El año que termina debe ser calificado como el año cero de la democracia normalizada. Y todos sus hechos analizados bajo el prisma de la normalidad, es decir, por lo que valen en sí mismos y no como derivados o complementos de algún hecho mayor.
Para una política acostumbrada durante años a la dicotomía dictadura-democracia, el cambio no es fácil. Pese a que parte importante de los actores directos de la tragedia ya no existen, y el país tiene una vida institucional estable.
Como un acto reflejo fuera de época, cada cierto tiempo algunos actores políticos vuelven a hablar acerca de la necesidad de distinguir los errores de los horrores, como hizo un senador socialista a propósito de las responsabilidades del ex Presidente Ricardo Lagos en el Plan Transantiago. El juicio histórico de la ciudadanía distingue perfectamente una cosa de otra.
La Concertación, luego de 18 años de ejercicio de gobierno, consolidó un estilo al interior de su elite política, y una manera de hacer gestión gubernamental. La llegada de Michelle Bachelet a la Presidencia rompió en parte ese modo. Igualdad de género, jóvenes desconocidos y grupos de poder al margen de los partidos (o de niveles inferiores en su interior), a excepción de Andrés Zaldívar, Osvaldo Andrade e Isidro Solís, instalaron el malestar burocrático que ha dominado toda la gestión del actual gobierno, ya al momento mismo de la designación de su primer gabinete.
La capitanía de este nuevo esquema ha sido endilgada al Ministerio de Hacienda, y al poder del grupo Expansiva en el Gobierno, fuertemente combatidas en los círculos oficialistas. Pero detrás de ellos es indudable que está la Presidenta.
No ha sido la acción de la oposición la que ha instalado la sensación de un gobierno sin experiencia y poco tacto político, sino los propios militantes de la Concertación, quienes no trepidan en señalar al estilo Bachelet como la causa principal de muchos problemas. Prueba de ello, sostienen, es la cultura centrífuga actual del oficialismo, cuyo primer resultado fue la pérdida de la mayoría parlamentaria y ahora el lío judicial entre Codelco y la Dirección del Trabajo por la subcontratación.
Más allá de este debate sobre estilos y liderazgos, el actual es, además, el gobierno más breve de los últimos años. No solo en términos temporales sino también políticos, pues desde el momento mismo de su instalación debió soportar una carrera presidencial larvada que implicó un menosprecio de lo que podía lograr e hizo madurar tempranamente el síndrome del "pato cojo". Demostrando, de paso, que las viejas cohesiones hoy son discutibles.
Todo ello, con una compleja agenda social y política entre manos.
Esta agenda, para todos los efectos prácticos, será la misma durante el año 2008, con el agregado de las elecciones municipales, que la torna más difícil. Estuvo dominada por el salario ético y la subcontratación; la alta conflictividad social y violencia de una cultura marginal urbana, que lamentablemente ha terminado siendo tratada como un tema de seguridad; la reforma para una educación de calidad; la reforma previsional; la mejora en la calidad del Plan AUGE; y el grave problema del transporte público en la ciudad de Santiago.
Es efectivo que en cada uno de estos temas el gobierno ha ido sorteando los escollos coyunturales, sobre todo con el expediente de las comisiones asesoras presidenciales y los grandes acuerdos nacionales. Pero estos son sólo doctrina si no van acompañados de soluciones prácticas y acuerdos legislativos. Y en este campo, nada augura que el 2008 sea más fácil. Por el contrario, además de darles un contenido más explícito, el Ejecutivo tendrá que salir a buscar los votos que requiere para transformarlos en políticas reales.
