Para no incomodar a Paulmann, se ha instalado en Chile la falacia de que este megaproyecto inmobiliario está paralizado por la crisis financiera mundial, mito urbano que en las reuniones empresariales y en las actividades del gobierno muchos repiten como loros amaestrados.
Por Patricio Herman*
En la edición del sábado 22 de agosto pasado de La Tercera se publicó un reportaje denominado «Los cinco factores que monitorea Cencosud para reactivar Costanera Center», en el cual se informa a la opinión pública el statu quo de la situación desde el punto de vista del interesado. El principal subtítulo era «600 millones de dólares involucra la construcción del megaproyecto inmobiliario y comercial» y dentro de sus características se menciona «700 mil m2 de superficie construida, tendrá 4 torres, la mayor es la Torre Costanera, que será la más alta de Sudamérica con 300 metros de altura y la población flotante diaria del complejo comercial será de 50.000 personas».
Como no leímos nada acerca de lo resuelto hace 4 meses atrás por la autoridad competente (Seremi de Vivienda y Urbanismo), con la idea de que los lectores de ese medio dispusieran de toda la información relevante del paralizado megaproyecto, nos comunicamos el mismo día por teléfono con el editor del suplemento «Negocios»de ese periódico para ofrecerle copia de los documentos oficiales sobre la materia, los que acreditan una serie de vicios. Nuestro interlocutor nos contestó que un profesional de ese medio se iba a contactar con nosotros para conocer la documentación y publicarla. El lunes 24 de agosto reciente nos llamó una periodista a quien le entregamos la documentación más relevante, incluyendo la resolución del Seremi que describía todas las ilegalidades.
Y así fue como el martes 25 de agosto ese diario publicó la crónica «Contraloría inicia sumario en contra de Dirección de Obras de Providencia por permisos a Costanera Center», recogiendo lo resuelto al respecto por ese Seremi en ORD. Nº 1717 del 04/05/09, pero sin ahondar en otras situaciones irregulares porque posiblemente no había espacio para ello. Recordemos que, para no incomodar a Paulmann, se ha instalado en Chile la falacia de que este megaproyecto inmobiliario está paralizado por la crisis financiera mundial, mito urbano que en las reuniones empresariales y en las actividades del gobierno muchos repiten como loros amaestrados. Es más, en esa crónica se publicó que la resolución del Seremi era una mera crítica al proyecto (sic), con lo cual se pretendió bajarle el perfil a la realidad de los hechos.
La comunidad especializada y la prensa de negocios conocen muy bien ese documento oficial emitido por el Seremi de Vivienda y Urbanismo, respondiendo a la denuncia formulada por las organizaciones vecinales de Providencia y por nuestra Fundación y si aquellos han silenciado su contenido, por los motivos que sean, nosotros sí en esta oportunidad daremos a conocer algunas de sus conclusiones más determinantes. También la Cámara de la Construcción y las asociaciones empresariales inmobiliarias, renunciando a lo que se llama pomposamente «autorregulación del mercado» y «responsabilidad social empresarial» han mantenido un sepulcral silencio porque en Chile existe, por parte de la mayoría de sus líderes de opinión, una hipocresía institucionalizada.
Debemos tener en cuenta que los seremis, en asuntos técnicos, son los jefes directos de los directores de obras municipales y por ello los supervigilan y fiscalizan, interpretando las normas urbanísticas que se aplican en sus comunas. En definitiva, los seremis son quienes «cortan el queque» en la tarea de aplicar correctamente la norma urbanística y por ello tienen la obligación de impartir instrucciones a sus dependientes directores de obras municipales.
