A nueve años que 120 países -entre ellos Chile- firmaran un compromiso con la paz mundial y la lucha contra la impunidad de los crímenes más graves que conmueven a la humanidad, como lo es el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y, cinco desde que la Corte comenzara a funcionar, cabe destacar la enorme trascendencia de que el conjunto de naciones del mundo haya sido capaz de establecer un mecanismo de justicia universal para juzgar a los responsables de los crímenes más atroces como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Dado que estos crímenes afectan no sólo a las víctimas sino a la humanidad es que los Estados se han obligado a perseguirlos, estableciendo para ello un tribunal internacional permanente e independiente.
A la fecha ya son más de 100 Estados los que se han incorporado a la Corte Penal Internacional, constituyendo una poderosa señal de rechazo a la violencia, a las matanzas, a la tortura, a las desapariciones forzadas, a las violaciones sexuales, a la persecución y otras violaciones graves a los derechos y libertades fundamentales. Países de todos los continentes, con diverso grado de desarrollo económico y democrático, hacen parte de la Corte Penal Internacional pues han comprendido que la lucha contra la impunidad debe darse a nivel local como global.
Lamentablemente, Chile ostenta el deshonroso lugar de ser el único país sudamericano que permanece al margen, por ahora, de los avances en justicia internacional. Ello, claramente, no se condice con los avances democráticos y sociales de los últimos años, la solidez del Estado de derecho ni el grado de inserción en la comunidad internacional que Chile ha alcanzado.
Principalmente, este retraso se ha debido a la dificultad de alcanzar un acuerdo a nivel de la clase política en torno a la importancia de integrarse plenamente a los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos, al menos, en el mismo grado en que se avance en integración económica y comercial. Ello resulta necesario tanto por el valor intrínseco que representa la protección a la persona humana, como por la relevancia que adquiere para el país, producto de su historia reciente, adoptar las garantías suficientes de no-repetición.
Las recientes declaraciones de Nicholas Burns -del Departamento de Estado norteamericano-, a la Presidenta Michelle Bachelet, en orden a que la incorporación de Chile a la Corte Penal Internacional no representa un problema en las relaciones con Estados Unidos, resultan muy afortunadas y oportunas. Esta declaración, unida a los importantes cambios en la política norteamericana que desde fines del año pasado ha venido levantando las sanciones aplicadas a países que firman el Estatuto de Roma sin garantizar inmunidad a los soldados de dicho país, viene a despejar una dificultad que ha sido señalada por algunos actores políticos en los últimos meses.
Cabe esperar, que el suspendido debate parlamentario sobre la ratificación del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, se reanude prontamente y que al conmemorarse 9 años desde la firma del Estatuto y 5 desde la instalación de la Corte, Chile se sume a las naciones civilizadas del mundo que integran el más importante mecanismo de justicia universal. «El mundo nos está esperando».
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Camila Maturana, Abogada de Corporación Humanas
