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Desinformación Coordinada

por 20 noviembre, 2008

¿Es tan cierto lo que afirma el duopolio, vocero oficioso del Instituto Libertad? La verdad es que el estudio de Duval confunde deliberadamente las ONG con todo el "sector sin fines de lucro" del país. Por este motivo se deducen las enormes cifras de recursos públicos a las que ...

Por Álvaro Ramis*

Sabemos que el duopolio periodístico COPESA – El Mercurio compite por lectores y por avisaje publicitario. Pero si analizamos sus contenidos, es sorprendente la coordinación temática que llegan a alcanzar. Un ejemplo ilustrativo aconteció el martes 12 de noviembre pasado. El Mercurio editorializó bajo el título "Recursos públicos y ONG" y por su parte La Tercera presentó ese mismo día una columna de Tomás Duval, investigador del Instituto Libertad, sobre el financiamiento estatal a las ONG. ¿Coincidencia?

Esta sugerente sincronía no se debe a efectos telepáticos ni a espionajes secretos. Simplemente es el efecto de la influencia directa de ciertos think tank sobre los consejos editoriales y comités de redacción de estos periódicos. En este caso, la preocupación del Instituto Libertad recae en la tramitación de la Ley de participación ciudadana, que contempla la institucionalización del Fondo de fortalecimiento de la sociedad civil. Se trata de una iniciativa largamente demandada por las organizaciones sociales del país y que constituye casi la única fuente de recursos públicos que permite financiar actividades de juntas de vecinos, asociaciones y grupos de interés de la sociedad. Dineros, en todo caso,  limitadísimos y sometidos a enormes controles de parte del Estado.

Ante la posibilidad de que esta nueva institución entre a funcionar de modo pleno, el Instituto Libertad desempolvó un estudio de Tomás Duval (Las ONG en Chile, 2007) que trata de hace ver que las transferencias del Estado hacia la sociedad civil "tienen una magnitud y diversidad considerables con respecto al contexto latinoamericano". Duval llega a afirmar que el Estado chileno financiaría el 46% del presupuesto de las ONG que trabajan en educación, desarrollo comunitario, política y servicios sociales, "lo que sitúa a las organizaciones sin fines de lucro en un dilema entre aparecer como meros agentes del Estado o bien actuar bajo su mandato original". Este análisis es el que utilizó tanto El Mercurio en su editorial como el mismo Duval en su artículo de La Tercera.

Junto con estas "alarmantes" cifras el Instituto Libertad siembra la hiedra de la sospecha sobre las transferencias de recursos, afirmado que muchos de esos fondos son entregados por vías demasiado blandas, sin rendiciones de cuentas acabadas. Exige convenios de desempeño y una fiscalización rigurosa.

¿Es tan cierto lo que afirma el duopolio, vocero oficioso del Instituto Libertad? La verdad es que el estudio de Duval confunde deliberadamente las ONG con todo el "sector sin fines de lucro" del país. Por este motivo se deducen las enormes cifras de recursos públicos a las que accederían las ONG. Se contabiliza en un solo bloque a  todas las instituciones que se declaran "sin fines de lucro" como los colegios y las escuelas subvencionadas, los clubes profesionales de fútbol y las universidades privadas, por sólo mencionar algunos casos. Por ese motivo el estudio llega a conclusiones absurdas, tales como asegurar que las ONG constituyen un sector con elevadas cifras de empleo y con un destacado porcentaje del PIB.

Gonzalo de la Maza, presidente del Consejo Nacional del Fondo para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil, comentó acertadamente la columna de La Tercera de la siguiente forma: "La principal entidad "no lucrativa" en el país son los colegios y escuelas subvencionadas pertenecientes a congregaciones religiosas u otras entidades. Efectivamente el Estado les transfiere grandes cantidades de recursos sin contratos de desempeño ni evaluación de su labor. En todo caso esa transferencia es sólo 1/3 de lo transferido a privados para educación básica y media. Los otros 2/3 son entidades lucrativas que actúan en el campo educativo, según los datos del estudio dirigido por Ignacio Irarrázaval. Las Fundaciones y Corporaciones registradas en el Ministerio de Justicia son menos de mil y las organizaciones sociales que son varias decenas de miles, son muy mayoritariamente voluntarias, de tal manera que las organizaciones civiles no son grandes generadoras de empleo, aunque sí demandan del trabajo generoso de muchos chilenos y chilenas. Por ello las conclusiones del columnista no se refieren a las ONG y son manifiestamente absurdas, pues una cosa es que el Estado haya privatizado gran parte de la ejecución de sus recursos –y no sólo a entidades sin fines de lucro- y otra muy distinta, es decir que "las ONG han capturado al Estado", sin aportar evidencia alguna al respecto".

Los montos de recursos que destina el Estado para actividades de ONG, juntas vecinales, y asociaciones ciudadanas en general, no sólo no han aumentado sino que han disminuido. Al inicio del gobierno de la presidenta Bachelet el Fondo de la sociedad civil contaba con 875 millones de pesos, los que se incrementaron a $ 1.250 millones en 2007. En 2008 el ejecutivo disminuyó el volumen  de recursos del Fondo a $ 1.162. El proyecto de ley de presupuesto de 2009 no se contempla aumento de este ítem, a pesar del compromiso presidencial adoptado en octubre de 2006 en orden a duplicar el Fondo para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil.

Cualquier organización que haya postulado a los recursos del Fondo de la sociedad civil se habrá dado cuenta que es un proceso riguroso, que contempla la evaluación externa de los proyectos y que opera a través de un Consejo Nacional y 15 Consejos Regionales con representación ampliamente mayoritaria de las organizaciones de la sociedad civil. Desde 2006 a la fecha el Fondo ha beneficiado a 899 organizaciones. Obviamente, se trata de una institucionalidad perfectible, y por ello la Asociación Chilena de ONG ACCIÓN, junto a la coalición de Organizaciones por la Participación Ciudadana, ha hecho múltiples observaciones críticas al proyecto de ley y ha propuesto cambios importantes, que en general coinciden con las sugerencias propuestas por los miembros del Consejo del Fondo, entre los cuales está José Miguel Izquierdo, quien también como Tomás Duval forma parte del Instituto Libertad.

Por este motivo llama la atención el afán premeditado de enrarecer el debate sobre el financiamiento público a la sociedad civil. Estas organizaciones sociales, no gubernamentales y de voluntariado, expresan en su diversidad una forma de ejercer la ciudadanía, que contribuye a mejorar el sistema democrático, volcando sus energías hacia las necesidades de la vida cotidiana de la comunidad, como el trabajo, la educación, las temáticas de género, infancia, discapacidad, pueblos indígenas, superación de la pobreza y la discriminación y muchas otras donde no llega o no es eficiente la acción o la mirada del Estado. Se trata de ciudadanía organizada que estudia, se capacita y difunde una amplia gama de derechos ciudadanos, que protege el medio ambiente y vela por el interés colectivo.

La riqueza de estas experiencias requiere que nuestro país implemente mecanismos públicos de financiamiento que garanticen su independencia, sustentabilidad y permitan su desarrollo organizacional. Para ello es vital trascender las precarias lógicas actuales, ligadas a la postulación a fondos concursables para proyectos de corto plazo, ámbito en el que muchas organizaciones ciudadanas han debido desenvolverse desde hace varias décadas.

*Álvaro Ramis es Presidente de la Asociación Chilena de ONGs ACCIÓN.

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