Si se compara la responsabilidad legal de los alcaldes con las de los parlamentarios estos últimos son completamente irresponsables, pese a que ganan diez veces más, y son diez veces más volátiles en sus contribuciones al gobierno de la sociedad.
La máxima de Maquiavello de que para el Príncipe es mejor ser temido que amado no sirve en materia municipal. Para un alcalde lo más importante es que la gente lo quiera y lo estime un hombre honesto, trabajador y buen administrador. Si no, no lo votan, sino que lo botan.
Tal situación viene a confirmar la extrema asimetría en el funcionamiento de nuestro régimen político. Porque no existe un personero más expuesto, en términos de responsabilidad política, que los alcaldes. Tienen un parlamento (el Concejo) que los obliga y controla, y que normalmente trata de entorpecerlo, pues detrás de cada concejal hay un aspirante a sucederle en la alcaldía, incluso en su propio partido.
Deben, además, someter sus decisiones a un escrutinio público de manera permanente, en sesiones de Concejo abiertas a la participación ciudadana, donde estos llegan a plantear sus demandas y quejas, a veces con bastante brusquedad.
Son el blanco predilecto de los controles de legalidad de la Contraloría General de la República, y de las críticas de los medios de comunicación cuando andan a la caza de la corrupción. El parasitismo parlamentario se carga sobre sus hombros sin que jamás los parlamentarios del distrito les devuelvan la mano. Al contrario, viven temiendo que les quiten sus diputaciones o senaturías. Si hubiera Alcalde Mayor en el Santiago Metropolitano, habría de hecho un presidente en las sombras.
Cualquiera dice cualquier cosa de los municipios o alcaldes y todos las creen. Es casi gratis crearles una imagen oscura, de gestores atrabiliarios. Casi nunca hay que rectificar los dichos o pedir disculpas. Si los escándalos del jarrón de la CORFO, la mesa de futuros de CODELCO, las casas COPEVA, los pinocheques, VALMOVAL, o el caso de las armas a Croacia se hubieran producido en un municipio, los alcaldes ya no existirían. Como ocurrieron en otra parte, lo que se requiere es solo una reforma del Estado y mayor transparencia.
Los vertederos clandestinos de basuras, el daño ambiental o el vaciado ilegal de líquidos peligrosos a ríos, lagos o simplemente alcantarillas es, generalmente obra del sector moderno y honesto de la sociedad. La mayoría de las veces empresas respetables, incluso públicas, que lavan su imagen con promesas y un llamado a la responsabilidad social, que para ellos se agota en la donación de un par de computadores a un colegio.
No existe un poder político más tenso, expuesto y solitario en el espectro nacional. Y al mismo tiempo más cotidiano e importante para los ciudadanos. Con muy poco dinero – y sin instrumentos ni económicos ni tributarios para generarlo- deben administrar la base de la salud y la educación nacional, recoger la basura, mantener las áreas verdes y operar los múltiples planes sociales. Hacer cultura y política de barrio y ahora, según la derecha, seguridad ciudadana, vigilancia urbana y quizás cuantas cosas más.
Si se compara la responsabilidad legal de los alcaldes con las de los parlamentarios estos últimos son completamente irresponsables, pese a que ganan diez veces más, y son diez veces más volátiles en sus contribuciones al gobierno de la sociedad.
Tal situación parece muy injusta, pues en esencia, los grandes movilizadores de adhesiones ciudadanas, además de los presidentes de la república, son los alcaldes. Son ellos los que le permiten al Ejecutivo, en un Estado consociativo como el chileno, ejercer el gobierno con la gente. Y llevan un enorme peso en la estabilidad de la democracia.
Ellos ejercen el micro poder administrativo del Estado, en cientos de miles de transacciones cotidianas. Desde un farol en la calle hasta las bujías de una ambulancia, pasando por la salud total y la educación total de un importante número de ciudadanos, todas sometidas a un estricto control de legalidad.
Es verdad que hay frescolines y corruptos, pero proporcionalmente no más que en el resto de la administración del Estado o las empresas privadas, y por cierto mucho más eficientes que cualquiera de ellos, dadas las alternativas de su ejercicio político.
La República Oligárquica chilena, embriagada de combates imaginarios por el poder, ha olvidado esta dimensión de la representación ciudadana y el poder político. Los analistas hacen proyecciones de voto presidencial con el voto municipal, olvidando el carácter particular de cada elección y la velocidad en el cambio de los escenarios. Peor aún si la tendencia nacional es a la volatilidad electoral, tal como señalan las encuestas.
En las comunas la gente mayoritariamente vota por los buenos, sean de derecha, centro o izquierda. El arroz graneado lo pone la política nacional, aunque muchos candidatos a alcalde no quieran darse cuenta. O al revés, quizás por eso mismo no dicen a que partido pertenecen. A mi juicio esto último es un error, porque si la gente los aprecia y no les teme, vota por ellos.
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+ Santiago Escobar es abogado, cientista político y analista de seguridad y defensa.
