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El síndrome Kouchner

por 28 enero 2010

El síndrome Kouchner
Una cuestión enteramente distinta es la que tendría que ver con quienes estimen del caso darse vuelta la chaqueta o decir algo semejante a “Chile me llamó” para justificar su decisión de cruzar el río, chapoteando en el barro, para alcanzar o mantener una posición de relieve en el gobierno derechista. A ellos les estará reservado el juicio ciudadano condenatorio, y en una de esas, el de su propia conciencia frente a su acción innoble y oportunista.

Nicolás Sarkozy había ganado las elecciones presidenciales en Francia propinándole una derrota inapelable a la candidata socialista Ségolène Royale. Todavía no terminaban de disiparse los estrépitos de la batalla electoral, cuando el recién electo Presidente llamó a Bernard Kouchner para ofrecerle el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores.

El gesto fue inusitado, pues Kourchner, quien había comenzado su carrera política como militante comunista, era a la sazón una figura socialista de alto relieve, habiendo ejercido importantes cargos gubernamentales en dicha calidad.  Kouchner  sin embargo y contra toda suposición, aceptó de buen talante la oferta que le extendía el presidente centro-derechista,  lo que naturalmente desató las iras de sus camaradas, quienes no trepidaron en llamarlo traidor y procedieron a expulsarlo del PSF sin más trámite.

Kouchner,  que era y sigue siendo un personaje de característica elegancia y modales atildados, al ser consultado por las razones que había tenido en cuenta para aceptar la inusitada oferta laboral dejando de lado décadas de militancia en la izquierda y exponiéndose al escarnio de sus camaradas y amigos, pronunció entonces una frase lacónica que ha pasado a la historia como pieza de colección del transfuguismo: “Francia me llamó, no podía negarme”.

Es bien sabido y ampliamente reconocido, que los gobiernos de la Concertación, desde el primero hasta el último, se abstuvieron escrupulosamente de maltratar o expulsar funcionarios a causa de sus preferencias políticas.

La anécdota viene a cuento a propósito de la supuesta voluntad del Presidente electo para llamar a integrar a su gobierno en altas responsabilidades, incluido el nivel ministerial, a personeros de los partidos de la flamante oposición. Sebastián Piñera y sus allegados han hecho saber que dicho gesto de generosidad y apertura sería parte de sus anhelos por constituir una suerte de gobierno de unidad nacional, del tipo del que los países constituyen en tiempos de emergencia político-institucional muy grave y extendida.

En nuestro caso, sin embargo, y habida cuenta de la situación de perfecta normalidad imperante en Chile, y de las circunstancias de un  gobierno que emerge tras unas elecciones limpias y ordenadas, no se ve por ninguna parte cual sería la razón para dar semejante e innecesario paso. Salvo que se trate de un gesto demagógico, destinado estratégicamente a generar fisuras y conflictos en la vereda del frente.

Desafortunadamente, Chile carece todavía de un aparato público estable y profesional del tipo del que poseen buena parte de los países europeos y otros estados desarrollados, entre los cuales se encuentra como ejemplo paradigmático la propia Francia.

En nuestro país, pese a intentos parcialmente exitosos como el de la Alta Dirección Pública,  todavía tenemos un Estado que es percibido por las fuerzas políticas como botín de guerra. Es decir, como un aparato burocrático destinado a ser capturado por los vencedores y sujeto por lo mismo  a los vaivenes de la contingencia política. Y habría que agregar, que en el caso  de los últimos veinte años, y a falta de alternancia en el poder por decisión popular, el aparato gubernamental ha estado expuesto  a los ajustes periódicos derivados del  posicionamiento de mayor o menor privilegio de los respectivos partidos de la coalición gobernante, en el contexto general de la estructura de gobierno central, o de la repartición  pública de referencia. Eso que popularmente se conoce como cuoteo, pero que la tendencia criolla a no llamar las cosas por su nombre prefiere designar como equilibrios políticos.

Es por esta razón, que es de suponer que miles de funcionarios públicos de todos los niveles y a lo largo y ancho del país, miren con gran preocupación lo que ocurrirá con sus empleos y por añadidura, con el destino de sus familias a partir del 11 de marzo. Ahora que la UDI y RN, junto a otros convidados menores se aprestan a hacer lo que en los mentideros políticos se conoce popularmente como despostar el animal.

Es bien sabido y ampliamente reconocido, que los gobiernos de la Concertación, desde el primero hasta el último, se abstuvieron escrupulosamente de maltratar o expulsar funcionarios a causa de sus preferencias políticas. Evidentemente habrá quienes podrán levantar alguna objeción puntual a esta afirmación general, pero es un dato de la causa que por aquello que se daba en llamar la superioridad moral de la coalición gobernante y por genuino respeto a las personas y a su dignidad como empleados del Estado, por desidia, indiferencia, ingenuidad, por temor a la reacción de la derecha, o por cualquier otro motivo altruista o subalterno, el caso es que no está documentada ninguna política deliberada de desalojo contra funcionarios de oposición durante cuatro gobiernos consecutivos.

Más bien, hasta podría afirmarse lo contrario, pues son incontables los casos de funcionarios de filiación derechista que en lugar de ser expulsados o arrinconados, terminaron siendo promovidos, incluso hasta muy altas responsabilidades. No pocas veces, hay que reconocerlo, frente a la mirada reprobadora de los funcionarios más militantemente partidarios de los gobiernos de la Concertación.