Vamos al grano:
Vía ORD. Nº 1080 del 17/03/09 ese seremi ratificó las denuncias ciudadanas en contra del muy mal otorgado permiso de edificación del 30/03/07 a Costanera Center y en ese documento se lo hizo saber al director de obras de Providencia. Le formuló reparos de orden técnico y administrativo e instruyó al funcionario municipal «para conformar el proyecto a la normativa vigente», lo que en lenguaje simple y entendible significa otorgar un nuevo permiso apegado a la ley, invalidando el anterior, lo que permite la Ley Nº 19.880 del Procedimiento Administrativo, por cuanto no habían transcurrido 2 años desde la fecha de emisión del permiso viciado.
El 01/04/09 el director de obras desestima la instrucción de su superior jerárquico y por lo tanto se declara en rebeldía. Entre otras cosas, se objetaban irregularidades en la forma para ir otorgando diferentes permisos a partir de uno inicial de agosto de 1991 (sic). Se habían otorgado 6 permisos posteriores, incluyendo anteproyectos, que involucraron incrementos de superficie, sin utilizarse los procedimientos establecidos en distintos artículos de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). El director de obras, en su defensa, hacía valer el hecho consumado relativo al avance del proyecto, infiriendo que ya era tarde para arreglar las cosas.
Otra garrafal equivocación que se cometió al autorizarse este proyecto tiene que ver con el cálculo de la rasante para determinar la altura de la «torre más alta de Sudamérica» emplazada en la esquina nor-oriente del terreno, es decir, donde se unen la Av. Andrés Bello y el canal San Carlos que colinda con la calle Tajamar. No sabemos qué martingala hizo el funcionario municipal para que los promotores del proyecto expresen que esta torre llegará a los 300 metros de altura con 70 pisos. Pero sí sabemos que eso es imposible, aplicándose correctamente la rasante desde el eje de la Avenida Andrés Bello y desde el deslinde del predio con la faja de protección del canal San Carlos. El seremi, procediendo bien, rechazó el criterio invocado por el director de obras.
Respecto de la insuficiente dotación de estacionamientos, el seremi le reprocha a su dependiente que éste no haya realizado el nuevo cálculo acorde a los parámetros entregados por el Minvu. Hay otras consideraciones que aburrirán a los lectores y por ello terminamos transcribiendo la conclusión dirigida al director de obras: «se constata no sólo, que las acciones tomadas por esa repartición resultan insuficientes para ajustar el proyecto Costanera Center S.A. a la normativa vigente, sino que además, se han desestimado las instrucciones impartidas…» y por ello el seremi pidió a la Contraloría General de la República la instrucción de un sumario administrativo.
Además de lo anterior, y dado que Costanera Center, tipificado por su carga de ocupación, como equipamiento mayor, no enfrenta una vía expresa, tal como lo obliga la regulación urbanística, el Minvu fue «buena persona » con Paulmann, al modificar recientemente la OGUC para que esa construcción fuera legal: ahora los equipamientos mayores pueden enfrentar tanto vías expresas como troncales.
La guinda de la torta es la pretensión del interesado para que el gobierno lo ayude a solventar los costos de las obras de mitigación vial consideradas en el Estudio elaborado por el Seremi de Transportes. Hemos escuchado a ciertos desubicados personeros de la Administración, quienes han estado de acuerdo con ese subsidio, pero por suerte también sabemos que el custodio máximo de las finanzas del Estado no ha autorizado ningún regalo para ese privado. Y si llegaran a pillar volando bajo a Andrés Velasco y éste autoriza un egreso de fondos públicos para Cencosud, lo más natural sería que el resto de los grandes proyectos inmobiliarios tuvieran el mismo trato preferente por parte del Estado. Así estaríamos en un acomodaticio ambiente de igualdad de oportunidades y condiciones para invertir en Chile.
Por ahora lo que está pendiente es la invalidación del permiso viciado y la emisión de uno nuevo acorde a la ley, lo que, en conjunto con las organizaciones vecinales de Providencia, estamos exigiendo desde hace tiempo a quienes detentan el poder.
*Patricio Herman, Fundación «Defendamos la Ciudad».
