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La institucionalidad ambiental que no nos merecemos

por 17 noviembre 2009

El Gobierno firmó un acuerdo político con los senadores Longueira (UDI), Allamand y Horvath (RN) por la Alianza, y el socialista Letelier y la democratacristiana Alvear por la Concertación, con la finalidad de apurar la tramitación de este proyecto de Ley, y que la presidenta Michelle Bachelet...

Por Paola Vasconi*

Valoramos de manera positiva la creación de la nueva institucionalidad ambiental, pues Chile requiere cuanto antes contar con un sistema institucional que le permita enfrentar los problemas ambientales actuales y los desafíos futuros, sobretodo considerando la condición de vulnerabilidad frente al cambio climático. Como organización ciudadana impulsora, promotora y seguidora de todo el proceso de tramitación del proyecto de ley que reforma la actual institucionalidad ambiental, creando el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Fiscalización, me permito, sin embargo, discrepar con la Ministra de Medio Ambiente en torno a que lo aprobado recientemente por el Parlamento es lo que Chile, chilenas y chilenos, nos merecemos en materia de institucionalidad ambiental.

Chile y sus ciudadanos pueden y deben aspirar a más. Partiendo por exigir a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, el cumplimiento de todos los compromisos en material ambiental de su Programa de Gobierno. Compromisos que favorecieron el apoyo de muchas organizaciones ciudadanas durante la elección del 2005, que la llevaron a la presidencia de nuestro país.

Son las mismas organizaciones que hoy se sienten decepcionadas por el actuar del Gobierno, representado por la Ministra de Medio Ambiente, en la tramitación de este proyecto de ley, que significó no aprovechar una oportunidad histórica para, junto con levantar la nueva y tan necesaria arquitectura institucional, se corrigieran, modificaran y llenaran los vacíos legales e institucionales que dejó la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, promulgada en 1994, y que durante 15 años se han reflejado en conflictos emblemáticos tales como: La Farfana, Pascua Lama, Celco-Valdivia, entre muchos otros.

La reforma a la institucionalidad ambiental nace fundamentalmente de una demanda ciudadana y de las organizaciones, demanda que fue acogida por la entonces candidata a la presidencia de la República Michelle Bachelet e incorporada a su programa de gobierno, y que constituyó como punto importante del Acuerdo Chagual suscrito con varias organizaciones ambientales.

Sin embargo y a diferencia de otras reformas impulsadas -Previsional, Ley de Educación, etc.- por el autodenominado Gobierno Ciudadano, la reforma a la institucionalidad ambiental no generó mesa de diálogo, comisión de reforma u otro espacio de participación y discusión similar, en el cual los distintos actores y sectores pudieran sentarse a conversar y discutir los términos de la reforma y el cumplimiento de los compromisos asumidos por la presidenta.

Este espacio sólo se dio después que el proyecto de ley ingresó al Parlamento, es decir, en junio del 2008, cuando el Ejecutivo ya había determinado cuál sería su camino. Sólo a partir de este momento los distintos actores y sectores conocimos cuales eran los términos y lineamientos de la reforma impulsada, que claramente no respondieron a muchas de las demandas históricas -generadoras de conflictos- de la ciudadanía. Afortunadamente, varias de ellas fueron incorporadas durante la discusión en la Cámara de Diputados, sobre todo las referidas a la participación ciudadana.  Sin embargo, el Gobierno firmó un acuerdo político con los senadores Longueira (UDI), Allamand y Horvath (RN) por la Alianza, y el socialista Letelier y la democratacristiana Alvear por la Concertación, con la finalidad de apurar la tramitación de este proyecto de Ley, y que la presidenta Michelle Bachelet pueda promulgarlo antes que finalice el mandato; esto literalmente cercenó muchas de las aspiraciones ciudadanas.

Lo más grave de esta negociación y tramitación apresurada, que permitió la aprobación de la propuesta legal en dos semanas -incluyendo su paso por dos comisiones en el Senado, y las salas plenarias de ambas cámaras-, significó la operación de una aplanadora ambiental, lo que impidió abordar en profundidad temas como la participación ciudadana, los conceptos y definiciones, la unicidad de los proyectos, la negociación incompatible durante la evaluación ambiental de proyectos, la posibilidad de contar con recursos técnicos para asesoría a las comunidades, la manera y el financiamiento con que deberán funcionar las nuevas unidades ambientales de los municipios, entre muchos otros aspectos.

La aprobación de este proyecto significará una pesada carga para el próximo gobierno, cualquiera sea su color político, pues deberá asumir los costos de haber aceptado una institucionalidad ambiental que tiene déficits importantes para resolver los problemas ambientales actuales y futuros del país.

*Paola Vasconi, Fundación Terram.

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