Hay quienes hasta hoy recuerdan que con ocasión de la instalación del gobierno de don Patricio Aylwin, muchos funcionarios, especialmente de niveles intermedios, cuya adhesión activa  a la dictadura militar era muy conocida, daban como cierto que serían despedidos. Nada de ello ocurrió, salvo como es natural, en los niveles superiores de dirección, como los cargos de ministro, subsecretario, jefes de servicio, Intendentes, Seremis y otras altas autoridades en el nivel nacional y regional.

No ocurrió jamás, por ejemplo que muy bien conozco y me consta por los 17 años en que me desempeñe en el Ministerio de Relaciones Exteriores, repartición a la que acabo de renunciar como embajador,  con los funcionarios diplomáticos de carrera, incluidos los embajadores. Entre  los cuales y para su propia sorpresa según ellos mismos lo reconocen hidalgamente, un gran número fueron ascendidos a esas altas posiciones de exclusiva confianza presidencial, por los sucesivos  gobiernos de la Concertación. Ello, a pesar de que muchos de los catapultados a dicha privilegiada posición,  no habían ocultado nunca, o casi nunca, su condición de opositores.

En otros ámbitos, la norma general fue siempre la de respetar las posiciones de cada cual. Es por lo mismo que en todas las reparticiones públicas, sin excepción, se dio una convivencia normal y cooperativa entre partidarios y opositores al gobierno. Y es preciso reconocer que en la mayoría de los casos, los funcionarios de oposición actuaron con lealtad y responsabilidad frente a  sus superiores jerárquicos en el ejercicio de sus funciones, sin que esto implicara en modo alguno obligarlos a abdicar de sus convicciones y principios políticos.

Adicionalmente, hay que consignar que los sucesivos gobiernos de la Concertación  nunca adoptaron medidas destinadas a apernar en sus cargos a los funcionarios de su confianza política, como hubiese sido ingresarlos a las plantas de las respectivas reparticiones.  Prueba de ello es que la administración pública actualmente cuenta con un 50% de  funcionarios a honorarios, condición contractual precaria, y que ahora ofrece la posibilidad de un despido expedito, con el solo expediente de no renovar los contratos.

Sospecho que esta situación se convivencia ha llegado a su término. El tono beligerante de las nuevas autoridades así lo esta indicando. Me temo que la política de despidos calará hondo y tendrá visos de persecución y  venganza, yendo mucho más allá y más abajo que los así llamado cargos de confianza. Ámbito en donde es muy natural, legítimo y esperable que las nuevas autoridades designen a sus propios personeros.

Hay comprensible temor y ansiedad entre muchos funcionarios públicos. Un temor que hizo su aparición desde el mismo momento en que se percibió la posibilidad de que la Concertación perdiera el gobierno y que se hizo patente y generalizado el mismo día 17 de enero. Por demás, es muy probable que los mayores efectos de la razzia se experimenten a nivel de Gobiernos Regionales, si se tiene en cuenta la política de tierra  arrasada  que viene ejecutando la derecha con los funcionarios municipales, cada vez que logra conquistar un municipio.

Para ilustrar la diferencia entre lo que se ha hecho al respecto y en lo que todo indica que se hará a partir de marzo, es preciso preguntarse. ¿Temieron acaso por sus empleos los funcionarios públicos partidarios de la derecha ante la posibilidad de que Eduardo Frei ganara las elecciones? Con toda seguridad ello no ocurrió, como tampoco temieron cuando Eduardo Frei fue electo, ni cuando lo fue Ricardo Lagos ni Michelle Bachelet. Ello no ocurrió simplemente porque no existían razones fundadas ni precedentes.

Ahora que ha quedado patente que las elecciones se pueden ganar o perder, y si acaso efectivamente se desata una política de persecuciones, que más de alguno ha llamado de “limpieza étnica en el aparato público”, ocurrirá que en el futuro frente a cada elección presidencial el temor se haga carne en los funcionarios públicos, sean estos a su turno de derecha o centro izquierda.

No es lógico ni natural que las personas que han optado por servir al Estado se jueguen su destino laboral cada cuatro años. Ello es también malsano para el Estado, cuyas instituciones requieren elevar sus niveles de eficiencia y profesionalismo, una de cuyos requisitos esenciales  es precisamente la predictibilidad y estabilidad del desempeño funcionario.

Ante esta perspectiva, habrá quienes cruzarán atropelladamente el río, se verán obligados a hacer concesiones, aceptarán humillaciones o voluntariamente renegarán de su pasado político reciente, con tal de no perder el empleo.

Frente a los modestos militantes democratacristianos, socialistas, pepedes,  radicales o independientes que decidan y/o tengan oportunidad de mantenerse en sus puestos, habrá que asumir su muy respetable y comprensible derecho a preservar su fuente de subsistencia personal y familiar. Ellos no deberán ser denostados, por el contrario, deberán ser defendidos en sus inalienables derechos laborales, para impedir que sean avasallados.

Una cuestión enteramente distinta es la que tendría que ver con quienes estimen del caso darse vuelta la chaqueta o decir algo semejante a “Chile me llamó” para justificar su decisión de cruzar el río, chapoteando en el barro, para alcanzar o mantener una posición de relieve en el gobierno derechista. A ellos  les estará reservado el juicio ciudadano condenatorio,  y en una de esas, el de su propia conciencia frente a su acción innoble y oportunista.

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