La solicitud de información se refiere a un sector de la administración pública – la Defensa- caracterizado por procedimientos poco transparentes. Donde predominan el secreto sobre hechos que poco o nada tienen que ver con la natural reserva de los asuntos militares. Y que en su mayoría se adscriben a situaciones de privilegios corporativos que, precisamente, la autoridad civil debe corregir.
No se sabe qué es más grave para la salud de la República, si el comentario soez del ministro de Defensa sobre el valor de un puente, o su intento posterior de banalizar sus dichos como “conversación entre amigos”. Cuando lo hizo no estaba en un picnic sino compareciendo a una instancia de control legislativo. Y aunque lo que dijo fue fuera de la formalidad del procedimiento, el contenido se refería a la proba administración de su ministerio, respecto del cual se espera coherencia y respeto de su parte por ser asunto de Estado.
Las normas sobre probidad y transparencia se establecen de manera ineludible y clara en la propia Constitución de la República. Por lo tanto, la exigencia de publicidad en la compra del puente mecano, reiterada por el Consejo para la Transparencia pese a los fundamentos de reserva argumentados por el ministro, tiene una fuerza doctrinaria y legal que no se puede ignorar.
Existen también consideraciones adicionales. La solicitud de información se refiere a un sector de la administración pública – la Defensa- caracterizado por procedimientos poco transparentes. Donde predominan el secreto sobre hechos que poco o nada tienen que ver con la natural reserva de los asuntos militares. Y que en su mayoría se adscriben a situaciones de privilegios corporativos que, precisamente, la autoridad civil debe corregir.
[cita]Más nerd resulta aún pensar que un híbrido legal como la Ley Reservada del Cobre es normal en un sistema democrático, y capaz de sostener el secreto como regla de un gobierno, rodeado de incredulidad ciudadana.[/cita]
La compra en el pasado de muebles y otros artefactos como pertrechos militares por parte de la FACH es prueba de ello. También lo son los viajes de militares al exterior con señoras y cargo al Presupuesto de la institución sin control, y la enorme cantidad de privilegios corporativos como los hoteles y clubes privados consignados en un Turistel militar. Toda información respecto de ello entra en la categoría de información reservada.
La baja transparencia de los procedimientos del sector ha hecho que adquisiciones que sí son de carácter militar y sobre las que se requiere reserva, terminen siendo investigadas por tribunales extranjeros en relación al pago de comisiones ilegales. Como seguramente habrá aprendido el ministro en su doble paso por el ministerio de Defensa, nada más opaco y complejo que el abastecimiento de pertrechos militares.
La solicitud de información hecha por un proveedor más barato, que sostiene se habría pagado un sobreprecio de U$2 millones, activó el principio constitucional de transparencia, mecanismo sustancial en los gobiernos modernos.
Tal principio, como ocurrió ahora, a veces colisiona con otro principio constitucional que es el de la reserva de los hechos que afectan la seguridad nacional. Ello solo puede ser compatibilizado con el buen juicio y criterio políticos. Exactamente lo que no ha tenido el ministro Jaime Ravinet.
Si bien el Consejo para la Transparencia, tal como dice el ministro no tiene competencia para juzgar qué es de “importancia estratégica o militar”, está claro que quienes la tienen son las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa. Y si el ministro dice que “el puente vale callampa”, “y que lo podría contar todo” quiere decir que ha estado jugando con las instituciones y principios constitucionales quizá por qué oculta razón.
A juzgar por su empecinamiento y carencia de finura política, y de acuerdo a sus dichos “de amiguis”, el ministro no defiende la compra, sino un privilegio de no informar. Lo que es muy mala señal para la ciudadanía en un gobierno de empresarios. Menos aún si se tiene que tragar el cuento de que la Seguridad Nacional se ve afectada por el precio de un puente mecano sobre el río Bío Bío.
Más nerd resulta aún pensar que un híbrido legal como la Ley Reservada del Cobre es normal en un sistema democrático, y capaz de sostener el secreto como regla de un gobierno, rodeado de incredulidad ciudadana. Para informarse debieran revisar el informe “Presupuesto en Chile” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, del año 2004. En él se destacan las virtudes de la administración financiera del Estado chileno, con la salvedad del régimen presupuestario militar al que califica como “altamente inapropiado”.
