La aprobación de actividades mineras en la Reserva Nacional Las Vicuñas, Región de Tarapacá es una reincidencia de actuaciones irregulares de las Comisiones Regionales de Medio Ambiente (Corema), que se apartan gravemente de la legalidad vigente. De no poner fin a estas, el gobierno terminará por perder toda legitimidad ambiental y arriesga acusaciones a nivel internacional.
Esto es secuela de lo sucedido en octubre de 2006, cuando la Corema de Atacama aprobó vía Declaración de Impacto Ambiental (DIA) la ampliación y cambio de combustible de la central termoeléctrica Guacolda III en el valle de Huasco, en circunstancia que correspondía someter el proyecto a Estudio de Impacto Ambiental (EIA), para mitigar los perjuicios socio-ambientales de esta inversión. Primero se aprobó la quema de carbón con lecho fluidizado (tecnología de alta captura de emisiones, entre ellas metales pesados cancerígenos) y luego se cambió por una de carbón pulverizado, más contaminante. La máxima autoridad ambiental de la época, la ministra de la Presidencia, Paulina Veloso, nada hizo al respecto.
Hoy, la compañía Vilacollo, del grupo Angelini (dueños de Celco) consiguió con el mismo modus operandi que la Corema de Tarapacá aprobara prospecciones mineras en la Reserva Nacional Las Vicuñas, territorio protegido como reserva de la biosfera por Unesco. Esto contradice absolutamente la ley ambiental chilena y los compromisos internacionales del Estado. La zona amenazada es parte de la Reserva de la Biosfera Lauca, desde 1981; está protegida por el Convenio Trinacional para la Conservación y Manejo de la Vicuña; por la Convención de Washington; la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural y el Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, además de acuerdos pactados con Canadá.
Esto es un nuevo golpe a la legitimidad de la institucionalidad ambiental y a la función de Ley 19.300, que deberían proteger y tutelar la salud de las personas y el patrimonio natural. Cuando -el 10 de abril de 2007- la Corema de Tarapacá recibió la solicitud de sondaje de cobre, mediante DIA, lo que correspondía era rechazar y recomendar que se hiciera un EIA. Es tremendamente grave que el gobierno, amparado en informes improvisados de funcionarios de Conama y del Ministerio de Minería, pretendan blanquear acciones ilegales.
Este caso reviste doble gravedad si se atiende a que el sondaje minero fue rechazado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), organismo a cargo de la administración del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (Snaspe), que ha reclamado que la presentación de una simple DIA no basta para pronunciarse responsablemente sobre el impacto del proyecto. Ello configura que a través de los procedimientos de aprobación ambiental se están violando las leyes sectoriales.
Este ejemplo es una ilegalidad recurrente, secuela de una mala señal dada por el gobierno en el caso Guacolda, y constituye una conducta reiterada de abandono de funciones por parte de la autoridad ambiental regional. La ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, como presidenta del Consejo de Ministros de Conama, debe corregir la situación, anular el permiso ambiental entregado al proyecto minero y clarificar a las Corema la reglamentación para el cumplimiento de la ley ambiental nacional e internacional. También es preciso que el gobierno someta a sumario administrativo a la intendenta de Tarapacá, Antonella Sciaraffia, y a los funcionarios implicados, para que sepamos por qué se aprobó un proyecto fuera de la ley.
____________
Sara Larraín. Directora del Programa Chile Sustentable.
