La marcha convocada por la CUT el pasado 29 de agosto fue enfrentada por las autoridades a cargo del orden público con un esquema represivo y violento que afectó a numerosos participantes, entre ellos al senador Navarro.
¿La represión generalizada corresponde a acciones individuales de los policías o es parte de una política de seguridad? Diría que ambas cosas. La responsabilidad individual de los represores es clara y ninguna circunstancia puede explicar el carácter artero y criminal de las agresiones que tuvieron lugar.
Pero no hay que evadir la cuestión de fondo: los ciudadanos aún no terminan de recuperar los espacios públicos para menesteres democráticos. Si recordamos los días de la dictadura, la agresión del 29 de agosto parece una imagen rescatada de aquel tiempo oscuro. Y, sin duda, bastante hemos avanzado desde entonces en materia de libertades públicas. Pero, si recordamos la vieja república anterior a la dictadura, podemos concluir que hoy seguimos presa de un concepto de orden que no se ha liberado totalmente de la herencia del pinochetismo.
En la óptica que se nos quiere imponer es posible pensar en el cierre de calles cuando, por ejemplo, un alcalde quiere evitar la presencia de transexuales en su comuna. Es factible programar desvíos de tránsito cuando hay partidos de fútbol de «alto riesgo» o conciertos de rock de multitudinaria asistencia. El cambio de guardia de Carabineros -que se supone una especie de atracción turística equivalente a la ceremonia londinense de Buckingham Palace- suspende por largo rato la circulación por calle Moneda algunos días a la semana.
Pero una marcha de trabajadores organizados que quieren expresar apoyo a sus demandas es, hoy, mañana, siempre, prohibida por la Alameda, incluso por las veredasÂ…
Aunque incompleta, limitada, renga, la democracia chilena se ha consolidado lo suficiente como para que alguna vez la CUT pueda acceder a nuestras calles sin que sus adherentes sean agredidos y el sindicalismo desprestigiado al atribuirle acciones reprobables a las que no ha convocado y que no promueve. ¿El transporte público y privado? Hay que programar los desvíos. Son incómodos, pero menos que cuando los mismos desvíos son provocados por apedreos, chorros de agua o gases lacrimógenos.
Hay que rediscutir a quién pertenece la ciudad y cómo se regula apropiadamente la ocupación de su territorio. Las autoridades y Carabineros deben estudiar y proponer nuevas fórmulas que permitan un uso razonable de los espacios comunes por las organizaciones políticas y sociales.
Finalmente, cabe celebrar que luego de la artera e indignante agresión contra Navarro la máxima dirección de Carabineros le haya ofrecido excusas públicas al parlamentario. Es un gesto apreciable, más allá que, de no haberlo hecho, la posición de Carabineros hubiera sido insostenible.
Agresiones violentas afectaron a varios participantes y dirigentes sociales el 29 de agosto y a muchos más en oportunidades anteriores. Sin embargo, nadie les ha pedido disculpas. Carabineros debe disculparse con todos los afectados. No puede pretender que la cortesía con una autoridad encubra tanto la violencia innecesaria fundada en criterios errados sobre el orden público como la discriminación contra los simples ciudadanos.
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(*) Jorge Arrate fue Presidente del Partido Socialista.
