Armadas, con dificultades y esfuerzos, se están reencontrando con la civilidad y ésta comienza a reconocerlo. Es probable que una de las razones del apoyo popular de Michelle Bachelet diga relación con este reencuentro. La reciente Parada Militar, encabezada por dos mujeres, la Presidenta y la Ministra de Defensa, debiera ser símbolo de los nuevos tiempos para las FF.AA. Tiempos para abrirse hacia la sociedad civil. Tiempos para garantizar a los chilenos que el monopolio de las armas está al servicio de la defensa de la soberanía, para proteger al pueblo y no para apoyar intereses de privilegiados ni para enriquecer a inescrupulosos. Esa es la transición que desean los chilenos de sus instituciones armadas.
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Roberto Pizarro. Economista.
