Después del gabinete: ¿más de lo mismo o nuevo ciclo institucional?

Si bien la conformación del gabinete concentró toda la atención de la prensa durante el último mes y dio pábulo a las más diversas interpretaciones sobre su composición –sin pasar por alto el hermetismo extravagante de la Presidenta, que merece un análisis aparte–, y la doble disputa, primero, entre los partidos de la Nueva Mayoría por hegemonizar el ejecutivo y, luego, entre estos y el entorno más próximo de la mandataria, que en todo momento se mantuvo fiel al instructivo presidencial de silencio y absoluta adhesión. En definitiva, con la difusión pública de su primer gabinete los días y semanas de incógnita e incertidumbre quedarán en el pasado y sólo resta hacer el saldo de los vencedores y vencidos en este mes de intrigas, filtraciones, obediencia debida y aplicación de las tesis darwinianas en calle Tegualda. ¿Qué viene ahora? Marcar el paso, componer acuerdos de circunstancia con los poderes fácticos externos e internos a su coalición o dar un giro sustantivo en el descompuesto modelo institucional que fue pactado a comienzos de la transición y que ya no da cuenta de las nuevas realidades.

La Presidenta tuvo un mérito enorme de romper con la agotada Concertación y armar una nueva coalición que incluyera hasta el PC. En la conformación del gabinete quedará expresada en parte esa nueva arquitectura política y sería interesante, ahora, para ser coherentes con la remozada coalición, que la Nueva Mayoría (NM), encabezada por ella, se atreva a sentar las bases de un nuevo ciclo que rompa con la institucionalidad actual carcomida por los intereses corporativos, las corruptelas y la mala política. En ese sentido cobra más vigencia que nunca el llamado a una Asamblea Constituyente con los parámetros que ya comentamos anteriormente: con elección de constituyentes especialmente mandatados para tal propósito y con prohibición de aportes de dinero en las campañas por parte de las empresas. Que se rompa el círculo maligno entre dinero y política y que esta última, de una vez por todas, tenga un financiamiento público transparente.

Si bien está instalada la idea en la NM sobre la urgencia de remozar el marco institucional, cuya principal arista es reformar la Constitución, ello no es suficiente y ya diversos sectores políticos –Ossandón en la derecha, por ejemplo–,  empresariales –el mismo Fantuzzi–, incluso la propia jerarquía eclesiástica, han tomado conciencia sobre la magnitud de la crisis por la que atravesamos y lo cierto es que no se avanza mucho, pese a los síntomas manifiestos de descomposición del modelo instalado en los años 90 y que refuerzan la urgencia por pactar un nuevo ciclo, no sólo político sino también institucional.

[cita]Una sociedad que empieza a mostrar síntomas de descomposición por arriba –mal diagnóstico sobre la realidad y disminución de la eficacia y legitimidad de la política democrática producto de que la elite  habita sólo en “las alturas”, con una endogeneización persistente y una subordinación grave a los poderes económicos– y también por abajo –microtráfico, trabajos precarios, menoscabo de derechos de las mujeres–, es el caldo de cultivo para la anomia social, cuya principal manifestación es la escasa creencia en la esfera pública como mecanismo de resolución de los problemas. Su síntoma más evidente es la abstención electoral, que se expresa en la frase “¿para qué voy a ir a votar si al final igual mañana tengo que ir a trabajar?”.[/cita]

Diversos hechos acaecidos recientemente reiteran ese diagnóstico. Así, por ejemplo, en el territorio se hace cada vez más evidente el encuentro entre actores políticos y microtraficantes. Y hay conciencia de que a nivel local, y en especial en comunas vulnerables, cada vez más y con mayor frecuencia se encuentran en el territorio actores municipales y redes de traficantes que, se sospecha, colaboran con los ediles –vehículos y choferes–, en particular cuando se trata de elecciones primarias o abiertas, transportando vecinos a votar. También la semana pasada y a raíz de la crisis mapuche, el ministro Andrés Chadwick hizo declaraciones que fueron una abierta intromisión a las decisiones de los jueces, quienes insisten en que no hay pruebas suficientes para encarcelar, pero el secretario de Estado reitera que parece que basta su palabra para someter a prisión a sospechosos en la conflictiva Araucanía.

También hace sólo unos días nos sorprendió la declaración del juez Fernando Guzmán, que investiga el caso de corrupción policial y narcotráfico, quien hizo una dura crítica a la nula colaboración de la PDI y de Carabineros en la investigación: “El Ministerio Público no contó con la colaboración de la PDI. Desde luego, no contó con la contribución significativa de Carabineros de Chile, que perdió los audios (escuchas telefónicas), y que está por verse si lo hizo intencionalmente o no», fueron las fuertes palabras que empleó el representante de la justicia para evidenciar su molestia. Para qué hablar de los parlamentarios brokers, que desnaturalizan todas las funciones de los gobiernos en regiones y en particular del intendente, generando una red clientelar que vive de “su influencia” y de los votos que estos actores pactan con La Moneda para mantener su cuota de poder territorial, distorsionando cualquier institucionalidad descentralizadora.

Es evidente que las regiones requieren una mayor autonomía política. Los municipios no dan el ancho para eso y sólo los gobiernos regionales están en condiciones de encabezar procesos de mayor autonomía, con cesión de competencias que no sean las de dimensión nacional –policía, relaciones internacionales, etc.–. Para qué repetir las referencias a la crisis en educación, salud o las pensiones sobre las que tanto se ha hablado y que son la prueba más sintomática de la descomposición del modelo institucional pactado a comienzo de los 90.

Una sociedad que empieza a mostrar síntomas de descomposición por arriba –mal diagnóstico sobre la realidad y disminución de la eficacia y legitimidad de la política democrática producto de que la elite  habita sólo en “las alturas”, con una endogeneización persistente y una subordinación grave a los poderes económicos– y también por abajo –microtráfico, trabajos precarios, menoscabo de derechos de las mujeres–, es el caldo de cultivo para la anomia social, cuya principal manifestación es la escasa creencia en la esfera pública como mecanismo de resolución de los problemas. Su síntoma más evidente es la abstención electoral, que se expresa en la frase “¿para qué voy a ir a votar si al final igual mañana tengo que ir a trabajar?”.

La Asamblea Constituyente puede resultar un buen mecanismo para oxigenar nuestro derruido cuerpo social en tanto culmine en un nuevo paisaje territorial, en un Estado de bienestar que garantice los derechos más elementales –educación, vivienda y equipamientos urbanos, salud, pensiones, ingresos básicos–. Chile no tendrá ese panorama si no hay un esfuerzo significativo del nuevo gobierno por cambiar la manera de hacer las cosas. Seguramente la Presidenta tiene claro el desafío al cual se enfrenta: ¿más de lo mismo o nuevo ciclo institucional?

Porque ella más que nadie es consciente de que, si no se realizan estos emprendimientos, el nuevo ciclo político inaugurado el año pasado se extenderá a lo más por seis meses y su coalición se tornará conflictiva e inconsistente. Se acabará entonces la Nueva Mayoría como apoyo eficaz, la derecha en tanto continuará hecha pedazos y la sociedad chilena hará aún más explícita su anomia. Seguramente no es lo que desea la Presidenta electa, en particular, cuando recién tenga nominado a su gabinete. Pero desde que aterrizó en El Bosque, en marzo pasado, ya ha transcurrido casi un año. El tiempo es implacable y no debe desaprovecharse.