La reciente autorización de la concesión eléctrica provisional para el proyecto hidroeléctrico de Endesa en Aysén resulta francamente decepcionante pues la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) no respondió a ninguno de los argumentos técnicos, jurídicos, sociales, económicos y ecológicos de quienes nos oponemos a la construcción de las represas.
Este supuesto servicio público adopta plenamente la tesis de la empresa española, pues niega el derecho que tenemos los ciudadanos de participar en el debate, y concretamente, en el procedimiento administrativo respecto de este mega proyecto. En efecto, la SEC decidió que sólo quienes son propietarios acreditados de predios que serían inundados por el proyecto tienen derecho a opinar. En este esquema reduccionista, muy conveniente para la empresa, quedan fuera las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos concientes e interesados en el futuro de Aysén, de la Patagonia y de Chile.
Esto es, para empezar, totalmente contradictorio con la idea de «proyecto país» con la que se ha intentado identificar el negocio eléctrico de Endesa y Colbún. Si se pretendiese de buena fe que esta iniciativa llegase a ser un «proyecto país», entonces el debate en torno a su construcción debiera darse desde Arica a Punta Arenas, ya que lo que está en juego, de hecho, atañe no solamente a los propietarios directamente afectados y el resto de la población de la Región de Aysén, sino también a todos los chilenos. En consecuencia, lo que suceda en este conflicto delatará si el país seguirá atascado en el nefasto esquema político, económico, energético y ambiental ultra neoliberal y neocolonial en el que se encuentra hoy, o si existe realmente voluntad política para transitar a un nuevo paradigma en todos estos ámbitos.
Y desafortunadamente la determinación tomada por la SEC apunta a lo primero, porque aplica su discrecionalidad administrativa en sentido contrario al bien público, al obstaculizar la legítima y necesaria participación ciudadana. Esto constituye otra señal negativa en términos del ejercicio de la democracia en el país, que se suma a otras actuaciones semejantes del gobierno, que son igualmente preocupantes.
Hemos sido testigos, en las últimas semanas, del comportamiento errático del ministro de Obras Públicas, Eduardo Bitran, en relación a los proyectos de Endesa en Aysén. El personero derivó de contribuir activamente a pretender instalar en la percepción del público la idea de que las represas en Aysén y el sistema de transmisión asociado son un hecho consumado, a cuestionar las características de las centrales hidroeléctricas. Sorprendentemente, el ministro, después de otorgar su apoyo implícito al proyecto, pareció haber descubierto súbitamente que éste resulta incompatible con el desarrollo de otras actividades productivas sustentables en la región, tales como el turismo.
Ahora Bitran vuelve a la carga, reiterando que los recursos hidroeléctricos de Aysén «van a tener que usarse» y punto; peor aún, sosteniendo que ésta es una opinión de consenso al interior del gobierno. Él incluso «excusa» a la Presidente Bachelet por no haber dado hasta ahora su apoyo explícito al proyecto, señalando que la Mandataria, debe esperar a que se realicen los estudios de impacto ambiental. De esta manera, el ministro da a entender que la voluntad presidencial a favor del proyecto existe, pero que la mandataria para manifestarla debe esperar la legitimación de la Conama.
Esto constituye casi una tautología puesto que este servicio «público», por diseño, es sólo un ente coordinador totalmente dependiente de la Secretaría General de la Presidencia, el ministerio político del gobierno, y de un Consejo de Ministros, Secretarios de Estado, o más bien dicho «Secretarios del Presidente», por lo que las decisiones de la Conama no son técnicas, ni autónomas, ni públicas, sino políticas en el peor sentido de la palabra, y cupulares. Y todo sabemos que hoy, gracias al diseño societal legado por la dictadura y asumido por la Concertación, en la cúpula los diálogos definitorios se dan entre el gobierno y el sector corporativo privado, y no entre el primero y la ciudadanía.
En la misma línea, nos preguntamos por las razones que llevan al ministro Bitran a oscilar de la forma que lo hace. Ante la falta de una explicación pública al respecto sólo es posible concluir que Bitran actúa movido por razones desconocidas para el ciudadano «común y corriente», lo que significa, aquel que no participa de los ‘círculos oficiales’.
Una noción ampliamente compartida en países del primer mundo es la necesidad de tomar las decisiones relevantes para la sociedad a través de un debate previo e informado, dos condiciones indispensables para alcanzar un verdadero consenso social y así tomar decisiones más sabias con una visión de país de largo plazo. En Chile tenemos todavía una democracia imperfecta, qué duda cabe, pero una cosa es asumir este hecho y otra muy distinta, es abusar de este lamentable status quo.
Como ciudadanos debemos ejercer una clara e inequívoca demanda hacia el gobierno de transparentar cada una de sus decisiones, de actuar de cara a la opinión pública, y de no sólo permitir, sino que de impulsar en forma muy proactiva los necesarios debates previos e informados. En el caso del negocio privado proyectado por Endesa y los Matte en Aysén, algunos personeros de gobierno parecen estar dando por sentada la aprobación de una iniciativa que es altamente cuestionable desde el punto de vista ambiental, social, cultural, político y económicoÂ… Pero Ä„ojo!, somos cada día más los chilenos que vemos la realidad y estamos ejerciendo un rol activo para evitar más destrucción y conservar, en este caso específico, la Patagonia sin Represas.
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Juan Pablo Orrego. Coordinador Ecosistemas
