Que Sebastián Piñera es uno de los hombres más ricos de Chile, es un hecho. Que Piñera es un político activo, también es un hecho. Que contar con mucho dinero le ayuda a Piñera en su actividad política, es indesmentible. Que estar en política le ayuda a Piñera a hacer dinero, espero que no sea así.
Sebastián Piñera ha tomado la decisión de estar en los dos frentes a la vez. Darse a la dura tarea de hacer política e influir en el desarrollo económico y social del país y, al mismo tiempo, bregar, supongo que también arduamente, por aumentar su riqueza personal y de sus empresas, para bien propio y de todos los que participan de ellas.
Así como imagino que Sebastián Piñera se molestaría si señaláramos que él está en política para favorecer sus negocios, así también resulta inaceptable que cuando algunas de sus operaciones de negocio son objeto de control por parte de las entidades competentes diga que lo hacen por razones políticas.
No son pocos los casos en el mundo de hombres de negocios que entran a la política para lograr desde allí cierta impunidad. Confundiendo intencionadamente a la opinión pública, al argüir supuestas persecuciones políticas cuando son objeto de sanción por infracciones a la ley.
Sinceramente creo que tal no es el caso de Sebastián Piñera, a quien muchos le reconocemos un honesto gusto por la actividad pública. El punto es que cuando él mismo o sus abogados argumentan políticamente para intentar eludir la acción fiscalizadora de la autoridad, se igualan precisamente con aquellos funestos casos de la más turbia relación dinero y política.
No me parece que pueda impedirse a los hombres de negocio o a los grandes empresarios actuar en política y postular a los cargos públicos (como sí se hace con dirigentes vecinales y sindicales que no pueden presentarse como candidatos al Parlamento, cuestión que es urgente derogar), pero sí se les puede exigir que separen tajantemente ambos asuntos y que en caso alguno escuden sus actuaciones financieras en sus posiciones públicas.
Importante es recordar que aún los propios aliados de Piñera, incluido el presidente de su partido, le han enrostrado esta compleja dualidad. Más aún, llevaron el asunto al propio Parlamento para que lo analizara en su calidad de ente fiscalizador.
Quien aspira a representar a los ciudadanos no puede pretender contar con más derechos que los que asiste a cualquier miembro de la comunidad ni exigir tratos de privilegio, como tampoco debe sufrir un mayor rigor jurídico que los demás.
Frente a la situación de Piñera, el Superintendente de Valores y Seguros ha tenido la misma ponderación y ecuanimidad con que actúa frente a las demás personas que se encuentran en casos similares. La cuestión es que muy pocas personas tienen la posibilidad de esgrimir defensas políticas, y entonces deben, según corresponda, afianzar la impecabilidad de su actuar o bien asumir las sanciones que correspondan.
Sebastián Piñera es un líder político y un hombre millonario, pero nada de eso lo coloca en un status especial frente a la ley, y él bien lo sabe. Por eso no le cabe más que tomar el camino de la compostura y de la argumentación jurídica en las instancias que corresponda.
Eduardo Abedrapo B. Vicepresidente Nacional Partido Demócrata Cristiano
