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Despreciable transfuguismo

por 26 febrero 2010

Despreciable transfuguismo
La administración entrante aduce el “amor a Chile” para convocar a un supuesto “gobierno de unidad nacional”. Ahí se ve otra vez el jueguito de palabras para dar cabida a que los oportunistas del momento tengan de qué agarrarse para aparecer presentables y serios.

El 10 de marzo dejo mi puesto como presidenta de la Comisión Asesora Presidencial para la Protección de los Derechos de las Personas. Siempre supe que ese día dejaría mi cargo, no sólo porque es un puesto de confianza de la Presidenta de la República, de esos que llaman “puestos políticos”.Dejo el cargo, porque es lo que corresponde. Me honra hacerlo.

Las personas con vocación pública creemos en proyectos políticos, en el valor de la lealtad y por supuesto realzamos la importancia de la historia, allí donde otros aprovechan discursillos mediáticos del momento para encajar su nada disimulado oportunismo.

Hoy se ve, por ejemplo, que la expresión “gabinete técnico” se vuelve sustantiva en los diarios representantes de grandes intereses corporativos. “Gabinete técnico” aquí. “Gabinete técnico” allá. Se atribuye a las nuevas autoridades (cito textualmente al diario  El Mercurio) “sentido de grandeza, elevación de miras e independencia de criterios”, como si fueran de otro planeta y estuvieran dotadas de una naturaleza aséptica y sublime.

Las personas con vocación pública creemos en proyectos políticos, en el valor de la lealtad y por supuesto realzamos la importancia de la historia, allí donde otros aprovechan discursillos mediáticos del momento para encajar su nada disimulado oportunismo.

Ante esta extraña dinámica del discurso, parece necesario mostrar las credenciales propias: En mi caso, como es sabido, tengo dos carreras profesionales de la universidad que hoy concita el mayor número de ministros del nuevo gabinete designado y un magíster.

Luego, como abriendo espacio al transfuguismo, la administración entrante aduce el “amor a Chile” para convocar a un supuesto “gobierno de unidad nacional”. Ahí se ve otra vez el jueguito de palabras para dar cabida a que los oportunistas del momento tengan de qué agarrarse para aparecer presentables y serios. ¿Qué significa todo esto? Los diarios ensalzan a aquellos que ayer adherían al proyecto concertacionista porque ahora se requeriría una supuesta “unidad nacional”, y así no falta el que trafica su consistencia, que en realidad era puro espejismo:

"Estos son mis principios. Si a usted no le gustan, tengo otros”. El dicho acuñado por Groucho Marx está más vigente que nunca por estos días en Chile. Y es delirante. Y muestra la obscenidad de algunos.

Con toda honra les digo a ustedes que a mí me gustó mucho trabajar por Chile estos cuatro años junto a la Presidenta Michelle Bachelet  en un proyecto que compartía, donde la prioridad era mayor inclusión social, un Chile con mayor protección y justicia social para todos y todas. Un Chile menos discriminador, un Chile que asume la diversidad, un Chile que cree en la igualdad de oportunidades, en la equidad de género y en la corresponsabilidad de las familias.

Yo no trabajo en cualquier proyecto y bajo el mando de cualquier jefe.

Creo que efectivamente la oportunidad de trabajar en el servicio público es única. Es una forma de entregar lo que se ha aprendido y se va descubriendo en el camino para avanzar en mayor desarrollo y justicia, no sólo para que un empleador se enriquezca más, sino para que tú país, sus ciudadanos, tengan mayores oportunidades, más derechos y mejor calidad de vida. Eso sin duda no se encuentra en cualquier trabajo.

Como dijo Confucio: “En un país bien gobernado, debe inspirar vergüenza la pobreza. En un país mal gobernado, debe inspirar vergüenza la riqueza”.

Agradezco la confianza y la oportunidad de haber trabajado desde la campaña con la Presidenta Bachelet para luego aportar a su gobierno desde la Comisión Defensora Ciudadana; haber dirigido un equipo con todas las dificultades y aprendizajes que eso conlleva; haber podido conocer el funcionamiento de todas las reparticiones públicas y los principales problemas del Estado en la entrega de servicios y la efectividad de garantizar derechos hacia sus ciudadanos; y haber sugerido políticas concretas que pueden mejorar la calidad de vida de las personas. Me refiero al:

  • Proyecto que tipifica el “grooming” como delito; hoy en segundo trámite legislativo.
  • Necesario cambio en la política de licencias médicas y modernización de las COMPINES, que ha mostrado avances, pero que sin duda queda mucho por hacer.
  • Proyecto que pretende evitar la victimización secundaria en niños y niñas víctimas de delitos violentos.
  • La implementación del Ciudadano Incógnito en los servicios públicos, como una herramienta para mejorar la atención al usuario.
  • El desarrollo de la Encuesta Nacional de Derechos Ciudadanos, que permitió conocer la percepción de las personas en relación con la vulneración de derechos en los servicios públicos del país.
  • Necesario cambio en el currículum escolar, donde se incluya un curso en Derechos Humanos desde la infancia, que permita a los futuros ciudadanos conocer sus derechos y deberes y aportar así a la democratización del país.
  • Y formas de mejorar la política carcelaria, en pos de garantizar los derechos de las personas y su rehabilitación en el nuevo sistema de cárceles concesionadas.

Sin duda, la materia pendiente de la gestión es no haber logrado la tramitación final del proyecto que crea la Defensoría de las Personas en Chile, como un órgano autónomo y descentralizado, que vele por la promoción, defensa y protección de los derechos de las personas en los servicios públicos. Aunque al menos avanzamos en el primer trámite legislativo, el proyecto se encuentra en el Senado, en espera de la consecuencia de la clase política, que ha señalado en campaña que está de acuerdo con su aprobación.

Desde otros espacios seguiremos expectantes a su tramitación, porque estoy convencida que Chile necesita esta institucionalidad, que no sólo protege a las personas, sino que permite avanzar en democracia, en garantías de protección social y en la eficiencia del aparato público.

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