Recientemente Chile fue sede de la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, y después de estar sumergidos durante varios días en una avalancha mediática -incluyendo polémicas de alto calibre- cabe preguntarse qué queda después de este tipo de encuentros.
La agenda mediática se ha visto copada por el enfrentamiento entre el presidente venezolano Hugo Chávez y el rey Juan Carlos de España y sus consecuencias, y poco se ha mencionado acerca de los acuerdos alcanzados y de las discusiones de fondo que se registraron durante esos días. Todavía menos se ha mencionado lo que ocurrió en el Encuentro Cívico Iberoamericano, celebrado los días previos a la Cumbre de los presidentes y en el marco de la cumbre oficial; en esa cita más de 70 organizaciones sociales y sindicales de todo el continente debatieron y elaboraron propuestas cuyas conclusiones fueron entregadas a los presidentes. Mucho menos, se difundió lo ocurrido en la Cumbre de los Pueblos, de carácter no oficial, que también congregó a representantes de la sociedad civil de todo el continente para discutir acerca de los problemas de la región.
Desde la Cumbre Cívica, donde el centro del debate fue la elaboración de propuestas para combatir las enormes desigualdades que existen en la región, se planteó la necesidad de una transformación del modelo económico «hacia un modelo económico sostenible que recupere el rol de los Estados en la defensa de los intereses de quienes sufren la exclusión», como señala la Declaración del Encuentro.
En efecto, resulta poco sostenible hablar de cohesión en una sociedad que exhibe tan altos índices de desigualdad e injusticia social, y donde los gobiernos, en la inmensa mayoría de los casos, optan por alinearse con los grandes poderes económicos en desmedro del ciudadano común. Como consecuencia, pese al crecimiento y al mejoramiento de las cifras macroeconómicas registrado en los últimos años, la brecha entre ricos y pobres aumenta, así como el número de personas que viven en extrema pobreza, que alcanzan los 200 millones en toda la región.
El tema medioambiental fue también materia de debate en el Encuentro Cívico, que consideró como un eje relevante el cambio climático, problema transversal y emblemático en la actualidad en el mundo entero, y que debiera considerarse como punto de partida para reformular políticas públicas en todos los ámbitos. «Una región que combina peligrosamente la abundancia y la riqueza de recursos naturales, legislaciones permisivas en materia ambiental, economías basadas en la extracción y exportación de recursos naturales con poco valor agregado, tiene como consecuencia que en muchos países estén en peligro las riquezas naturales», señala la declaración de la sociedad civil.
Resulta urgente, entonces, tomar acciones concretas tendientes a frenar el deterioro ambiental en la región y fortalecer el debate público acerca de las mejores alternativas para avanzar hacia un desarrollo sostenible. Sobre todo si se considera que el problema del cambio climático será el centro de discusión sobre derechos humanos y justicia social en el futuro, debido a los previsibles problemas de acceso al agua e inequidad ambiental.
El concepto de cohesión social propuesto en la Cumbre de presidentes debe traducirse en una propuesta de mayor equidad y participación de la sociedad civil para incidir en las políticas públicas, así como en el fortalecimiento de su capacidad de fiscalización tanto hacia los gobiernos como hacia las iniciativas privadas.
Un elemento fundamental, entonces, para profundizar las democracias de la región, es abrir espacios para la participación de los ciudadanos; sólo así será posible generar normativas que realmente permitan un mayor resguardo del patrimonio ambiental, cultural y social, así como una mejor distribución de los costos y los beneficios de las riquezas de la región.
____________
Flavia Liberona. Directora ejecutiva de Fundación Terram
