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Mejor educación, mejor ciudad

por 27 octubre 2011

Repetir esta alta exigencia de calidad de la educación, distribución de la equidad, en la salud y en los centros de trabajo y servicios, implica una ciudad más accesible, equitativa y donde las oportunidades son más accesibles para todos. Para ello es necesaria la presencia de un Estado planificador, que regule el bien común y fiscalice el cumplimiento, reemplazando los intereses particulares que han regido un ineficiente mercado que supuestamente debía de auto-regularse.

De un modo u otro, cuando comparamos nuestra calidad de vida urbana con la de otras ciudades del primer mundo, notamos diferencias y brechas de diversa índole. Además del llamativo cuidado de los edificios con su entorno, del resguardo del patrimonio o la calidad de los espacios públicos, nos sorprende ver el cuidadoso diseño de conjunto que coexiste con sistemas de transporte público puntuales y multimodales, con tranvías, trenes, bicicletas y paseos peatonales que parecen funcionar de un modo cercano a la perfección.

Pero, más allá de edificios y servicios públicos eficientes, ¿Qué hay detrás de la ciudad material que habitamos, que tenga que ver  con la calidad de la educación en Chile y sus efectos sobre la calidad de vida urbana?

Además de los efectos posibles de civilidad, masa crítica y opinión pública propositiva, un servicio educacional homogéneo y bien localizado en el territorio, implica que con relativa cercanía a la vivienda se cuente con un derecho constitucional de calidad garantizada. Esta condición de distribución territorial garantiza la llegada a los ciudadanos y puede ser complementada con una accesibilidad mejorada a través del transporte público, servicio que amplifica la cobertura e incentiva la sana y necesaria competencia, que evita los monopolios.

Repetir esta alta exigencia de calidad de la educación, distribución de la equidad, en la salud y en los centros de trabajo y servicios, implica una ciudad más accesible, equitativa y donde las oportunidades son más accesibles para todos. Para ello es necesaria la presencia de un Estado planificador, que regule el bien común y fiscalice el cumplimiento, reemplazando los intereses particulares que han regido un ineficiente mercado que supuestamente debía de auto-regularse.

Simulando que en el mediano plazo logramos cumplir con las demandas ciudadanas de hoy, podemos considerar algunos efectos inmediatos en la calidad de vida de los habitantes:

1. Disminución de viajes.

Independiente de que los centros educativos sean administrados localmente o centralizados, el hecho de que se distribuyan por el territorio mejora la sustentabilidad de la ciudad en toda su extensión, permitiendo la liberación de vías y disminución de trayectos, con  beneficios en la economía, la salud y el medioambiente.

2. Menos contaminación.

Recuperar la alternativa de que el viaje de ida y vuelta se realice peatonalmente o en otros medios distintos al automóvil, implica disminuir la contaminación del aire y la congestión de las calles, mejorando la salud física y mental de los ciudadanos.

3. Más tiempo libre.

El hecho de disminuir los tiempos de viaje, libera espacios del día disponibles para la recreación o las relaciones inter-personales, después de la producción laboral, fomentando el uso de espacios públicos y la cohesión ciudadana.

4. Recursos liberados.

Aunque lograr una educación de calidad implique el aumento de impuestos a empresas o personas, cual sea el caso, lograr una buena educación pública y accesible generará una liberación de recursos que beneficiará el presupuesto familiar de modo de redireccionar esos recursos hacia otras tareas de mayor urgencia, incluso de aumentar el estándar de vida.

5. Mejoramiento de barrios.

Por lo demás, en una mirada a mediano o largo plazo, el emplazamiento de un buen centro educativo puede volcarse en plusvalías insospechadas, para el mismo edificio como su entorno, incendiando tanto la asociatividad como la inversión social o inmobiliaria.

Repetir esta alta exigencia de calidad de la educación, distribución de la equidad, en la salud y en los centros de trabajo y servicios, implica una ciudad más accesible, equitativa y donde las oportunidades son más accesibles para todos. Para ello es necesaria la presencia de un Estado planificador, que regule el bien común y fiscalice el cumplimiento, reemplazando los intereses particulares que han regido un ineficiente mercado que supuestamente debía de auto-regularse. Ante este escenario de un Estado que cumple con la dotación de derechos ciudadanos, se evidencia una mejora tan sustancial de la calidad de vida urbana, que releva a un plano complementario los aportes que el diseño urbano y de proyectos de arquitectura pueden sumar en este sentido.

Sin olvidar que levantar un castillo de naipes tarda infinitamente más que desmoronarlo, nuestro trabajo por la mejor ciudad no sólo debe implicar manifestar nuestra queja, sino que en lo posible aportar en los caminos y procesos que faciliten la llegada a un acuerdo, única manera efectiva de una sociedad integrada en su propia construcción, cuya conformación no traerá otra cosa que mejores espacios de encuentro y desarrollo. En definitiva, la sociedad bien educada, concertada en lograr mejores condiciones de vida en un entorno que refleje sus logros y satisfacciones.

En definitiva, la ventaja de contar con ciudadanos más capacitados, satisfechos del cumplimiento de un derecho constitucional que demuestra un gran acuerdo colectivo, individuos que merecidamente reciben los frutos de su esfuerzo, todos antecedentes del verdadero progreso y superación de esa pobreza material y conceptual del superable subdesarrollo.

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