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De todas las violencias privadas a la violencia pública

por 27 abril 2010

La penalización del matonismo y la instalación de detectores de metales en los colegios puede disuadir la violencia en aquellas instalaciones, pero no previenen las causas que provocan esas conductas indeseadas o inaceptables.

En general, la violencia es una modalidad de resolución de conflictos que aparece cuando los diálogos, las negociaciones, los acuerdos y los pactos entre las partes constitutivas de una comunidad no logran acordar las maneras de representar y defender sus intereses, necesidades y deseos diferenciados entre ellas y eventualmente contradictorios. En lo específico, la violencia es el uso del dolor para doblegar la voluntad del otro, tanto para imponerle a la víctima los intereses del victimario, como también, para que la eventual víctima pueda disuadir o defenderse de tales imposiciones, lo cual es conocido como la “legítima defensa”.

Los sujetos, colectivos e individuales de una comunidad, se arman para defenderse cuando la violencia de hecho se ha instalado allí, esta es la violencia privada. La aparición y proliferación de las armas, también el supuesto o creencia que tal hecho está aconteciendo, en los colegios, las casas, los negocios, los lugares de trabajo, los estadios, las calles, etc. indica que allí la violencia se ha instalado como modalidad preferencial para la resolución de conflictos. Más aún, indica que las modalidades participativas, tolerantes, solidarias y democráticas de resolución de conflictos han sido superadas, suspendidas o suprimidas, como en el caso de los golpes de Estado.

La penalización del matonismo y la instalación de detectores de metales en los colegios puede disuadir la violencia en aquellas instalaciones, pero no previenen las causas que provocan esas conductas indeseadas o inaceptables.

La propuesta parlamentaria de sancionar el matonismo (matonaje no es español) – bullying-, por el diputado Marcelo Diaz (PS), la consulta municipal de instalar detectores de metales en los establecimientos educativos “conflictivos”, por la alcaldesa Carolina Plaza de Huechuraba (UDI), así como la fuga y recaptura del niño delincuente señalado como “Cisarro” han puesto en la pauta informativa el tema de la violencia, en particular la violencia escolar y juvenil.

El matonismo y el uso de armas en los establecimientos educativos son manifestaciones de la violencia escolar, como expresión particularizada de la violencia juvenil. La penalización del matonismo y la instalación de detectores de metales en los colegios puede disuadir la violencia en aquellas instalaciones, pero no previenen las causas que provocan esas conductas indeseadas o inaceptables.

La mayor legitimidad del uso de la violencia depende del menor prestigio de las formas no violentas de resolución de conflictos:

- La aplicación de la violencia legal en los colegios y otros espacios juveniles –estadios, carretes, calles, etc.- puede disuadir al empleo de la violencia ilegal por los jóvenes para expresarse –violencia simbólica- o  validar sus derechos o imponer sus intereses –violencia de hecho-,  pero en ningún caso puede prevenir el uso de la violencia.

La capacidad disuasiva de la violencia legítima para disuadir o controlar el empleo de la violencia ilegítima depende tanto de la disposición de medios para ejercer aquella plenamente, como de la voluntad resuelta de usarla - “la mano dura”-.

- El uso de la violencia legítima, o la amenaza de su empleo, no previene la violencia ilegítima porque no resuelve las causas que la motivan, es decir, la incapacidad de resolver los conflictos mediante las negociaciones, los acuerdos y los pactos, sólo la instauración e institucionalización de esos procedimientos para resolver conflictos previenen el uso de la violencia para hacerlo.

La reducción de la violencia escolar al “bullying” es una forma ineficiente de escamotear el problema ya que pretende explicar el fenómeno colectivo de la violencia mediante la conducta inaceptable de un solo individuo, aparentemente su denominación en inglés pretende darle una mayor legitimidad “científica”.

En la institución educativa las violencias son múltiples, de los docentes en contra de los escolares,  lindando siempre entre los legítimo y lo ilegítimo; de los escolares contra los docentes, siempre ilegítima; de los escolares entre ellos, también ilegítima; de los tenedores y administradores, de los padres, etc.

Que la participación deliberativa, resolutiva y vinculante de los diversos sujetos que componen la institución educativa en los asuntos que le conciernen  tiene un rol determinante en cuanto al mayor o menor empleo de la violencia en la resolución de sus conflictos ha tenido su manifestación empírica en los siguientes hechos: según el Ministerio del Interior entre los años 2005 y 2007 la violencia escolar disminuyó en un 42%. El único evento masivo y puntual que afectó a la institución educativa en ese período fue la “marcha de los pingüinos”, que para ellos los estudiantes fue un hecho muy participativo, deliberativo y resolutivo. Eso sí, no tuvo un carácter vinculante ni para las autoridades educativas ni para el Parlamento.

La experiencia internacional nos enseña que los intentos de controlar las conductas juveniles inapropiadas, inaceptables o delictivas que hacen uso de la violencia mediante legítimas formas de violencia simbólica y medidas penales violentas conduce a una escalada que concluye en la “marización” – de maras no de María- de los jóvenes en situaciones de conflicto, como formas de organización y autodefensa frente a las agresiones simbólicas y de hecho de la sociedad mayor constituida por el Estado, los adultos, la familia, la prensa, las instituciones educativas, las policías, el sistema penal, el sistema penitenciario, etc.

La “marización” de los jóvenes en problemas –“en situación de riesgo”- es el costo previsible del mal manejo de este asunto mediante el uso de la violencia legítima.

La fuga del niño Cristóbal, alias “Cisarro”, de un centro de Sename y su recaptura, le permitió al doctor Rodrigo Paz, su ex médico tratante por un “síndrome de desregulación emocional severa”, solicitar la reapertura de la unidad de corta estadía psiquiátrica del Hospital Calvo Mackenna donde aquel estaba internado, de allí dopados por los efectos de la clozapina nadie se había fugado.

Psiquiatrizar los problemas de seguridad ciudadana es otra manera de escamotear este asunto público, lo cual no excluye que algunos de sus actores tengan problemas de salud mental y necesiten la atención pertinente.

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